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Nacionales

Rompe en llanto al escuchar el nombre de su hija entre las fallecidas del Hogar Seguro Nuestra Señora de la Asunción


Impresionada y conmovida, una de las madres sale de la sala de audiencias con ayuda de otras personas.

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La fiscal Berónica de León Guzmán estaba en uso de la palabra ante el juez Carlos Guillermo Guerra Jordán. Explicaba detalles –según la investigación inicial con base en testimonios de sobrevivientes– de cómo las niñas y adolescentes se movían durante el incendio del Hogar Seguro Nuestra Señora de la Asunción. Luego, dio paso a la lectura de las identidades de quienes fallecieron.

 

 

En la sala de audiencias con mayor capacidad para conocer casos de alto impacto están numerosos de los padres y madres de quienes perecieron. En eso, al escuchar el nombre de su hija, una de las señoras rompió en llanto y, ayudada por otras personas –especialmente vinculadas al caso como acusadoras particulares–, fue sacada del recinto. La representante del Ministerio Público (MP) guardó silencio.

Entonces habló por el sistema de audio el titular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia e instructor de la causa penal. Recomendó a las partes procesales –querellantes adhesivos y familiares– así como al público que si son muy sensibles a escuchar la relación de los hechos acaecidos el miércoles 8 de marzo, que lo mejor sería que salieran de la sala de audiencias.

Terminado el dramático episodio, la Fiscalía ha continuado razonando el porqué los tres exfuncionarios capturados el lunes 13 de marzo deben ser ligados a proceso y enviados a prisión preventiva por abuso de autoridad, homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra menores de edad, porque se deduce que actuaron de forma por demás arbitraria.

Se trata de Carlos Antonio Rodas Mejía, Anahí Keller Zabala y Santos Torres Ramírez, en su orden exsecretario y ex subsecretaria de Bienestar Social (SBS), y exdirector del hogar temporal. La fiscal De León ha insistido que evadieron su responsabilidad e hicieron lo que no debían: delegar la función pública en la Policía Nacional Civil (PNC) cuya función exclusivamente es de seguridad.

El abogado Rafael Maldonado dijo al respecto que lamentablemente en el reformatorio Virgen de la Asunción fue cometido el delito de tortura, como lo testimonió una de las sobrevivientes del siniestro. Además, externó dudas acerca de si era legal o no que las ahora exautoridades de dicha institución presidencial delegaran en policías vigilar a las internas -encerradas bajo llave en un espacio pequeño–.

Se ha mencionado en la audiencia de primera declaración de este jueves que al producirse el incendio en el aula donde estaban –porque alguien prendió fuego a una de las colchonetas y rápidamente se propagó–, las menores comenzaron a pedir auxilio a gritos, pero que los elementos de la PNC hicieron oídos sordos lo cual desembocó en la tragedia: 41 muertes.

 

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