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Nacionales

La depuración del Congreso podría iniciar con sentencia de la CC


Según amparo provisional, el actuar de los diputados puso en riesgo la institucionalidad del país. Expertos consideran que esto podría llevar a un proceso de antejuicio.

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Las manifestaciones de ayer frente al Congreso recordaron el malestar que mostraron los guatemaltecos en 1993, cuando la presión popular desencadenó una depuración del Órgano Legislativo. Expertos consultados refieren dos posibles escenarios en los que esto pueda ocurrir de nuevo: El referéndum, o procesos de antejuicio.

El analista Mario Fuentes Destarac asegura que en la Constitución de Guatemala no se tiene previsto la figura del referéndum revocatorio, en el cual los ciudadanos, por medio de votaciones, tienen la posibilidad de anular el mandato de un funcionario público popularmente electo. En América Latina, países como Venezuela o Bolivia sí poseen estos mecanismos.

Para Destarac, la vía legal más fácil -aunque poco probable a su consideración- es que los diputados invoquen el artículo 173 de la Constitución, Procedimiento Consultivo, y sean ellos mismos quienes convoquen a una depuración.

“Si queremos apegarnos al derecho, tendríamos que seguir el mismo procedimiento que en 1993”.

“El clamor popular fue creciendo, solo así se sintieron presionando a los diputados y fueron ellos mismos quienes decidieron autodepurarse”, asegura Fuentes.

La vía del antejuicio

Después que los diputados aprobaron modificar el Código Penal y creara así una amnistía disfrazada para los secretarios de los partidos políticos, distintos actores como el abogado Alfonso Carrillo y el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, interpusieron amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Los amparos fueron aceptados de manera provisional. El dictamen de la CC en el capítulo III se lee: “En tal sentido de dejar en suspenso el acto de aprobación por parte del pleno del Congreso de la República… en la que aprueban los decretos 14-2017 y 15-2017 que contienen modificaciones al Código Penal… ello en virtud que constituye una seria amenaza que, en caso de cobrar vigencia, podría ocasionar daños irreparables al sistema de justicia”.

Para el constitucionalista Allan Estrada, esta última línea podría traducirse en una acusación penal contra los diputados que votaron a favor de las iniciativas.

En redes sociales, el diputado Jaime Lucero, representante de Jalapa, pidió una disculpa a los ciudadanos “por la decisión tan precipitada”. También el legislador Marcos Yax aseguró a Guatevisión que no leyó las iniciativas presentadas “porque no le dio tiempo”.

Para el constitucionalista Estrada, el hecho de haber aprobado un decreto que es considerado por la CC como una amenaza para la institucionalidad, así como haber aprobado una ley sin haberla conocido ni leído, constituyen los delitos de incumplimientos de deberes y violación a la Constitución. “Aunque se echaron para atrás sí emitieron el decreto, en base a esto el Ministerio Público podría solicitar los procedimientos de antejuicio”, concluye.

Francisco de Mata Vela, presidente de la CC, anunció la anulación de las reformas.

Diferencias con 1993

Antes de ser diputada, Nineth Montenegro fue conocida como una de las figuras más activas en las protestas que llevaron a la depuración del Congreso en 1993. La legisladora recuerda que en aquella época hubo distintos factores que influyeron para que se tomara esa decisión.

Primero, asegura Montenegro, el entonces presidente Jorge Serrano Elías tomó la decisión de disolver los poderes Legislativo y Judicial y proclamó un autogolpe de Estado, esto implicó un reacomodo general de todos los órganos estatales.

Como parte de las protestas, la diputada encabezó un grupo que ocupó por varios días el Congreso exigiendo la depuración. Estas protestas fueron acompañadas de procesos de diálogo de distintos sectores que apoyaban la renuncia de los legisladores.

“El autogolpe de Estado fue el detonante para que iniciara la autodepuración… Y aunque estamos en un momento muy complicado pero no hemos llevado a los niveles que se vivieron en 1993, todavía”, concluyó Montenegro.

MP analizará

Al ser consultado respecto a los posibles delitos que pudieron haber cometido los diputados, el jefe de la Fiscalía Especial Contra Impunidad, Juan Francisco Sandoval, aseguró que al momento que se haga oficial el amparo otorgado por la CC se estudiará si existen elementos para que el Ministerio Público actúe.

“En caso de cobrar vigencia (las reformas al Código Penal), podría ocasionar daños irreparables al sistema de justicia”.

Cita el fallo de la CC.

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