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Nacionales

Jueza decreta auto de procesamiento contra dos diputados y tres exlegisladores capturados por caso Plazas “Fantasma”


Como hay más implicados en las contrataciones presuntamente anómalas de personal administrativo, deben ser investigados, indica Claudette Domínguez a César Fajardo, Manuel García, Selvin García, Aleksánder Castillo y Juan Alcázar, presos en Matamoros.

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Dos diputados y tres exlegisladores están siendo ligados a proceso penal esta mañana por la jueza Claudette Domínguez, quien les ofrece los argumentos en que basa la resolución de dictarles auto de procesamiento en el caso Plazas Fantasma del Congreso de la República, aunque de antemano ha expresado –entre otros aspectos– que como “hay otras personas involucradas en las contrataciones, deben investigarse”.

Se trata de los parlamentarios vigentes César Emilio Fajardo Morales y Manuel Marcelino García Chutá, así como sus excolegas Selvin Boanerges García Velásquez, Amílcar Aleksánder Castillo Roca –el primero contra quien hoy emitió orden de procesamiento– y Juan David Alfredo Alcázar Solís –quien se entregó–, detenidos por la Policía la semana pasada dentro de las investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la CICIG por las anomalías detectadas.

 

 

El segundo en ser ligado a proceso –aunque la funcionaria subrayó también que el Ministerio Público (MP) igualmente faltó al principio de objetividad al plantear la acusación, como en las restantes personas– ha sido Alcázar Solís, también por abuso de autoridad y peculado por sustracción, pese a que la defensa había pedido declarar la falta de mérito. En todos y cada uno de los cinco señaló a la fiscalía de faltar al principio de objetividad.

A García Velásquez, García Chutá y Fajardo Morales se les imputan los mismos delitos. La jueza ha criticado en su intervención que en estos casos el MP ha intentado sorprenderla al consignar en la averiguación aspectos no reales, como que los implicados establecieron de “forma abusiva y antojadiza” los salarios de los contratados, extremo que en ningún momento acreditó. También señaló a los abogados de la defensa de no haber comprobado ante ella que asistían diariamente a laborar.

En conclusión, Claudette Domínguez ha ligado a proceso a los dos congresistas y sus tres excolegas de Organismo Legislativo por la existencia de indicios racionales suficientes de la posible comisión de los delitos. –Entre los aspectos de su razonamiento, la Jueza A de Mayor Riesgo mencionó que el personal contratado incluso tomaba posesión antes de celebrarse la firma del contrato de trabajo, lo cual resulta una ilegalidad–.

Siguen fugitivos

A solicitud del Ministerio Público (MP), ese juzgado emitió ocho órdenes de privación de libertad contra implicados en el expediente “Plazas fantasma” del Legislativo. Como el miércoles se ejecutaron cuatro y el jueves se entregó Alcázar Solís, son dos los prófugos o políticos que siguen siendo buscados:

–             Carlos Enrique López Girón, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quinto secretario de la Junta Directiva del periodo 2015-2016 que presidió el fugitivo Luis Rabbé.

–             Pedro Gálvez Hernández, excongresista por el cancelado Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exquinto secretario de la directiva 2014-2015 que dirigió Arístides Baldomero Crespo Villegas, requerido en antejuicio por el MP y la CICIG.

–             Julio César López Villatoro, exdiputado del partido  UNE y segundo vicepresidente de la Junta Directiva 2015-2016.

Informe del MP

–             En seguimiento a la investigación del caso “plazas fantasma”, en operativos coordinados entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, la CICIG y el Ministerio de Gobernación, el miércoles 22 se capturó a dos diputados y dos excongresistas, quienes integraron las juntas directivas del Legislativo 2014-2015 y 2015-2016.

–             Las órdenes de captura fueron emitidas por la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.

–             Se les vincula con la contratación irregular de personal y creación de plazas fantasma en el Congreso, lo cual facilitó la sustracción de fondos públicos en perjuicio del patrimonio de la institución.

–             De este fenómeno criminal se determinaron dos modalidades de contratación: La primera a través de nombramientos de personal bajo el reglón presupuestario 022, que no reunía los requisitos para cumplir con el perfil del puesto y sin justificar una estricta necesidad para nombrar a este personal, al margen de cualquier verificación de capacidad presupuestaria o de otra índole.

–             Además, se evidenció que los integrantes de dichas juntas directivas pactaron distribuir entre sus miembros un alto número de plazas para contratar personal con el presupuesto del Legislativo.

–             La segunda modalidad se realizó a través de la creación de “plazas fantasma”, en la cual se determinó que varias de las personas asignadas a cada diputado no se presentaban a laborar a la sede del Legislativo, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o a empresas propiedad de los diputados.

Las capturas del miércoles 22

Las aprehensiones de los sindicados se realizaron en diferentes lugares de la capital:

< César Emilio Fajardo Morales (diputado independiente). La Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad en febrero de 2017. Como primer secretario de la Junta Directiva 2015-2016 solicitó sin justificación la contratación de 20 personas para su oficina, en su mayoría asistentes y bajo el renglón 022, con salarios entre Q7,000 a Q15,000, aparte de las tres contrataciones que le faculta la ley del Legislativo. Además, se determinó que tenía a su cargo a tres personas que cobraban salario y no asistían a laborar en el Legislativo.

< Manuel Marcelino García Chutá (diputado del partido MR). La Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad en enero de 2017. Como tercer secretario de la Junta Directiva 2015-2016 solicitó sin justificación la contratación de 22 personas para su oficina, en su mayoría asistentes y bajo el renglón 022, con salarios entre Q10,000 a Q15,000, aparte de las tres contrataciones que le faculta la ley del Legislativo. Además, se determinó que tenía bajo su cargo a ocho personas que cobraban salario y no asistían a sus labores en el Legislativo.

< Selvin Boanerges García Velásquez (exdiputado del partido CREO). Como tercer vicepresidente de la Junta Directiva 2015-2016 solicitó sin justificación la contratación de 13 personas para su oficina, en su mayoría asistentes y bajo el renglón 022, con salarios entre Q5,000 a Q15,000, aparte de las tres contrataciones que le faculta la ley del Legislativo. Además, se estableció que tenía a su cargo cinco personas que cobraban salario y no asistían a sus labores en el Legislativo.

< Amílcar Aleksander Castillo Roca (exdiputado del PP). Como primer secretario de la Junta Directiva del Congreso 2014-2015 solicitó sin justificación la contratación de 16 personas para su oficina, en su mayoría asesores y bajo el renglón 022, con salarios de Q7,500 a Q20,000. Además, se determinó que tenía a su cargo tres personas que cobraban salario y no asistían a sus labores en el Legislativo.

Antecedentes

Por este caso están ligados a proceso y en prisión preventiva los exdiputados Edgar Romeo Cristiani Calderón, Alfredo Augusto Rabbé Tejada, Carlos Humberto Herrera Quezada y el exdirector general del Congreso, José Luis Mijangos Contreras, por su participación en la contratación irregular de personal y creación de plazas fantasma en el Congreso de la República.

Pendientes de que la Corte Suprema de Justicia les retire la inmunidad están los diputados Arístides Baldomero Crespo Villegas y Christian Jacques Boussinot Nuila, mientras que Luis Armando Rabbé Tejada se encuentra prófugo de la justicia.

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