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Nacionales

Piden a Portuaria Quetzal cancelar contrato de comida


Aseguran que ya habían advertido que la empresa De Karlo daba un servicio deficiente.

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El Sindicato de Trabajadores Organizados de Puerto Quetzal (STOPQ) pidió a la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) que rescinda el contrato vigente con el restaurante De Karlo, encargado de la entrega de alimentos a los trabajadores de esa institución y que mantiene un contrato vigente por Q7.5 millones

Esto ocurre tras los allanamientos realizados el viernes por la Fiscalía Contra la Narcoactividad en la sede de ese restaurante, donde en lugar de comida se encontraron 19 paquetes con marihuana y seis pastillas, posiblemente de éxtasis. Además, se capturó a Carlos Roberto Orozco, que era la única persona presente en la vivienda.

Javier Reyes, secretario general del STOPQ explicó que hay indicios de un delito grave y por eso no pueden permitir que esa empresa siga proveyendo servicios a la Portuaria. Por ello, hicieron saber a la Junta Directiva de la EPQ que exigen la rescisión del contrato y afirmó que de no hacerlo caerán en una omisión grave.

“Nuestra recomendación es la rescisión, sobre todo porque antes la Contraloría General de Cuentas (CGC) ya se había pronunciado por el sesgo en el proceso de adjudicación. Lo único que habría que ver es la forma de rescindir el contrato para no dejar sin la cobertura de alimentos a los trabajadores. Nosotros no tenemos preferencia por ninguna empresa, pero hemos tenido quejas de la deficiencia en el servicio por parte de los trabajadores, incluso de comida contaminada”, dijo Reyes.

Se intentó contactar con Bernardo López, presidente de la Junta Directiva de EPQ, para saber si habían tomado una decisión al respecto, pero al cierre de la edición no se había logrado respuesta.

Dudas desde el principio

El contrato avalado por la Junta Directiva de la EPQ contemplaba que la empresa De Karlo recibiría en total Q7.5 millones en dos años por entregar desayunos, almuerzos y cenas a los trabajadores de la Portuaria.

Carlos Mencos, responsable de la Contraloría General de Cuentas (CGC), confirmó que ellos habían puesto la denuncia ante el Ministerio Público (MP) porque el proceso de adjudicación estuvo viciado y con sesgo. Y añadió que con las pruebas que hay se podría ordenar la suspensión del servicio, pero eso ya dependerá de la justicia.

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