¿Qué es la cooptación del Estado?
Desde hace un tiempo para acá, en varios países se ha venido observando crecientemente en la institucionalidad, especialmente del Estado pero también la privada, cómo se han reproducido fenómenos en los cuales, esa institucionalidad se pone en función de intereses privados -algunas veces legales o supuestamente legales, pero con frecuencia ilegales- antes que los públicos. Se ha avanzado desde un proceso de captura del Estado de la institucionalidad que consiste que agentes ilegales o legales usufructúan su poder de coacción, intimidación, persuasión, político, económico, social y cultural, que funcionarios de esa institucionalidad emitan normas a favor de intereses o actores en particular. Eso se llama captura del Estado, que desde afuera, se actúa con influencia a los funcionarios del Estado. Sin embargo, a medida que el proceso se profundiza, resulta ser que agentes en el mismo Estado o en la misma institucionalidad privada, desde dentro, establecen compromisos o acuerdos con agentes legales, ilegales o incluso criminales, fuera del Estado o la institucionalidad para hacer favores a intereses tanto de funcionarios dentro de la institucionalidad como de los agentes fuera de la institucionalidad, ya sea legales o criminales. Es una relación de doble vía entre parcelas de funcionarios en la institucionalidad con intereses externos, legales o criminales.
¿Ilegales o legales? ¿No necesariamente son nexos con delincuentes?
En la medida que el proceso es mucho más profundo, esta tramitación de dádivas, favores y de aprovechamiento de intereses se da con actores o agentes supuestamente legales, es decir, que no se pueden catalogar como ilegales o criminales de tiempo completo, sino más bien unos agentes que tienen una función institucional legal, que ejercen funciones legales pero que contravienen principios de la institucionalidad y actúan de una manera que genera actos ilegales que favorecen a unos y perjudican a otros. Entonces la institucionalidad público o privada es aprovechada para usufructo de intereses particulares, en contra del colectivo.
¿Qué tipo de intereses se pueden poner en privilegio del colectivo?
Comerciales, empresariales, políticos, económicos, a veces militares, por encima del interés general. Por medios que a veces tienen apariencia de legalidad y otras, son abiertamente ilícitos. El tema es tratar de comprender qué papel tienen los agentes institucionales involucrados, qué medios institucionales se utilizaron y los propósitos para los que son utilizados.
¿Son las campañas políticas un medio para la tramitación de dádivas?
Uno de los grandes problemas que tenemos en estas democracias imperfectas, es que se ha reproducido una práctica social que va muy incrustada dentro de una raíz de la estructura social de países como los nuestros -que son países con una desigualdad social política y económica muy fuerte, excluyente, porque se excluye de las decisiones a parcelas muy grandes de la población-. Aprovechando esa estructura desequilibrada, la política se ha ejercido a través del clientelismo, es decir, que se hace campaña para ofrecer unos favores a sus votantes, que en realidad no deben corresponder como favores, sino como derechos que tienen de la acción estatal. En ese proceso electoral clientelar, la población no escoge necesariamente al mejor candidato ni al que tiene las mejores propuestas, sino candidatos que le puedan ayudar a solventar intereses privados, exclusivos. En esta distorsión de la práctica política en la democracia, se desarrolla una práctica social, que es la tramitación de favores de una manera no transparente y eso va creando un campo propicio a que se utilicen medios ilegales en esa tramitación de intereses. Se empieza a permear la posibilidad de que esa manera de darme intereses no necesariamente es transparente, ni estrictamente legal ni especialmente legítima, y eso va creando una flexibilidad en el juicio moral sobre las acciones que van desarrollando los candidatos y, ulteriormente, funcionarios. Se empieza esa flexibilidad, esa complicidad de tramitación de intereses de una manera no transparente y no necesariamente democrática, acorde con el interés colectivo.
¿De qué va la flexibilidad moral y en qué medida afecta a la sociedad?
Esa flexibilidad moral hace evidentemente que se propicien espacios para ir profundizando en la ilegalidad, en la ilicitud y tiene el perjuicio social, que, en la medida que se avanza en esa ilicitud la sociedad en su conjunto va perdiendo, primero control sobre la utilización de lo público sobre la tramitación de los intereses sociales colectivos y se está auspiciando y favoreciendo la concentración de poder en unos pocos, que crecientemente van actuando con métodos y medios que no necesariamente son los democráticos ni los institucionalmente legales. En la medida que se va enquistando en la sociedad, las instituciones se están viendo capturadas por este tipo de agentes con esas conductas, donde hay una flexibilidad moral sobre la utilización de lo público. Ahí se da lugar la captura del estado.
