Han pasado dos años desde que los miembros de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), fueron capturados por aprobar un contrato de Q116 millones para Droguería Pisa, S.A. con el objetivo de que prestara servicios de diálisis para los pacientes con enfermedades renales.

Según las pesquisas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), en 2014, Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la exmagistrada Blanca Stalling, operó desde su cargo como asesor en el Seguro Social para beneficiar a la empresa farmacéutica con ese contrato. Por el arreglo, personal del IGSS recibió aproximadamente el 15 por ciento de la totalidad del monto en calidad de soborno.

Contratos menores

El 4 de mayo, el Ministerio de la Defensa otorgó el duodécimo contrato que la farmacéutica ha obtenido desde esa cartera durante 2017 para comprar Dotropina, un medicamento para tratar la hipotensión. En total, esa institución le ha comprado Q57 mil 698 a la empresa señalada.

Los restantes dos contratos que le han adjudicado a Pisa se realizaron desde la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala (Unicar) que suman Q18 mil 060.

El vocero del Ejército, William García, al ser cuestionado por la contratación de una empresa señalada dijo que, aunque está involucrada en un caso penal, no existe un impedimento legal para que sea beneficiada con contratos.

“Se escoge a la empresa porque vende más barato, y no tiene reparos hechos por la Contraloría General de Cuentas o el Ministerio de Finanzas Públicas. El monto que le ha adjudicado prácticamente no es nada”, apuntó el funcionario.

Ya que se cuestiona la efectividad de Pisa para brindar los servicios de diálisis en el IGSS, la pregunta para García fue si se tomaba en cuenta la calidad de los medicamentos comprados, a lo que respondió que existe un departamento de calidad que verifica la autenticidad de lo requerido. “Si no se cumpliera con los requisitos técnicos, se plantearía una denuncia y se devolvería el producto para recobrar lo invertido”, explicó.

Las 14 adquisiciones que se han realizado este año a Pisa se enmarcan en la mecánica de compra directa, es decir que la institución determina qué empresa será la beneficiada.

Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, reiteró la incapacidad que existe para que esas empresas no sean contratadas. “Mientras no estén condenadas difícilmente se les podrá cerrar el mercado. Por eso urge que se den los fallos para que el Estado no las contrate”, agregó.

Influencias a favor de su hijo

La exmagistrada Blanca Stalling fue señalada por el MP de tratar de influir en el juez Carlos Ruano, excontralor del caso IGSS-Pisa, para que beneficiara con una medida sustitutiva a su hijo, operador del Seguro Social para conseguir el soborno de la empresa. Stalling guarda prisión en el mismo reclusorio que su hijo.

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Sindicados  en el caso IGSS-Pisa guardan prisión preventiva desde hace dos años.