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Nacionales

CSJ suspende licencias de explotación minera a empresa Minera San Rafael S.A.


Cámaras empresariales lamentan la resolución que afecta al menos a 600 trabajadores de las plantas extractoras.

 

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Ayer fueron notificadas las partes de la resolución de fecha 22 de junio de la Corte Suprema de Justicia, donde dejó en suspenso dos licencias de extracción minera a la empresa San Rafael, por lo que desde ayer dejó de funcionar la planta Juan Bosco activa desde 2012, y El Escobal que inició funciones en 2013.

De esa cuenta quedarán sin empleo al menos 600 trabajadores de las plantas extractoras citadas que en su mayoría son vecinos de Santa Rosa de Lima, Nueva Santa Rosa, Mataquescuintla y San Rafael las Flores. La resolución argumenta que para extensión de las licencias no se realizó la consulta a los pobladores que viven en cercanías del proyecto.

El Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), interpuso en mayo la acción de amparo que recibió el beneplácito de manera provisional ayer, sin embargo, la suspensión de labores se debió efectuar desde ayer ya que el amparo provisional “es de ejecución inmediata”.

Ahora, la empresa Minera San Rafael accionará ante la Corte de Constitucionalidad (CC), con el ánimo de que la citada resolución sea revocada. Se anunció que el gremio minero del país aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), dará acompañamiento al proceso.

El presidente del Cacif, Antonio Malouff, lamentó la noticia de la resolución y dijo que atenta contra la libertad del trabajo y de la inversión. “Es una resolución incongruente con lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en casos similares”, subrayó, en referencia a recientes resoluciones emitidas por ese órgano constitucional.

“Es una resolución arbitraria e irresponsable porque pasa por encima de los derechos de los ciudadanos ya que resultan afectados los pobladores, proveedores que resultan directa e indirectamente afectados”, apuntó Malouff.

AmCham emitió un comunicado donde hizo un llamado para reglamentar el Convenio 169 para así “garantizar la libertad de industria, comercio y trabajo en el país (…) como consecuencia directa de estos fallos, más de 445 mil empleos directos y más de US$780 millones en impuestos estarán en riesgo”, dicta el comunicado.

Por ausencia de consulta y discriminación al pueblo xinca

El Director del (CALAS), Rafael Maldonado, celebró la resolución de la CSJ y aseguró que está apegada al ordenamiento jurídico donde los tratados internacionales deben cumplirse.

“En este amparo no solo se alega la ausencia del derecho de consulta a los pueblos, sino también la discriminación a los pueblos xincas que radican en la zona y que el Ministerio de Energía y Minas aseguró que no existían en el sector.

Puestos en riesgo

> Álvaro Zebadúa, uno de los 600 proveedores de la Mina San Rafael, dijo que entre la primera línea de proveedores y la segunda línea, se generan 17 mil puestos de trabajo, de quienes dependen por lo menos unas 85 mil personas para su sustento diario. “Algunas empresas van a la quiebra o al cierre. Es un golpe bajo hacia los inversionistas, desde el pequeño comerciante que puso su restaurante, su tienda o almacén, hasta los grandes proveedores. Es un pésimo mensaje para quien quiere invertir en Guatemala”, subrayó.

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