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Nacionales

Cooptación del Estado: 22 de los acusados buscan salir de la cárcel y modificación de delitos


Exministros y exfuncionarios del gobierno patriota comparecen en Juzgado B de Mayor Riesgo, donde piden reformar el auto de procesamiento para optar al pago de fianza y arresto domiciliario.

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Los generales retirados Ulises Noé Anzueto Girón y Manuel López Ambrocio, exministros de la Defensa Nacional, el exteniente coronel Héctor Mauricio López Bonilla, de Gobernación, y Dwight Pezzarossi, de Cultura y Deportes en el abortado régimen del Partido Patriota (PP), encabezan a 22 de los reos sindicados de corrupción en el caso penal Cooptación del Estado y que buscan salir de prisión si se les otorga la figura jurídica que se entiende “casa por cárcel”.

Capturados el sábado 11 de junio del 2016, porque el Ministerio Público (MP) y la CICIG los implica en La Cooperacha –millonaria contribución para obsequiarle un helicóptero al entonces presidente Otto Pérez Molina por su cumpleaños (1 de diciembre)–, los exmilitares están planteando ante el Juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, ser beneficiados con medidas sustitutivas y la modificación de delitos que les permita el arresto domiciliario.

Entre los reclusos interesados en lo anterior también figuran la exasistente personal en la Vicepresidencia y exdiputada del PP, Daniela de la Luz Beltranena Cambpell, al igual que Rudy Leonel Gallardo Rosales, director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas (Renap), y quien pese a permanecer en prisión sigue a la fecha manteniendo el cargo titular por cuestiones de su ley orgánica, lo cual ha sido criticado por diversos sectores sociales.

Además, igual gestión realizan otros señalados de diverso tipo de delitos, incluidos el abogado Mario René Cano, exdefensor de la exvicepresidenta –el profesional del Derecho está en libertad condicional, pero busca modificar la figura legal–;Mario Rodolfo Contreras Díaz, excontador de los encarcelados Otto Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías, al igual que Oscar Ludwin Osorio Ovalle, exdirector del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade).

Alrededor del mediodía, el juez ordenó que el exministro de la Defensa Nacional, Ulises Noé Anzueto Girón, fuera llevado a un centro hospitalario por sufrir un severo dolor abdominal.

CICIG en la historia penal

El 2 de junio de 2016, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) emitió su comunicado 047 en el cual expone numerosos elementos como los abajo mencionados –aunque se debe aclarar que la autoridad judicial contralora del expediente ha otorgado a algunos las medidas sustitutivas requeridas y en unos pocos declarado la falta de mérito–:

–             Cuando el 16 de abril del 2015 se presentó el caso de La Línea, se pensaba que se hacía frente a una estructura de corrupción que había tomado control de las aduanas para generarse beneficios económicos. Conforme avanzaron las diligencias judiciales –especialmente los allanamientos y las escuchas telefónicas– se detectó que en realidad se trataba de una organización criminal que llegaba hasta los entonces Presidente y Vicepresidenta del país.

–             AI hacer un ordenamiento minucioso de la documentación incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etcétera, el cual reportaba operaciones incluso desde el 2008, cuatro años antes que el Partido Patriota asumiera el poder.

–             Algunos de estos nombres y empresas aparecieron en casos presentados por el MP y la CICIG como La Línea, la Terminal de Contenedores y el caso del Lago de Amatitlán, y se tenía suficiente evidencia de participación en otras investigaciones en curso.

–             Derivado del trabajo de investigadores financieros se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos, meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que lleva a la Presidencia de la República a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti Elías.

–             Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de Gobierno (2012-2015).

–             Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

–             Así, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero –con apariencia de legalidad en muchos casos, pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones.

–             Esta estructura mafiosa utilizó los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse con el poder a través de un partido político denominado Partido Patriota. 