¿En qué papel queda un grupo de diputados que procura impunidad a algunos que ya tienen señalamientos?
Ese es un caso típico de cooptación del Estado: los diputados han sido electos democráticamente, formalmente, pero las prácticas mediante las cuales pudieron llegar no eran las más legítimas, necesariamente, pero que una vez llegan a la función pública aplican esas prácticas para favorecer intereses propios y de terceros, que pueden ser partidistas, de políticos o de terceros económicos o de otra índole. Legales, pero también incluso, criminales. En Colombia, durante la legislatura 2002-2006, el 37 por ciento de congresistas tenía pactos y compromisos escritos con el narcoparamilitarismo, que era toda la criminalidad organizada. Una vez que fueron electos, buscaron impulsar reformas, leyes y medidas que favorecían a sus financistas, copartidarios y no a la sociedad en general. El caso de la semana pasada, es uno, pero no tan profundo como el colombiano, porque en este se ve que han actuado para favorecer sus intereses de partido. Cuando se tiene conflicto de interés y se legisla a su favor para eximirse de posibles conflictos o penalidades futuras, pues obviamente es un acto ilícito o por lo menos, ilegítimo democráticamente.
¿Estos diputados son en sí mismos un CIACS o un nexo de esos grupos?
No conozco el caso en detalle, pero vaya saber si responden a intereses político-económicos más grandes que les interesa mantener y reproducir el statu quo de esta cooptación institucional, porque toman provecho de ésta y que cualquier cambio a un escenario más democrático podría afectarlos seriamente a sus propios intereses.
La cooptación en Colombia fue más profunda y sin embargo no provocó una movilización tan fuerte como en Guatemala ¿Cómo incide esa variable?
El narcoparamilitarismo se enfrentó con mucha eficacia y compromiso de parte de la Corte Suprema de Justicia y con un respaldo de todas las altas cortes. La justicia como aparato de Estado fue, como un bloque hegemónico, a buscar desmantelar y penalizar el narcoparamilitarismo en el Congreso y toda la estructuración. Eso fue una característica clave. A diferencia de eso, no hubo una movilización popular de indignación porque el gobierno de turno, de Álvaro Uribe, no ejerció una decidida lucha contra el paramilitarismo y fue muy crítico de los magistrados. Acá, una de las tensiones es que tanto el aparato de justicia está independiente de la presidencia, hay una separación de poderes suficientemente taxativa; segundo, si el sistema de justicia es suficientemente sólido para poder comprometerse y abordar eficazmente en el juzgamiento de casos de cooptación del Estado desde una perspectiva sistémica, no individual, sino el sistema; y tercero, si tiene todos los elementos e instrumentos para poder abordar ese juzgamiento. En Guatemala uno encuentra que el sistema tiene serios problemas y debilidades, aunque hay progresos.
Hay actores, más no es un sistema.
Hay grupos donde están comprometidos y avanzando, pero como sistema aún es muy deficiente. A diferencia de Colombia, ha habido una mayor conciencia y movilización temporal, no permanente, de indignación, llamémoslo así, sobre la cooptación. Pero va más ligada a la asociación de corrupción que cooptación, porque es un proceso más estructural y enquistado, no casuístico. Aquí tuvimos el caso de Alfonso Portillo, luego el gobierno anterior y el actual. Son procesos que no son inconexos sino que se muestran unas dinámicas de unas elites políticas e institucionales que tiene unas prácticas de favorecimiento de intereses que ya son unas estructuras que son las que hay que cambiar, no solo a los personajes sino a las prácticas sociales. Esto no es un mero caso de corrupción, es una endemia, una práctica social por parte de ciertos grupos de las elites políticas e incluso privadas, que tienen que ser cambiadas para poder transformar el sistema. Un paso es el juzgamiento, pero es una parte.
La movilización de la gente es un paso esencial. La concienciación de la gente alrededor de estos fenómenos de ilicitud, ilegalidad, corrupción, pero ya no casuales sino sistémicos y de las cúpulas de poder, necesitan o requieren que haya una legitimación política de las organizaciones para poder hacer una transición que lleve al cambio, porque no basta solo cambiar con las figuras si las prácticas sociales siguen igual. Repetimos el fenómeno. La movilización es clave, tienen un gran reto, pero también una gran oportunidad. El reto es que la movilización se pueda traducir en generar condiciones para hacer una transición, para lograr avanzar hacia un cambio. En Guatemala encontramos que hay cierto vacío de legitimidad en ciertas élites políticas tradicionales ¿cierto? Ese vacío supone un riesgo y una oportunidad: ¿cómo llenar ese vacío de legitimidad para crear condiciones hace un cambio? No es a través de la política tradicional. Estas movilizaciones deben, ojalá, tener la oportunidad de liderazgos representativos para poder hacer un proceso deliberativo de transición. Evidentemente se requiere hacer cambios profundos, no solo de personas, de procesos, reformas institucionales.
