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Nacionales

Abogado de Pérez Molina asume también defensa de Roberto Barreda y entrampa proceso Siekavizza


César Calderón recusa al juez Gálvez, este la rechaza y tampoco se excusa, pero resuelve subir el expediente a Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, por lo que el caso se empantana.

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“No es nada personal…”, ha dicho hoy el abogado César Saúl Calderón de León al juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar cuando lo recusó por considerar que, en diciembre de 2015, anticipó criterio al decidir que Roberto Barreda de León sí debía ir a debate oral y público por la desaparición y/o asesinato de su esposa Cristina Siekavizza Molina ocurrido el 6 de julio de 2011. También defiende a Otto Pérez Molina.

El nuevo representante del principal sospechoso en la investigación –e hijo de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial (CSJ/OJ), Beatriz Ofelia de León, también encausada por este caso criminal–, preguntó al titular del Juzgado B de Mayor Riesgo sobre qué garantía de imparcialidad tiene la defensa, si la opinión de Gálvez fue que el caso debía ir a juicio.

Pero aunque el funcionario rechazó la recusación y el planteamiento de que se excusara de conocer el proceso, e indicó que en ningún momento nadie puede afirmar que él se parcializó en este asunto, elevó el expediente a la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo para que defina si es procedente separarlo. Así, ha sido trabada la apertura de la etapa intermedia. No tiene nueva fecha para iniciarla.

El Ministerio Público (MP) sindica a Barreda de León de femicidio, asociación ilícita y maltrato contra menores de edad, delito último cometido –según la fiscalía– por haber sacado con identidades falsas a sus dos pequeños hijos llevándoselos hacia territorio mexicano cercano con Guatemala, donde la Procuraduría General de la República (PGR) del vecino país localizó a los tres y lo capturó a él.

En marzo, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó repetir la audiencia de fase intermedia, con lo que favoreció a los señalados. Y hoy Miguel Ángel Gálvez ha expuesto en la diligencia que “era usual que contrataran abogados diciendo que tenían enemistad con el juez para recusar, eran tácticas”, por lo cual en 2010 fue reformado el Código Procesal Penal en cuanto a la tramitación de recusaciones.

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