La exmagistrada Malvina Armas España deberá enfrentar proceso penal por lavado de dinero, por resolución del Juzgado “A” de Mayor Riesgo. La exfuncionaria judicial es representante legal de una compañía que movió Q11 millones del dinero estafado a los cuentahabientes del Banco de Comercio, de acuerdo con la imputación de la Fiscalía de Casos Especiales del Ministerio Público (MP).

Según la Fiscalía, los fondos captados de los cuentahabientes, fueron sustraídos del banco entre 2006 y 2007 como simulación de créditos para la sociedad anónima Conglomerados Diversos, de la cual Armas España es representante y copropietaria. Pero la compañía únicamente sirvió como vehículo para que los fondos llegaran a empresas vinculadas con los miembros del Consejo de Administración del Banco de Comercio, detallan las pesquisas.

En octubre de 2014, durante una elección cuestionada, Armas España fue designada como Magistrada Suplente de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En noviembre de 2016, renunció a la magistratura ante las acciones de persecución penal en su contra.

Además de ser la representante de la empresa que sirvió para mover el dinero, autorizó documentos que ayudaron a crear otras empresas que facilitaron la estafa.

Junto a Armas España, el martes pasado igualmente fue ligado a proceso Pedro Vidal Velasco, también por blanqueo de fondos. Según la resolución judicial, fueron beneficiados con una medida sustitutiva consistente en el pago de una fianza de Q200 mil.

Malvina Armas España

De acuerdo con el perfil público de Armas España –disponible en la página del Bufete Alveño y Asociados–, la extogada es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. También ejerció como magistrada de la Sala Mixta de Poptún, Petén, y magistrada de la Sala de Menores, y Juez de Menores del Organismo Judicial.

Van 17 acusados

En abril pasado, el MP presentó la acusación contra 17 personas vinculadas con la captación de Q2 mil 499 millones del público mediante la entidad Organizadora de Comercio, S.A. con sede en Panamá y Guatemala.

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Meses tiene el MP para presentar las conclusiones de la investigación contra la exfuncionaria judicial.