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Nacionales

Prohiben judicialmente a la Terminal de Contenedores Quetzal continuar sus operaciones comerciales


Por no haber cumplido con enviarle un informe circunstanciado requerido a la Junta Directiva de TCQ, Sala Mixta de Apelaciones con sede en Escuintla ha ordenado a esta empresa suspender la recepción de obras de la Base Uno y continuar funcionando.

 

 

 

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La Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Escuintla, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, ha amparado de forma provisional al Sindicato de Trabajadores Organizados (STO) de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), por lo que prohibe a la Terminal de Contenedores continuar operando.

La resolución judicial, fechada 20 del mes en curso, indica también: “para los efectos positivos de la acción provisional que se otorga, se ordena a la autoridad recurrida suspender la recepción de las obras de la Base Uno de la Terminal de Contenedores Quetzal, Sociedad Anónima, y su autorización para iniciar operaciones comerciales…”

El amparo fue solicitado por los dirigentes obreros Francisco Javier Reyes Navarrete, Maynor Armando Siajes Barillas, German Antonio Martínez Rodríguez y Gilberto Pérez Ávila. El fallo está firmado por  Igmaín Galicia Pimentel, Edwin Roberto Ruano Martínezy Mónica Victoria Teleguario Xicay, magistrados presidente y vocales.

El argumento de los recurrentes ante la Sala Mixta, según la documentación, consistió en que la licencia para la construcción de la Terminal de Contenedores en Puerto Quetzal fue extendida por el alcalde interino del puerto San José, Julio Solares, como consecuencia de negociaciones que sostuvo con personeros de TCQ.

Inicialmente la comuna había exigido el pago de Q24 millones a la compañía para emitir la autorización –caso por el cual guardan prisión el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas René Charchal Ramos, y su exasistente en un juzgado escuintleco Mario Ruano San José–, pero por último el monto fue mucho menor.

El fallo de la Sala Mixta de Escuintla indica que por el término común de 48 horas se corría vista a los solicitantes del amparo, a la autoridad recurrida, a los terceros interesados, a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y al Ministerio Público a través de su Fiscalía de Asuntos Constitucionales.

Por el expediente TCQ, el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) mantienen acusación penal a numerosas personas, entre exaltos funcionarios, sindicalistas, empresarios nacionales y extranjeros, a quienes encabezan el exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías.

Según la investigación, el negocio de aprobar la instalación de la Terminal de Contenedores en Puerto Quetzal significó para la entonces pareja gobernante haber supuestamente recibido US$12 millones de los US$30 millones pactados con una compañía española dedicada a este tipo de transacciones.

 

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