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Nacionales

Interponen nuevo amparo contra el Congreso y presidente Morales


Abogado Alfonso Carrillo destaca importancia de que sea otorgado por la CC , porque funcionaría como protección para que los diputados no aprueben leyes que favorezcan la impunidad y la corrupción ni el mandatario las presente como iniciativas.

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Ante la posibilidad de que el pleno del Congreso de la República siga aprobando reformas o leyes que puedan vulnerar el desempeño del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el abogado Alfonso Carrillo presentó una nueva acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Asimismo, el recurso incluye un apartado en el que se advierte la amenaza de que el presidente Jimmy Morales pueda presentar iniciativas de ley que tengan la misma finalidad.

En opinión del profesional, estas acciones son una protección ante medidas que no solo “serían nefastas para los intereses de la nación y de sus habitantes, sino porque además la mayoría de diputados al Congreso y el mismo Presidente de la República tienen conflicto de interés, por estar relacionados con procesos penales promovidos por el MP y la CICIG”.

Carrillo detalla artículos que estarían amenazados de no otorgarse el amparo:

–       Artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala que reconoce el Derecho a la protección de la persona y a la realización del bien común como finalidad de la organización del Estado de Guatemala.

–       Artículos 2, 3, 4 y 5 de la Constitución que reconocen el derecho de todo habitante de la República a que el Estado de Guatemala garantice la vida, la libertad personal y de acción, la justicia, la seguridad, la paz, la igualdad y el desarrollo integral de la persona.

 –       Artículos 44 y 46 de la Constitución y la totalidad de los artículos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, del cual Guatemala es parte y que reconocen que todo habitante de la República tiene derecho a que el Estado adopte medidas que tengan por finalidad el cumplimiento del mandato de progresividad de los derechos reconocidos en el precitado Pacto, por cuanto cualquier medida que implique una regresión de dicho mandato, es inconstitucional. 

–       Artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que reconoce el Derecho a contar con funcionarios que actúen con sujeción a la ley, en el entendido de que solo pueden hacer lo que expresamente la ley les permite. 

–       Inciso b) del Artículo 18 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos que prohíbe el uso del cargo público en beneficio personal, y Artículos 122 y 123 de la Ley del Organismo Judicial que regulan causales de inhibición con aplicación general.

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