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Nacionales

Juez recomienda no retirar la inmunidad a exdirectivos del Congreso


El mismo togado integró el pleno de la CSJ el pasado martes y votó a favor de no tramitar ninguno de los tres antejuicios presentados en contra el mandatario Jimmy Morales.

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Gustavo Dubón, presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, recomendó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no es necesario retirarle la inmunidad al exdiputado Luis Armando Rabbé Tejada, al igual que a los que integraron la Junta Directiva del Congreso de la República durante el periodo 2015, junto al señalado.

Dubón consideró en su informe de los resultados de las pesquisas que dirigió, que el hecho denunciado no es motivo para una investigación: “Estimo que en el presente caso no existen hechos relevantes que deberían ser investigados. El haber aprobado esos contratos fuera del plazo de diez días, raya en una acción eminentemente administrativa y la sanción se deberá imponer en base al Artículo 82 de la Ley de Contrataciones del Estado”, concluyó el togado.

El magistrado aclaró que la recomendación que da en su informe de pesquisas “no es vinculante”, por lo que la CSJ tendrá la última palabra en decidir si le retira nuevamente la inmunidad a Rabbé, quien fue señalado junto a los diputados Arístides Crespo, Manuel García Chutá, Carlos López y César Fajardo.

El origen de esa denuncia

La solicitud de antejuicio presentada por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) el año pasado, se deriva de un hallazgo que hizo la Contraloría General de Cuentas (CGC) durante la presidencia de Rabbé. El ente contralor determinó que durante ese lapso de tiempo, la Junta Directiva del Congreso no aprobó dentro del plazo establecido, la validez de 180 contratos pertenecientes al renglón 029.

Según Dubón, en el mismo informe de la CGC se plantea la solución del problema: “Dentro de las pesquisas obra un informe del Contralor, Carlos Mencos, de fecha 10 de julio de 2017, en el que dice que el procedimiento de contratar no corresponde a la Junta Directiva. Es una acción administrativa que a tenor del Artículo 82 de la Ley de Contrataciones del Estado, cualquier incumplimiento administrativo se debe enmarcar en una acción pecuniaria, es decir, multar al responsable”, finalizó.

Uno de los fiscales a cargo del proceso indicó que ese antejuicio es independiente al que se presentó por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), por un caso de Plazas Fantasma, por lo tanto, son dos procesos diferentes y no existe una doble persecución por el mismo hecho.

Precedente

Para el abogado Sergio Méndez, el actuar de la CSJ ante la recomendación del juez pesquisidor, marcará un precedente, porque está demostrado en otro caso, que Rabbé y su Junta Directiva incurrieron en contrataciones ilicitas durante su gestión. “Si unos ya están procesados por plazas fantasma, y Rabbé es prófugo por ese delito, es porque sí hubo una ilegalidad en esas contrataciones. Será de esperar cuál será el actuar de los magistrados”.

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