La acusación de Estados Unidos contra Mauricio López Bonilla se refiere a este como un guardián de narcotraficantes, una actividad contraria a sus funciones como ministro de Gobernación.

El exfuncionario aceptó dinero de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, entre estos el Cartel mexicano de Los Zetas, a cambio de usar sus influencias y autoridad como Ministro de Gobernación para facilitar las operaciones en Guatemala de dichas estructuras, de acuerdo con los señalamientos que sustenta la solicitud formal de extradición.

El extitular de la cartera del Interior es requerido por la Corte del Distrito de Columbia, Washington, EE. UU. por los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas. La petición fue recibida por el Ministerio Público el pasado 23 de junio y trasladada ayer a la Corte Suprema de Justicia. La Corte debe trasladar el expediente al tribunal que conocerá el requerimiento.

La investigación del país norteamericano permitió establecer que entre 2010 y 2015, López Bonilla proveía información a las organizaciones de narcotráfico sobre operativos de las autoridades del orden público que podrían afectarles.

“Ordenaba a oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) escoltar cargamentos de cocaína y reasignaba a personal de dicha institución a solicitud de las organizaciones de narcotráfico a cambio de compensaciones monetarias”, de acuerdo con los documentos que EE. UU. presentó como parte del proceso de extradición.

Las acciones que se le endilgan a López Bonilla redujeron las actividades de las fuerzas de seguridad y protegieron a traficantes que operaban en el país, según datos provistos por fuentes cercanas al proceso.

López Bonilla uno de los más cercanos a Otto Pérez Molina. Durante el proceso electoral del PP fue el jefe de campaña de la agrupación.

Tres testimonios lo incriminan

Las declaraciones de tres narcotraficantes perseguidos por la DEA y procesados en Estados Unidos sustentan parte de los señalamientos contra el ex Ministro de Gobernación nombrado por Otto Pérez Molina.

La investigación de InSightCrime titulada El Estado mafioso de Guatemala y el caso de Mauricio López Bonilla, expone que Marllory Chacón –designada por EE. UU. como una de las traficantes más prolíficas de Centroamérica– recibía en su casa a muchos de sus socios.

En la residencia había cámaras instaladas por la DEA, según la publicación, y algunas de las grabaciones “supuestamente muestran que el ex Ministro aceptó el soborno de Jairo Orellana”, un narcotraficante extraditado a EE. UU. en 2015.

Durante un receso de la audiencia de primera declaración por el caso Cooptación del Estado, en el que López Bonilla es uno de los procesados, manifestó que la aparente protección a Chacón era una forma de mantenerla vigilada, porque él sabía que ella era un objetivo para EE. UU. Así, cuando le requirieran su captura, él estaría plenamente enterado de su ubicación.

Durante la argumentación de la defensa, López Bonilla mostró ante el juez Miguel Ángel Gálvez varias cartas del zar antidrogas de EE. UU. William Brownfield.

El ex Ministro de Gobernación está implicado en los casos Cooptación, adquisición de blindados y reparación de patrullas.

Un investigador policial confió bajo condición de anonimato, sobre la molestia que le causó a López Bonilla la captura de Efraín Cifuentes González, alias el Negro Sosa, en noviembre de 2014. Cifuentes era señalado como enlace del Cartel del Pacífico.

Otra de las interacciones de López Bonilla con el crimen organizado, se establece a partir de la recomendación de Byron Lima Oliva para que varios de sus amigos ocuparan puestos de poder en el Sistema Penitenciario, y desde ahí configurar una red que cobraba miles de dólares y quetzales a los privados de libertad a cambio de obtener beneficios en prisión. Lima Oliva fue asesinado en julio de 2016 en la cárcel de Pavón.

Un hombre cercano al presidente

En más de una ocasión, el exmandatario Otto Pérez Molina reconoció las acciones de Mauricio López Bonilla como ministro de Gobernación, cargo que ocupó de enero de 2012 a mayo de 2015. Renunció después del escándalo que generó la revelación del caso de defraudación aduanera La Línea.

López Bonilla fue combatiente de guerra, asesor de seguridad y estratega de comunicación. Ahora es un recluso de la prisión en la Brigada Militar Mariscal Zavala.