El Ministerio Público (MP) avanza un paso en lo que podría ser un nuevo caso judicial contra diputados del Congreso de la República, pues la fiscal general, Thelma Aldana, informó que su equipo ya está evaluando si se solicita que a cuatro legisladores se les retire la inmunidad por haber firmado un contrato de cabildeo en Estados Unidos (EE. UU.) con el bufete Barnes & Thornburg por US$960 mil, sin definir de dónde provienen los fondos para pagarlo.

Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN); Óscar Quintanilla, de la Alianza Ciudadana (ex–Lider); Julio Lainfiesta, de la Unidad del Cambio Nacional (UCN) y Jaime Regalado, del Movimiento Reformador (ex–PP) podrían caer en las manos de la justicia tras haber asegurado durante una conferencia de prensa que firmaron a ciegas, supuestamente sin conocer quiénes son los empresarios financistas.

“Lo tienen en análisis para que se tome la decisión de presentar de oficio o no una solicitud de antejuicio, para hacer una investigación profunda porque los señores diputados gozan de inmunidad. Lo que estamos haciendo son algunas verificaciones para luego tomar esa decisión”, comentó Aldana durante una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía.

Este análisis incluye al exasesor del presidente Jimmy Morales en temas de migrantes, quien fue el primero en firmar un contrato con la misma compañía,  objetivos (promover mejores relaciones entre los funcionarios guatemaltecos y los estadounidenses)  y monto.

Según el diario La Hora, el contrato de Marvin Mérida se canceló luego de que le fuera retirada su asignación como embajador presidencial, por haber enviado una carta al senador Mike Lee para quejarse de Todd Robinson, encargado de la embajada de Estados Unidos en el país. Entonces, se formuló el nuevo convenio para ser suscrito por los diputados.

Suficientes indicios

Distintos analistas en temas políticos y legales coinciden en que desde hace una semana, cuando elPeriódico publicó el caso, ya existen pistas para presentar la solicitud de antejuicio.

Se debe tener claro qué delitos podrían haber cometido los congresistas al suscribir un contrato para beneficiar a terceros, apunta el abogado penalista Juan Rodolfo Pérez. “Si yo fuera fiscal iniciaría el antejuicio por abuso de autoridad, porque utilizaron su cargo para generar beneficios de privados”,  dijo.

Aunque, detalla que no es el único ilícito que los cuatro congresistas habrían cometido, pues, si se llega a la etapa en donde el juez pesquisidor deba decidir si retira la inmunidad o no, el penalista agrega que sería en ese momento cuando el juzgado podría indagar quién dio el dinero y por qué lo dio.

“Pensemos que los empresarios le pasan la plata a los diputados a una cuenta y ellos se quedan con una parte, podría ser enriquecimiento ilícito. Y si es una fuente ilícita puede ser lavado de dinero. Además, puede ser testaferrato, si hay una intención de encubrir una operación ilícita al firmar el contrato en nombre de otra persona”, añade Pérez.

“Por lo que se conoce públicamente hay suficientes motivos para el antejuicio, porque los diputados son confesos en no poder declarar el origen de los fondos. Urge que el MP solicite el antejuicio porque no puede ser que los diputados firmen un contrato así”, enfatizó Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.

El politólogo Renzo Rosal agrega que los diputados se estaban adjudicando funciones que le competen a la Presidencia. “Ni siquiera forman parte de la Junta Directiva ni de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso”, opina.

“Es importante tratar de que las investigaciones determinen la relación que hubiera con otros funcionarios públicos, seguramente no actuaron libres sino hay un contubernio con funcionarios del Ejecutivo. Es impensable que Mérida haya actuado solo”, concluyó Rosal.

Vinculación con Trump

elPeriódico publicó el lunes pasado que el representante de la firma para el contrato con los diputados es Robert T. Grand, quien fue asesor financiero en la campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, y el vicepresidente Mike Pence. Este detalle fue publicado en el diario británico The Guardian que expuso el tema en su página web.

“Los diputados podrían hasta haber participado en el delito de asociación ilícita si están encubriendo fines ilícitos”.
Manfredo Marroquín, Acción Ciudadana.