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Nacionales

El supuesto acuerdo con el Barrio 18 para bajar la criminalidad


Los pandilleros acordaron bajar los hechos violentos a cambio de no ir a bartolinas y que se les permitiera el ingreso de electrodomésticos.

 

El 26 de noviembre de 2016, los voceros del Barrio 18 se habrían comprometido con autoridades de Presidios a “bajar el índice de criminalidad en las calles”.

Así lo expone la copia del “Acta Administrativa número 1” filtrada a elPeriódico, que recoge los cinco puntos de un acuerdo que habría suscrito el entonces director de la cárcel Fraijanes I, Boris Lemus, con los líderes pandilleros. El documento se habría suscrito después del diálogo que sostuvo el director general del Sistema Presidenciario (SP), Nicolás García, con los líderes del Barrio 18.

Las presuntas firmas de Luis Humberto García Díaz, alias Viejo Strong; Aldo Dupié Ochoa Mejía, el Lobo; Edwin René Ramírez Iboy, Crosty, calzan el manuscrito de dos páginas. También figura el espacio en blanco destinado para la rúbrica de Rudy Alfaro Orozco, el Smurf. Ellos representaron a los sectores naranja, rojo y salón azul (paisas), en total 163 privados reclusos en Fraijanes hasta febrero pasado.

Como autoridades de Fraijanes I, figuran firmas que se atribuyen al director, Boris Lemus, y el alcaide Samuel Colaj.

El acta cita que “El día veinticinco de noviembre, se presentó el director general del SP, Nicolás García, a dialogar con los voceros del Barrio 18”. La reunión versó sobre amenazas contra el funcionario y demás personal penitenciario; la fuga de cuatro reclusos y “porqué los pandilleros quieren mandar a las cárceles”.

La conquista de los reos se resumió en el compromiso de no ser enviados a bartolinas, autorización para ingresar pantallas de televisión y refrigeradores, así como la reapertura de los talleres de carpintería y panadería.

A cambio, se comprometen a “la no agresión verbal o física hacia el Director, Subdirector, oficiales y personal de guardias del SP” y que “permitirán dos conteos diarios, a las ocho de la mañana y a las cinco de la tarde”.

Asímismo, “los cinco voceros se comprometen a bajar el índice de criminalidad en las calles, a mantener el control de los demás internos, a no permitir el ingreso de herramienta a sectores, a no ingresar aparatos u otros artículos ilícitos y a no corromper a la guardia”.

elPeriódico consultó al ministro de Gobernación, Francisco Rivas, sobre el supuesto acuerdo, quien manifestó desconocer la existencia del documento. Sobre el tema se dice mucho, indicó, pero si existiera algo por escrito, “tendría que investigarse”, añadió.

A principios de abril, se le requirió al Ministro información sobre los contratos del exdirector de Fraijanes, Boris Lemus, así como del alcaide para establecer si estaban de alta en noviembre pasado. Ofreció proporcionar los documentos, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvieron.

militar a cargo de Fraijanes I

Lemus, exdirector de Fraijanes, es un militar retirado, egresado de la promoción 108 de la Escuela Politécnica, la misma que Byron Lima Oliva, que falleció en julio de 2016 y era investigado por corrupción en presidios.

Por distintas vías se buscó hablar con Lemus para contrastar la versión que expone el acta, pero no fue posible establecer comunicación. En la dirección que reporta como domicilio fiscal, en la zona 6 capitalina, atendió una anciana que no dio información sobre él.

En 2009, Lemus brindó asesoría a la Dirección General del SP, de acuerdo con el portal de compras y contrataciones públicas, Guatecompras.

Luego del acuerdo y su remoción como director de Fraijanes, por causas que Rivas no precisó, Lemus fue requerido nuevamente por Presidios. Una factura fechada el 9 de enero pasado, da cuenta que Lemus cobró Q17 mil por servicio de consultoría en materia de seguridad en Fraijanes I. Su aporte habría sido, el análisis de escenario para determinar las condiciones de infraestructura de dicho centro.

Un mes después de la emisión de esa factura, los pandilleros del Barrio 18 fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad El Infiernito, en Escuintla.

Hay un antes y un después del traslado: El 14 de febrero, cinco taxistas fueron asesinados. Fuentes de la cartera del Interior señalaron como responsables de ordenar los ataques a el Smurf y el Lobo.

Después del traslado, se originó un motín en el Centro de Privación de Libertad Juvenil Etapa II, organizado por los miembros del Barrio 18. Luego de la incursión de la Policía Nacional Civil (PNC) en dicho centro, los pandilleros habrían ordenado nueve ataques contra agentes e instalaciones de la institución, que dejaron a tres muertos y siete heridos.

109

muertes  menos se registraron en noviembre del año pasado, según estadísticas del Inacif.

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