¿La depuración es un método?
La pregunta es cómo llenamos de contenido…
Quedan los suplentes electos bajo el mismo sistema…
Depende de la gravedad de la crisis política eventual que se diera, hay una urgencia y una necesidad de que haya un proceso, lo más democrático participativo posible, de identificación de liderazgos para la discusión programática de reformas, del sistema electoral y de la justicia. Cambios, incluso en la educación, en muchos ámbitos, pero hay que escoger los puntos centrales para esa transición. Si hay un vacío grande y una crisis profunda, no se puede caer en el inmediatismo de que sólo cambiando figuras se solucionan los problemas porque hay raíces estructurales que hay que abordar y transformar. La legitimidad de los partidos se ha perdido. Hay que buscar formas muy ambiciosas, pero importantes, de transformación, de búsqueda de nuevos liderazgos de representación, que no necesariamente tiene que estar tramitada por los partidos tradicionales. Entonces, hay casos, como en Perú, con la caída de Fujimori, que creó un vacío político. Había un exmagistrado de Corte que le dio garantías a muchos intereses y lo definieron como un presidente de transición para que en un plazo de seis meses o lo que sea, se instale un debate para corregir o subsanar las falencias y problemas previos, que no se repitan y avanzar hacia un estado de derecho y democracia, y hubo unas reformas sustantivas. Tarde que temprano habrá que hacer algo, unas elecciones o un gobierno de transición.
Se esperaba que este fuera un gobierno de transición.
No surtió efecto porque se trabajó con los mismos partidos, las mismas prácticas. Así no iba a funcionar.
¿Cómo se identifica a un líder representativo?
Eso es lo complejo, porque son procesos sociales. Lo que está claro es que se requiere amplia participación de sectores sociales, liderazgo de elites no comprometidas y una pluralidad y respeto a ésta, para extraer un calendario programático de reformas y de cambios que haya que hacer, que tienen que ser sometidos a consulta de la población, llámese una constituyente.
Este tipo de manifestaciones son uno de los componentes de ese proceso, pero con solo manifestarse, no cambia, pone acicate, pone frenos, hace censura, puede propiciar que haya cambios, que caigan funcionarios, que caigan electos. Si bien es un paso, no es suficiente, sino hacer los cambios para evitar que estos procesos sigan su curso. Lo cierto es que se están agotando las vías de seguir en el mismo camino, porque también eso termina socavando principios básicos de civilidad y de vida en sociedad, y hay que evitar que eso se profundice. Guatemala está en un momento muy decisivo. No hay una cartilla con los pasos a seguir, porque hay muy pocas experiencias similares.
¿Cómo valora que los mismos diputados dieran marcha atrás?
La reacción popular, en tiempo real, fue contundente. Y eso nos avisa de que hay una conciencia de que ciertas cosas no son permisibles.
Los diputados notaron esa reacción y dieron marcha atrás, no así el jefe del Ejecutivo.
Yo pienso que se empieza a ver un vacío de legitimidad muy fuerte en la cúpula del Estado. Y no solo de este presidente, viene de los casos anteriores.
Y esa percepción es la que tienen muchos ciudadanos “lo mismo hicieron todos”…
La omisión ciudadana, favorece la ilicitud y la ilegitimidad. Si todos los ciudadanos veláramos por los derechos de todos y no permitiéramos a través de nuestro accionar, con una censura moral y también con una conducta y comportamiento de rechazo a las prácticas ilícitas o ilegítimas, es un proceso. Entre tanto, debemos hacer conciencia de que este estado de las cosas no es normal.
¿Por qué el cambio debe interesar a todos los ciudadanos?
La cooptación es de interés público a través de que se desvían los recursos a favor de unos pocos y no a los servicios y a la satisfacción de los derechos humanos de la colectividad.
LA DEMOCRACIA IMPERFECTA
Somos democracias formales, donde se cumplen los ritos de que haya voto, pero no se rigen todos los preceptos para que ese voto sea legítimo. Muchas veces el voto va envenenado, comprado, negociado, deslegitimado.
