Desde tiempos ancestrales, la corrupción y la impunidad han sido la constante en Guatemala. La era democrática no ha sido la excepción. Gobierno que salía, se reservaba la Contraloría de Cuentas –generalmente el Director Técnico del Presupuesto pasaba a Contralor de Cuentas, y ni modo que se iba a contar las costillas a sí mismo– el Ministerio Público y la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, todo, para evitar riesgos de persecución penal una vez en la llanura.

De esa manera, la corrupción y los actos criminales del gobierno que entregaba el poder quedaban blindados con un grueso manto de impunidad.

Arzú, siendo presidente, dio un salto cualitativo: instaló un Ministerio Público paralelo, con más peso y poder que el propio Ministerio Público, para desviar investigaciones criminales y evitar que los autores intelectuales y materiales de terrorismo de Estado, corrupción, abusos y excesos de poder, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, beneficios del contrabando, narcotráfico, tráfico ilícito de armas y de personas, así como el despojo de bienes del Estado y de particulares, estuvieran expuestos a enfrentar la justicia.

Uno de esos casos, fue el de Tito Ordóñez Porta, quien, por el “delito” de competir en la producción de asfalto, fue secuestrado, le cortaron sus 20 dedos de pies y manos, y fue salvajemente degollado, y sus despojos fueron tirados en un pozo aparentemente sin fondo. Aún, el general Espinosa, jefe de Estado Mayor Presidencial de Arzú y más tarde, su flamante ministro de la Defensa, tiene un juicio abierto por este caso atroz e infame.

Este MP paralelo fue conocido con el nombre de La Oficinita y era dirigido, con el aval del presidente Arzú, por Luis Mendizábal, más conocido como Tío Güicho, un experimentado paramilitar, que desde tiempos del general Romeo Lucas García trabajó de la mano con Valiente Téllez, Pedro Arredondo, Byron Barrientos, Fernández Ligorría, bajo las instrucciones de Montalbán, Sánchez Gudiel, Chupina y Donaldo Álvarez Ruiz.

Más tarde, el Tío Güicho Mendizábal, socio de la Boutique Emilio –aunque, por cierto, Emilio, su socio, desapareció sospechosamente del mapa–, fue un conocido golpista y llegó a ser un prominente miembro de La Cofradía, también llamada Grupo Salvavidas, Red Moreno y, más recientemente, La Línea, que más bien son muchas “Líneas” que, en su mayoría, siguen trabajando a todo vapor.

El asesinato salvaje de Tito Ordóñez Porta, nos hizo concluir, a Mario Fuentes Destarac y a mí, que, para combatir y erradicar la corrupción y la impunidad, era vital una entidad parecida a la Oficinita como la del Tío Güicho, pero para  hacer el bien.

Es decir, Arzú y La Oficinita del mentado Tío Güicho Mendizábal fueron, paradójicamente, para nosotros, las musas de la institución que hoy conocemos como la CICIG.

En el año 2002 intelectuales y académicos, entre ellos Edgar Gutiérrez, José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, conceptualizaron y diseñaron una instancia de trabajo multinacional, única y sin precedentes en el mundo, contra la corrupción y la impunidad, al que llamaron CICIACS, con el propósito central de desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos incrustados en puestos estratégicos del Estado, como las unidades de inteligencia y operaciones de las fuerzas de seguridad del Estado, las aduanas, migración y otras, desde donde se pusieron al servicio del crimen organizado, fundamentalmente del narcotráfico. Posteriormente lograron el apoyo de Dan Fisk, etiquetado como neoconservador de línea dura, entonces consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca del presidente George W. Bush.

Cuando Guatemala fue descertificada por los vínculos evidentes con esas mafias del pillo de Alfonso Portillo y del FRG, Edgar Gutiérrez encontró una ventana para impulsar la CICIACS en las Naciones Unidas, con la invaluable gestión de uno de los guatemaltecos más prestigiados en el mundo, el embajador Gert Rosenthal, que logró el apoyo de la Asamblea General. A inicios de enero de 2004, Gutiérrez firmó el Acuerdo con el subsecretario de Asuntos Políticos de la ONU, pero por el inminente cambio de gobierno ya no tuvo el tiempo para explicar los alcances de ese Acuerdo en el Congreso de Guatemala y otras instancias pertinentes.

En el proyecto de gobierno de Óscar Berger, con el apoyo de Roberto González Díaz-Durán, Mario Fuentes Destarac, Jorge Briz y entre otros personajes clave, logramos que una CICIG, basada en una versión más moderada de la CICIACS original, fuera un compromiso en la hoja de ruta del nuevo Presidente. Por encargo de Óscar Berger, Mario Fuentes Destarac afinó el Acuerdo de la CICIG y sugirió que se volviera a enviar a la Corte de Constitucionalidad (que rechazó el proyecto de la CICIACS), de suerte que guardara consistencia con la Constitución Política de la República.

Finalmente, el vicepresidente Eduardo Stein, excanciller de Arzú, realizó un trabajo extraordinario de persuasión para que la ONU aceptara, avalara y apoyara el financiamiento de países amigos de la CICIG en Guatemala, una instancia única en el mundo, para fortalecer la justicia, combatir y erradicar la corrupción y la impunidad, diseñada esencialmente por guatemaltecos, a pedido de un Gobierno legítimo de orientación ideológica de derecha y ratificado por los tres gobiernos democráticos que le sucedieron.

No es una paradoja, ni una contradicción, que un modelo único, admirado a escala global, diseñado y pedido por guatemaltecos, por cierto integrantes de dos gobiernos consecutivos de derecha, que ha mostrado una eficacia inusitada, pero sobre todo, inspirado en buena medida en Álvaro Arzú y en Luis el Tío Güicho Mendizábal y su trabajo en la famosa Oficinita, sean hoy día sus principales enemigos y críticos y quienes quieren expulsarla a velocidad de vértigo, antes de caer inevitablemente en el encierro sin luz, por una buena temporada. Ni siquiera Arzú, liderando a la cleptocracia y al poder paralelo, sobre todo el del narcotráfico podrán evitar que el sol se detenga.

Mientras en Guatemala se argumenta que el combate a la corrupción es persecución política de la izquierda, en Brasil, el corrupto Lula Da Silva dice que la persecución a la que está sometido es realizada por la derecha. Los gobernantes pillos, sean de izquierda o de la derecha, siempre le buscarán tres pies al gato, dándole un tinte de persecución política, asustando con el petate de golpes de Estado “blandos” de gobiernos extranjeros e incitando los ánimos nacionalistas, frente a lo que es, pura y llanamente, persecución y desmantelamiento de la cleptocracia que ha desangrado nuestros países, robando vacunas a quien lo necesita y birlando oportunidades de educación a la gente marginada.