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Nacionales

Vocalista y exdirector de Espectáculos Públicos Pablo Cristiani es detenido por violencia contra la mujer


El polémico cantante de Los Miseria Cumbia Band fue destituido del Ministerio de Cultura por haber otorgado contratos a su grupo musical, y hace algún tiempo también se vio envuelto en violento incidente con un espectador.

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Pablo Cristiani, vocalista del grupo musical Miseria Cumbia Band, fue capturado anoche por existir una orden judicial en su contra girada desde el 5 de marzo, sindicado del delito de violencia contra la mujer. Se encontraba en el Ministerio Público (MP) para comparecer ante un juez de femicidio, quien determinará si queda en libertad, le otorga una medida sustitutiva o deberá cumplir prisión preventiva mientras se realiza la investigación.

Cristiani fue Director de Espectáculos Públicos del Ministerio de Cultura y Deportes durante el gobierno Patriota, etapa en la que se le señaló por otorgar cuantiosos contratos a su grupo musical. Terminaron al costarle el puesto a finales de abril del 2015.

 El 27 de ese mismo mes, el entonces ministro Dwight Pezzarossi –actualmente en prisión– lo destituyó, aunque reconoció que tal decisión estaba tomada desde el día 16. Explicó que el despido obedecía a una evaluación de su trabajo, desestimando las críticas que el vocalista había recibido por publicar en redes sociales comentarios contra los operativos anticorrupción que destaparon el caso “La Línea”.

Incidente violento

Cristiani también se vio envuelto en un incidente violento durante una presentación de su grupo Miseria Cumbia Band, en la cual había recibido críticas a gitos por parte de un espectador, por lo cual descendió del escenario para propinarle al menos tres golpes.

Familiares con señalamientos

En agosto pasado, su esposa Manola Zarcó quedó ligada a proceso acusada de haber obtenido beneficios en el caso Plazas Fantasmas, obtenidas por el en aquel entoonces diputado del Partido Patriota (PP), Pablo Cristiani. 

El exparlamentario guarda prisión preventiva por el mismo proceso, después de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP los sindicaran de contratar a 19 asistentes que no llegaban a trabajar al Congreso, pero que sí cobraban salarios de entre Q10 mil y Q20 mil mensuales.

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