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Nacionales

Presidente nombró gobernadores “no idóneos” para ocupar el cargo


Señalamientos de la Contraloría General de Cuentas, adeudos tributarios y juicios laborales giran en torno a los funcionarios.

 

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No es la primera vez que el presidente Jimmy Morales nombra a figuras cuestionables en su administración. En 2016, designó como gobernadores a exintegrantes del partido oficial y proveedores estatales. Y el viernes pasado presentó a ocho nuevos gobernadores cuya idoneidad está en duda, según el analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), José Carlos Sanabria.

El gobernador de Huehuetenango, Julio Calderón Flores, fue condenado en enero de 2011 por el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo de Huehuetenango al pago de Q19 mil 276 por prestaciones, daños y perjuicios por el “despido directo e injustificado” de una profesora del colegio de su propiedad. En otro caso,  iniciado en 2012, fue condenado por estafa mediante cheque.

Su antecesor, Hiram Martínez, denunció públicamente que Calderón Flores es apoyado por la cúpula militar del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) cuyos intereses son “acaparar” negocios en esa jurisdicción.

Allegado a Pérez y Baldetti

Otro de los nombramientos cuestionados es el de Héctor Eduardo Flores Moscoso, en Santa Rosa, quien según una publicación de elPeriódico, es allegado de Roxana Baldetti y Otto Pérez y amigo del exministro de Agricultura Elmer López, sindicado en el caso El Bodegón. Entre 2012 y 2014 trabajó para el Ministerio de Agricultura (MAGA) como director de Asistencia Alimentaria y encargado de la entrega de alimentos, cuando la CGC identificó falta de planificación en la entrega de alimentos valorados en Q492.9 millones. Hasta el año pasado Flores Moscoso continuaba contratado en el MAGA bajo el renglón 011.

El juramentado para Sacatepéquez, Carlos Rafael Moreira Salazar, aparece como inhabilitado por adeudo tributario en el portal de compras públicas, Guatecompras. El funcionario prestó servicios en el Ministerio de Comunicaciones y en el extinto Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).

Oswin René Morales Flores fue nombrado nuevamente como gobernador de San Marcos, pese a que en 2016 la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó su retiro porque no fue propuesto por los integrantes del Consejo Departamental.

Marvin Estuardo Alvarado Morales, de Totonicapán, es propietario de la compañía CICSA, que ha obtenido Q25.5 millones en contratos públicos. En 2007, la Contraloría le impuso una sanción de Q425 mil 621 por deficiencias en la ampliación de una escuela.

Gustavo Adolfo Sosa García, nuevo gobernador de El Progreso, fue candidato a alcalde de San Agustín Acasaguastlán en 2015 por el FCN.

Peligroso “premio de consuelo”

Las gobernaciones han sido un “premio de consuelo” para quienes no resultan electos durante los comicios y los señalamientos suponen una amenaza para el manejo de fondos públicos, consideró el politólogo, Renzo Rosal. El vocero presidencial, Heinz Hiemann, aseguró que Morales ordenó los nombramientos tras un análisis de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva y la Presidencia.

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