El caso penal por La Línea está entrado a su parte final de etapa intermedia con la audiencia que el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar lleva a cabo este lunes. y durante la que corresponde el turno al abogado César Saúl Calderón de León que realiza la defensa técnica del expresidente Otto Fernando Pérez Molina, quien por la tarde probablemente intervenga para defenderse personalmente.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) reiteró la solicitud a la autoridad contralora del expediente, para que el exmandatario enfrente juicio oral y público por asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera, delitos que le atribuye haber cometido en su inconcluso mandato entre el 14 de enero de 2012 y el 2 de septiembre 2015 cuando renunció al cargo.

En una investigación adelantada por el Ministerio Público (MP) y la CICIG que implica a más de 30 personas entre exfuncionarios del régimen patriota y particulares, según se indicó, la fase intermedia podría concluir entre hoy y mañana dependiendo de la extensión de tiempo que Calderón y luego su cliente utilicen en la presentación de pruebas de descargo ante el Juez B de Mayor Riesgo.

Entre los señalados por la fiscalía general y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala a través de Thelma Esperanza Aldana Hernández e Iván Velásquez Gómez, respectivamente, se encuentran la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, varios exministros de  Estado, exempleados administrativos de menor jerarquía así como algunos empresarios.

El abogado, entre otros aspectos, ha puntualizado que su defendido no cometió defraudación aduanera por cuanto –en contraposición a la acusación del MP y la CICIG que hoy intenta demeritar de nuevo incluso rechazando que Pérez era el cabecilla principal del presunto grupo delictivo– si eran pagados los impuestos de importación de productos o artículos.

Asimismo y en referencia a las comunicaciones grabadas por los investigadores al exmandatario, Calderón de León sostiene en su alocución que no pueden ser utilizadas en el proceso porque en ese momento gozaba de antejuicio e inmunidad que el puesto le otorgaba, por lo cual “no es solo cuestión de interceptar llamadas” dado que “hay principio de especialidad” que entonces fue violado.