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Nacionales

Etapa II incumple con separar a los mayores transgresores


La oficina del PDH alertó sobre deficiencias en los centros de privación de libertad para menores en conflicto con la ley penal.

 

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Una nueva irregularidad en la administración de los establecimientos a cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) quedó en evidencia tras el motín en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones Etapa II. La jueza de Ejecución de medidas para menores en conflicto con la ley penal, Verónica Galicia, verificó el domingo que el lugar estaba ocupado por 17 adolescentes y 47 adultos.

La Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia, conocida como PINA, establece que quienes son sancionados siendo menores de edad, deben ser separados del resto de la población cuando cumplan 18 años. Nunca enviados a una prisión para mayores, pero sí deben recibir un tratamiento distinto, de acuerdo con la normativa.

“Es uno de los graves incumplimientos de la SBS desde la vigencia de la Ley PINA, deben ser trasladados a un centro específico siempre bajo la responsabilidad de la SBS porque permitirá seguir con el proceso de acompañamiento integral que establece el proyecto educativo”, dijo Zoel Franco del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.

La separación, por una parte, persigue proteger al menor de edad y a la vez brindar programas acorde con las expectativas de los mayores de edad, añade Franco. Si a un joven de 17 años se le aplica la sanción máxima de seis años, se prevé que salga a los 23 años; al cumplir 18 debe recibir un abordaje distinto de parte de la SBS, explica.

Múltiples alertas

Pero durante varias administraciones la SBS no ha tenido voluntad política para cumplir con la ley, añade Franco. El Instituto, desde 2007, alertó sobre deficiencias e incumplimientos en los centros de privación de libertad para menores, pero no fueron escuchados. Esa llamada de atención no fue la única. Diversos juzgados, así como la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, señalaron violaciones a los derechos humanos, sin evidencia de acciones para revertir la situación.

En octubre de 2016, la PDH documentó que los jóvenes no tienen acceso a agua potable, que el personal es insuficiente y que el número de internos supera la capacidad del centro.

Las celdas son sucias, con planchas de cemento, algunas cubiertas con esponjas.

En febrero último, la PDH efectuó una supervisión en la que constató el cumplimiento de algunas de las recomendaciones para ampliar la infraestructura y contratar más personal.

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