En octubre de 2016, Alejandra Reyes se acercó al Ministerio Público (MP) con una oferta: revelar los secretos del padre de sus hijos, el recluso Byron Lima Oliva. Su relato aportó pistas para ahondar en los negocios ilícitos que su pareja dirigía en presidios y permitió abrir una nueva línea de investigación, la cual toca al alcalde Álvaro Arzú.

Reyes también entregó su teléfono celular a los investigadores con información valiosa sobre el caso.

Ayer al atardecer, el MP presentó una solicitud de antejuicio contra el alcalde capitalino por la posibilidad de haber incurrido en peculado, según explicó la fiscal general, Thelma Aldana, ante la presunta sustracción de fondos públicos para financiar su campaña para la reelección de 2015, abanderado por el Partido Unionista.

El Alcalde escuchó la noticia en directo, en voz del jefe de la CICIG, durante la conferencia de prensa en la que se presentaron detalles del caso La Caja de Pandora.

Arzú ingresó a la sala de prensa cuando el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, explicaba cómo la Cooperativa Torre Fuerte –dirigida por Lima Oliva– suministró diversidad de artículos promocionales para la campaña de los unionistas, los cuales se pagaron con fondos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU). La Fiscal General fue la que autorizó su ingreso.

Las gabachas, mantas vinílicas y otros implementos estampados con la leyenda “Arzú en Acción”, entre otros, eran requeridos por la trabajadora municipal Zorayda Herincx directamente a Alejandra Reyes o a Luis Lima (hermano de Byron), detalló Velásquez. Así lo evidencian los documentos secuestrados en la cooperativa, escuchas telefónicas y la declaración en calidad de anticipo de prueba ofrecida por Reyes, prosiguió.

En una comunicación entre Herincx y Lima, de mayo de 2014, ella menciona a Arzú y el tema de bolsas solidarias y bolsas de estudio, de acuerdo con los datos presentados en la conferencia.

Thelma Aldana, jefa del Ministerio Público, e Iván Velásquez, titular de la CICIG, proporcionaron datos de las ilegalidades cometidas desde la comuna capitalina.

Un cuadro en formato Excel, bajo el encabezado “Cuenta corriente del cliente Municipalidad de Guatemala/Zoraida, Del 1 de abril al 18 de junio de 2014”, detalla los pedidos de gabachas, bolsas ecológicas, pelotas, mochilas y otros artículos, valorados en “Q429 mil 831”.

El pago se efectuaba mediante la facturación por servicios no prestados, con cargo al FAPU. Para esto, presentaban facturas en blanco suministradas por el hermano, el papá y una cuñada de Alejandra Reyes; el estilista del salón que ella gerenciaba, así como de otras tres personas.

Los pagos eran autorizados por Luisa María Salas, la directora del FAPU y actual síndico primero de la comuna. Salas y Herincx fueron detenidas ayer junto a otras 11 personas señaladas por asociación ilícita y peculado por sustracción, entre otros delitos.

Financiamiento electoral ilícito

Torre Fuerte también maquiló artículos promocionales para otros partidos de la Alianza Unionista –Creo, Todos, Victoria y Gana–, pagados por la comuna, según la presentación. “El MP y la CICIG llevamos investigaciones de financiamiento electoral ilícitos, entonces vamos a utilizar esta información para aquellos otros casos”, precisó Aldana al ser consultada sobre la vinculación de los dirigentes de dichas organizaciones.

Posteriormente, Velásquez reveló que la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del Municipio de Guatemala (Emetra) concedió tres plazas fantasma, a favor de Alejandra Reyes y la madre de esta, Elizabeth Ochoa. La tercera fue asignada a Andrea Monzón Ramos, viuda de Obdulio Villanueva, que, junto a Lima, formó parte del esquema de seguridad de Arzú, cuando fue presidente.

“Por varios años, la forma de pago fue a través de la entrega a mi persona de los cheques en Emetra. Yo firmaba de recibido y los cobrábamos en Banrural de San Cristóbal, pero años después me pidieron que abriera una cuenta bancaria en Banrural”, declaró Reyes ante la judicatura.

“A mí me quitaron la plaza en febrero de 2013, cuando a Byron lo agarraron en la calle, y a mi mamá se la quitaron cuando me involucraron en el caso de los traslados, donde me fui presa, en septiembre de 2014”, dijo Reyes, según el MP.

Al final de la enumeración de hechos e indicios, Velásquez dirigió la mirada hacia el sitio donde Arzú aguardaba, de pie, y anunció sobre el antejuicio que se presentaría en su contra.

Reyes, colaboradora eficaz en el caso, salió del país bajo coordinación del MP para resguardar su vida, confirmó la Fiscal General. “Ella se encuentra segura, fuera de Guatemala”, puntualizó Aldana.

El Ministerio Público y la CICIG allanaron ayer las oficinas de la Municipalidad de Guatemala para secuestrar documentación.

MP busca investigar a Álvaro Arzú por dos delitos

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron la solicitud para retirarle la inmunidad al alcalde de Guatemala, Álvaro Arzú, por peculado por sustracción y financiamiento electoral ilícito.  Los fiscales buscan realizar una investigación en contra de Arzú por la existencia de indicios de haber incurrido en financiamiento electoral ilícito.

A las 18:00 horas, los fiscales se presentaron a la Torre de Tribunales para solicitar el retiro de la inmunidad al jefe edil. Según la fiscal general, Thelma Aldana, y el comisionado Iván Velásquez, Arzú habría pagado con fondos públicos el financiamiento de su campaña con el Partido Unionista. Los pagos habrían sido realizados a la Cooperativa Torre Fuerte, empresa de Byron Lima, y las facturas por esos servicios fueron alteradas.

La investigación preliminar detalló que esa empresa habría organizado talleres de capacitación para afiliar votantes del Partido Unionista, pero que los pagos habrían sido realizados con fondos de la comuna.

Además, señalaron al Alcalde de haber otorgado dos plazas a familiares de Lima en las instalaciones de la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra), pero ellos no se presentaron a trabajar. Las familiares contaron con el trabajo en Emetra desde 2007 hasta 2014, cuando se destapó el caso de corrupción en el Sistema Penitenciario. -R. RÍOS.

Vínculos del pasado

Los nexos entre Álvaro Arzú y Byron Lima se remontan a 1996, cuando el último formaba parte de su guardia presidencial. En aquel año, Lima y Obdulio Villanueva reaccionaron ante un supuesto ataque de un lechero, que fue abatido a balazos y por cuyo asesinato fue condenado Villanueva. Dos años más tarde, fue asesinado el obispo Juan Gerardi, un crimen por el que Lima y Villanueva fueron condenados. Entonces, Arzú rechazó los señalamientos y disolvió la comisión que investigaba el asesinato del obispo.

“A mí me quitaron la plaza en febrero de 2013, cuando a Byron lo agarraron en la calle, y a mi mamá se la quitaron cuando me involucraron en el caso de los traslados”.

Alejandra Reyes, colaboradora eficaz y exconviviente de Byron Lima.