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Nacionales

Empresa de exdiputado señalado por CICIG tiene contratos estatales


En 2017 nueve entidades del Estado han otorgado contratos a Cleanomatic de Guatemala, la cual es propiedad de Edgar Cristiani, señalado por el caso de “Plazas Fantasma”.

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Hace un año la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) dieron a conocer la investigación que reveló un abuso en contratación de personal en la Junta Directiva del Congreso (2015-2016). Entre los señalados se encuentra, el exdiputado del Partido Patriota, Edgar Cristiani, quien es propietario de Cleanomatic, una empresa que presta servicio de limpieza y que el 25 de enero recibió su contrato más grande del año por Q879 mil 588 de parte de la Municipalidad de Villa Nueva.

A pesar de que Cristiani guarda prisión desde hace casi un año, por supuesto abuso de los recursos del Congreso de la República, su empresa, la cual lo registra como único propietario, sobrevive gracias a contratos estatales, porque además de la comuna de Villa Nueva, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) es su segundo principal cliente de 2017. De enero a mayo, el IGSS ha adjudicado Q353 mil 051 con tres centavos para la limpieza en sus centros de atención.

Otras entidades que han contratado a Cristiani este año son: El Ministerio de Educación, Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), Corte de Constitucionalidad, Ministerio de Economía, Universidad de San Carlos y Superintendencia de Bancos (SIB).

Antecedentes

Una publicación de elPeriódico en 2016, reveló que Cleanomatic ha recibido anteriormente Q90 millones en los últimos cinco Gobiernos. Durante la administración del expresidente Álvaro Colom las adjudicaciones hacia Cristiani crecieron, ya que de Q2.7 millones al año, el exdiputado del PP recibió Q19.5 millones anuales. Durante la gestión del expresidente Otto Pérez los beneficios para la empresa de limpieza permanecieron altos, ya que el convenio más bajo que obtuvo fue de Q9.6 millones.

La investigación de elPeriódico también reveló que Cristiani y el exdiputado Juan Pablo Urrea pretendían cobrar en 2014 servicio por alimentación en el Ministerio de Cultura y Deportes, la cual había sido servida en reuniones familiares y del PP.

Marvin Flores, analista de la organización Acción Ciudadana (AC), explicó que actualmente no existe una legislación que prohíba a las instituciones públicas contratar empresas cuyos dueños sean señalados por actos de corrupción, pero que en su opinión, casos como el de Cristiani, ameritan una inhabilitación de Guatecompras. Sin embargo, considera que por voluntad propia las entidades deberían adoptar esa medida, para que sea parte de los castigos impuestos a los que han incurrido en actos anómalos en el Estado.

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