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Nacionales

CICIG apela en caso Bufete de la Impunidad


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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó ayer un recurso de apelación en contra de la resolución del juez Tercero de Instancia Penal, Mynor Moto Morataya, quien sobreseyó y clausuró provisionalmente el proceso contra los sindicados en el caso Bufete de la Impunidad.

A los sindicados, entre ellos, la jueza Marta Sierra de Stalling y su hijo, se les vincula con una estructura criminal que operaba en el sistema de justicia ofreciendo a sus usuarios servicios ilegales, con la promesa de utilizar sus influencias y conexiones con funcionarios judiciales para garantizar resultados favorables a cambio de algún beneficio económico.

El comisionado Iván Velásquez calificó la resolución como “inconcebible”, porque fue una acción pública y que toda la población se pudo dar cuenta de sus operaciones en abril de 2016. El titular de la CICIG agregó que el juez Moto no tiene pruebas para respaldar su decisión.

“Son obstáculos que se presentan.. Lo que preocupa es que cuando hay una evidencia pública, que pudo ver toda la población, no exista una reacción de rechazo a decisiones de esa naturaleza”, dijo Velásquez.

El juez resolvió que no era posible que los sindicados afronten un debate ante un tribunal de sentencia penal porque el Ministerio Público no pudo probar “las circunstancias de tiempo, modo y lugar” por los que eran acusados.

La CICIG señala que el juez “vulneró el debido proceso con dicha resolución porque este cuenta con los suficientes medios de investigación y convicción para ser discutidos en un juicio oral”. Además, que realizó una valoración parcial de los medios de investigación al ignorar las interceptaciones telefónicas y los videos de las cámaras de seguridad.

Antecedentes Los  involucrados

>El juez Moto dictó el sobreseimiento en contra de José Morales Rodríguez, Ruth Emilza Higueros Alay, Jorge Luis Escobar Gómez, Luis Fernando Zapata Zamora y José Luis Montenegro Santos por el delito de asociación ilícita; Miguel Ángel Lemus Aldana por el delito de cohecho activo y Marta Josefina Sierra de Stalling por el delito de prevaricato.

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