La bancada Encuentro por Guatemala (EG) amplió ayer en la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) una denuncia penal en contra de las autoridades que pudieran estar involucrados en las contrataciones millonarias de alimentación en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) desde el año 2012.

De acuerdo a la denuncia presentada por los congresistas, muchos de los proveedores tenían otra razón social o están inhabilitadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

“Hay quienes se dedican a asesoramiento y gestión y otra que es una empresa de maquinaria”, indicó la jefa de bloque, Nineth Montenegro, al cuestionar que varias empresas se beneficiaron con contratos de alimentación. Anualmente la Secretaría recibe alrededor de Q50 millones para todos los centros que atiende.

La diputada agregó que esas irregularidades refuerzan las denuncias de los menores de edad que se han quejado por la mala alimentación que han recibido.

El pasado 17 de mayo, Cándida Rabanales, titular de la Secretaría de Bienestar Social, notificó a la diputada Montenegro el gasto mensual de la entidad para alimentar a la población de niños, niñas y adolescentes que ingresan a los hogares, aunque no detalló el monto total que se ha invertido en cada hogar en los últimos seis años.

32

Empresas han proveído de alimentación a los hogares que administra la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.