Investigación:

  1. Toda la documentación incautada fue sometida a una investigación y análisis minucioso que incluyó la reconstrucción de los movimientos bancarios de cada una de las entidades, el establecimiento de las actividades mercantiles, el origen y destino de los dineros que a través de las entidades circularon en ingresos y gastos, y eI perfil de los clientes, socios y representantes legales.
  1. Lo anterior permitió establecer que Otto Fernando Pérez Molina  e Ingrid Roxana Baldetti Elías fueron los creadores y beneficiarios de todo el conglomerado empresarial por medio de terceras personas (testaferros).
  1. A través de estas empresas, ambos recibieron beneficios de todo tipo: desde el pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, enseres, electrodomésticos, muebles para residencias y oficinas, hasta la compra de aviones, helicópteros, vehículos, motocicletas, lanchas, terrenos, casas, fincas, bodegas, oficinas y villas, así como los gastos de remodelación, decoración y mantenimientos de los mismos.
  1. A medida que avanzó la investigación se detectaron nuevas entidades vinculadas a la red empresarial, lo que condujo a realizar nuevos allanamientos para documentarlas.
  1. Se recibió además casi un centenar de declaraciones ministeriales de socios y representantes legales de las empresas, abogados, auditores, contadores y proveedores de servicios.

EI objetivo del esquema financiero: lavar dinero de origen ilícito

Lo anterior permitió comprobar que la red empresarial detectada fue el vehículo diseñado para ocultar dineros provenientes de la comisión de diversos delitos por parte de Otto Pérez Molina  e Ingrid Roxana Baldetti, por lo menos desde enero de 2009 hasta abril de 2015, con la participación de varios operadores.

Modalidad 1 de financiamiento electoral ilícito: El caso de las televisoras

–             En el año 2008 Otto Pérez Molina, secretario general del PP, se perfilaba como el candidato presidencial, por lo que captar fondos destinados a la campaña electoral era una prioridad para la estructura. Para ello se echa a andar todo un entramado de empresas controladas por Roxana Baldetti para captar fondos, entre ellas: Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer.

–             Las entidades empiezan a recibir flujos de dinero de Radiotelevisión Guatemala S.A. (Canal 3) y Televisiete S.A. (Canal 7).

–             Conforme avanzó la campaña, Radiotelevisión y Televisiete incrementaron los pagos a las cuatro empresas hasta alcanzar la suma de Q17 millones 679,200.00.

–             Mensual y generalmente en la misma fecha, se registraban dos pagos por Q215.600.00, uno de Radiotelevisión y el otro de Televisiete S.A.

–             Las empresas de televisión que hicieron pagos a entidades de Roxana Baldetti durante la campaña (2008-2011) son beneficiadas con contratos millonarios a partir de la toma de posesión (2012).

Destino de los fondos

–             La investigación permite concluir que las empresas Publiases, Publicmer, Serpumer y Urma fueron instrumentos para canalizar los dineros que de manera oculta entregaban los representantes de las empresas de televisión a la entonces diputada y aspirante a la Vicepresidencia, Roxana Baldetti Elías.

–             Este dinero no se reportó al Tribunal Supremo Electoral y se utilizó para la compra de vehículos último modelo que consistían en: 10 camiones, 1 microbús, 4 camionetas Toyota y una camioneta Chevrolet. Estos se utilizaron para la campaña presidencial del Partido Patriota. 

Modalidad 2 de financiamiento electoral ilícito: Conglomerados de empresas

–             A la estructura criminal del PP se Ie hizo fácil hacerse con el poder gracias al financiamiento de empresarios de todo tipo. Los empresarios entregaban el dinero a las entidades que los operadores del PP les indicaban, a sabiendas que no recibirían por ello algún bien o servicio, pues en la mayoría de casos se trataba de empresas de cartón.

–             Respecto a los pagos vía constructoras, a los empresarios se les facturaba por servicios intangibles y difíciles de rastrear, por ejemplo “uso de maquinaria por mil horas”, modalidad que se repite constantemente.

Modalidad 3: Simulación del origen del financiamiento reportado al TSE

–             Como todas las organizaciones políticas, el Partido Patriota entregaba de forma mensual su reporte de gastos de campaña al TSE. En los informes sobre Ingreso de Aportaciones Dinerarias por Afiliados y Simpatizantes, firmados por el órgano de fiscalización del partido, se detectaron varios financistas que triangularon fondos para ocultar el origen del dinero.

–             Con esta modalidad el Partido Patriota ingresó dinero a la campaña electoral, el cual provenía de empresas y personas particulares, cuyo origen se ocultó por medio de las empresas de Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández.

