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Nacionales

“La obligación de condicionar un beneficio a cambio de la delación, es esencial” ROOTMAN PÉREZ, Secretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP)


El funcionario expone la visión que tiene el Ministerio Público (MP)acerca de la iniciativa de ley sobre el Procedimiento Especial de Aceptación de Cargos, que el Organismo Judicial presentó al Congreso, que ofrece reducción de penas a quienes acepten los hechos ilícitos y delaten a sus cómplices, incluso a los cabecillas de estructuras criminales.

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¿Cuál es la visión del MP acerca de la iniciativa?

– La vemos como una herramienta procesal que puede ser útil para descongestionar el sistema, ya que a través de la aceptación de cargos voluntaria se persigue evitar etapas posteriores, incluyendo la intermedia y el debate. Es una herramienta que busca sancionar y ese es un aspecto que nos parece positivo, así como el derecho de las víctimas a la reparación digna, no necesariamente económica. Puede ser la dignificación de la memoria, la publicación de una disculpa pública, entre otros.

¿Quién representará a las víctimas cuando el agravio es contra la sociedad?

– En principio, y por disposiciones procesales, el Ministerio Público es el representante si no hay un agraviado directo. Otro de los aspectos de la iniciativa que nos llama la atención, es que incorpora la condición de que el sindicado restituya los bienes obtenidos de forma ilícita para operativizar la reparación. También señala la obligación de aceptar los hechos y declarar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron. Esto es importante porque probablemente haya detalles a los que la fiscalía, por lo complejo de determinado caso, no haya llegado durante sus pesquisas, pero una declaración podría ampliar o brindar nuevas líneas de investigación. Otra de las obligaciones es declarar en contra de los copartícipes de la acción delictiva. Para nosotros, es importante, porque no es un proceso de negociación con el MP, es un proceso donde el MP imputa y si el sindicado está de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, enhorabuena. El MP pone las reglas y si a la defensa le parece atractivo, se adhiere.

¿Las delaciones no suponen un riesgo de señalamientos espurios?

– En nuestro sistema de justicia, una sola declaración no es suficiente para lograr una condena. Es necesaria toda una serie de elementos de prueba congruentes: análisis financieros, movimientos bancarios, análisis de tráfico telefónico, entre otros medios que confirman la participación de la persona delatada.

¿Por qué es necesaria la obligación de declarar en contra de los copartícipes?

– Porque nos apoya a través de su declaración a realizar las líneas de investigación para esclarecer el hecho. Procesalmente, es un poco complejo ofrecerle un beneficio de reducción de pena, sin nada a cambio.

¿La reparación no tiene ese efecto de retribución?

– Hacia la víctima, pero no para el MP.

Los colaboradores eficaces han sido efectivos. ¿Quieren ampliar ese beneficio para el MP?

– La población debe tener la certeza de que una sola declaración, por sí misma, no sostiene un caso.

¿Se ha evidenciado la utilidad que tiene para el MP contar con testigos que sirvan como guías durante las pesquisas?

– Es útil y por eso la obligación de condicionar el beneficio a cambio de delatar a sus copartícipes, es esencial. Por mucho esfuerzo que el MP haga, siempre hay detalles –muy mínimos y sobre todo en los grandes casos complejos– que únicamente conocen los sindicados. Si se establece que la declaración es mentira, el sindicado pierde el beneficio. Y si el MP lo requiere, debe declarar como testigo.

¿Abre la posibilidad de darle el beneficio a los cabecillas?

– Sí, porque no pueden aplicar bajo el marco de la colaboración eficaz.

¿Cómo se valora otorgar un beneficio a un cabecilla?

– Se logra su sanción o datos importantes para la investigación, que sirven para optimizar el recurso. Bajo la figura de colaboración eficaz, que no es aplicable a los cabecillas, se dan salidas alternas como el criterio de oportunidad y la suspensión de la persecución penal, que no terminan en sanción. La iniciativa rompe con la premisa de que va a generar impunidad, porque habrá una sanción.

¿Una sanción que no necesariamente debe ser la privación de libertad?

– El beneficio aplica solo para la pena principal, la prisión, no para las accesorias, como la inhabilitación de ejercer un cargo público, entre otras. La reducción no es del todo benevolente porque es inconmutable. Si el juez dispone que la pena es de 50 años, se aplica una reducción de una tercera, cuarta o quinta parte, dependiendo de la etapa en que se encuentre el proceso. Para los delitos más graves, no necesariamente significa un beneficio que genere impunidad, ya que siempre se tendría que cumplir cierto periodo en prisión.

¿Por qué es importante para el MP?

– Es un instrumento que apoya a descongestionar el sistema, bastante congestionado. Por ejemplo, si se suspende una audiencia de etapa intermedia en Baja Verapaz, se reprograma para dentro de seis meses después. Hay muchas personas que son conscientes de que cometieron un delito y que estarían dispuestas a solventar su situación de una manera más sencilla.

¿El actual sistema de justicia ofrece la confianza para desarrollar este mecanismo?

– Hay expectativa. Al momento de ser aprobada, debemos ser sumamente vigilantes del uso correcto del procedimiento, desde la Fiscalía, desde el Organismo Judicial, desde la Defensa Pública o privada, desde la ciudadanía. Es una herramienta que puede contribuir a desfogar el sistema de justicia.

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