La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte CIDH) con sede en San José, Costa Rica, celebrará mañana una audiencia pública en la que escuchará a las partes involucradas en el caso contra el Estado de Guatemala por la supuesta adopción ilegal de los hermanos Ramírez.

Ambos fueron adoptados en 1998 por dos familias distintas de Estados Unidos, tras ser despojados de su entorno familiar según los peticionarios de la denuncia.

Previo a que el expediente llegara a la Corte IDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la petición de los familiares de los hermanos Ramírez para conocer la causa, quienes en el informe 8/13 de la CIDH señalan que ellos fueron víctimas de una de las redes de adopciones internacionales que funcionaban en Guatemala, liderada por la abogada Susana María Loarca Saracho, vinculada con el hogar Asociación de Niños de Guatemala.

De acuerdo con el director de la organización Refugio de la Niñez, Leonel Dubón, Loarca Saracho era la operadora de adopciones ilegales durante esa época y lo hacía con impunidad, porque en ese entonces era esposa del abogado Ricardo Umaña Aragón, quien se desempeñaba como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En 2015 Loarca Saracho fue condenada a 18 años de prisión por liderar una estructura de adopciones ilegales.

El Estado envió una nota previamente a la Comisión en la que se allanó y reconoció los señalamientos.

Las historias

Dubón explicó que en la audiencia estarán presentes el mayor de los hermanos, que ahora tiene 24, y su padre biológico quienes en compañía del perito Jaime Tecú rendirán su declaración ante el Tribunal de la Corte IDH.

Al cumplir 18 años, el joven abandonó su familia adoptiva y retornó a Guatemala con su padre biológico, quien es taxista y ahora formó una nueva familia. El menor de los Ramírez, actualmente de 19 años, y ha manifestado que desea vivir con sus padres adoptivos.

Según el expediente de la causa, las adopciones de los dos niños se iniciaron con un poder otorgado por dos abogados en Illinois y Pittsburg, Estados Unidos, en 1997; dicho poder fue legalizado por el mismo notario que expidió la escritura de adopción.

Después de eso se recibió dictamen favorable de una trabajadora social y el testimonio de “dos personas honorables” y el consentimiento de la Asociación de Niños de Guatemala. Aunque en ambos procesos la Procuraduría General de la Nación (PGN) se opuso a aprobar las adopciones, estas fueron autorizadas por el Juzgado de Familia de Sacatepéquez.

Declarados en abandono
En enero de 1997, la PGN acudió a la vivienda de Flor de María Ramírez Escobar para retirar a los hermanos Ramírez por supuestos malos tratos. Ramírez Escobar indicó en varias ocasiones que ella no estaba con sus hijos porque se encontraba trabajando y que ella pagaba a una señora para que los cuidara. Aunque los familiares intentaron en varias ocasiones recuperar a los menores, en 1998 el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Menores declaró en abandono a los menores sin tomar en cuenta a la familia.

2 meses
Se tomaría la CIDH para emitir una sentencia.