–             En los reportes consignados al TSE se ve mes a mes cómo las empresas de Monzón y Hernández aparecen reiteradamente como financistas, cuando en realidad recibían fondos de otras entidades. 

14 de enero 2012: La estructura criminal asume el poder:

–             La maquinaria ilícita de lavado de dinero que les sirvió para llegar al poder siguió operando y se amplió a partir del año 2012. Para ello se valieron de operadores claves a quienes se les asignaron determinadas instituciones, los cuales respondían a un mando único integrado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

–             Desde ahí se coordina todo un andamiaje paralelo que opera en función de los intereses del grupo criminal, por medio de cobro de comisiones en contratos con el Estado, así como asignación de obras y servicios, entre otros. 

Rol del operador

Es importante señalar el rol que jugaron los distintos operadores en el esquema criminal, pues eran clave para que la estructura consiguiera sus objetivos.

  1. ERAN EL PODER REAL. Ejercían el poder real de las entidades. En algunos casos el operador era de facto –no estaba nombrado en la institución a su cargo– y en otros casos sí tenía cargo público.
  1. DETERMINABAN PRIORIDADES EN LAS INSTITUCIONES DEPENDIENDO DE LOS INTERESES DE LA ESTRUCTURA. Así, programas, proyectos, contratos y pagos de deuda entre otros, eran priorizados con el objetivo de recaudar determinadas comisiones.
  1. PACTABAN EL COBRO DE LAS COMISIONES o ICM. Tenían la instrucción de tramitar una comisión de por lo menos el 10%, denominada “Incentivo Comercial Monetario” o “ICM” para tramitar los contratos (nuevos y en curso).
  1. CONTROL DE PAGOS. Controlaban la gestión en pos de obtener dineros para la estructura en función de la posición jerárquica, normalmente 60% para Presidente y Vicepresidenta y 40% para los restantes partícipes.
  1. NIVELES DE LOS OPERADORES. Dentro de esta función también había divisiones, pues por el número de instituciones a su cargo, se identifican grandes operadores y otros de mediano tamaño. 

Alcances de la estructura

–             En las diligencias de investigación se han identificado al menos 450 contratos dentro de instituciones del Estado que fueron diligenciados por esta estructura criminal. Lo presentado hasta hoy constituye una especie de “corte de caja”, que muestra la situación actual de la investigación.

–             Es importante indicar que en varios de estos casos fue clave el análisis de las evidencias digitales y documentales recuperadas en los allanamientos practicados a partir del mes de abril del año pasado, lo que permitió descubrir los registros de control de ingresos financieros ilegales que consignaba Juan Carlos Monzón.

A partir de los registros encontrados, se evidenciaron los contratos que las entidades intervenidas por la estructura asignaban a determinados contratistas contra pago de comisiones, el cual era distribuido entre jefes y equipo. A este mecanismo perverso dentro de la estructura se le denominó “Incentivo Comercial Monetario” (ICM). Se determinó que el monto de ICM asciende por lo menos a Q500 millones.

Las capturas

  • Karl Cristian Kaeller de Leon, de 44 años, por el delito de cohecho activo.
  • Boris Orlando Navas Aguilar, de 53 años, por financiamiento electoral ilícito.
  • Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézar, de 33 años, por asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Antonio Rodríguez Vásquez, de 37 años, por el delito de cohecho pasivo.
  • Alex Sical Girón Martínez, de 39 años, por asociación ilícita y cohecho pasivo.
  • Walter de Jesús López Acevedo, de 42 años, por el delito de cohecho activo.
  • Edín Barrientos, de 60 años, por el delito de asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Max Roberto Burgos Faillace, de 68 años, por el delito de financiamiento electoral ilícito.
  • Julio René Barrios Ortega, de 68 años, por el delito de cohecho activo.
  • Deni Leonel Linares Juárez, de 40 años, por el delito de financiamiento electoral ilícito.
  • Denis Leonardo Lam, de 44 años, por el delito de cohecho activo.
  • Julián Muñoz Jiménez, de 48 años, por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo.
  • Doris Alberto Linares Juárez, de 45 años, por el delito de financiamiento electoral ilícito.

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