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Nacionales

Secretaría de Bienestar no acató resolución del Organismo Judicial


Jueza de Paz que no realizó la exhibición personal al Hogar Seguro Virgen de la Asunción, la noche del martes, es investigada.

 

Las declaraciones de Carlos Rodas, titular de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia, en las que responsabiliza a dos jueces por el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que dejó como saldo 35 niñas fallecidas, fueron desmentidas ayer por magistrados del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Delia Dávila, presidenta de la Cámara Penal de ese organismo, indicó que los jueces de Control de Ejecución de Medidas para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, Verónica Galicia y Carlos Arsenio Pérez Chegüén, emitieron varias resoluciones para proteger la integridad de los niños y adolescentes que se encontraban internados.

Una de ellas se dictó horas antes de la tragedia, y ordenaba el traslado de 53 adolescentes varones identificados como conflictivos, del lugar a otras casas de protección, no obstante, la SBS no acató la orden bajo el argumento que no tenía a dónde llevarlos.

“Se ordenó el traslado de los que supuestamente ocasionaron los disturbios, pero no hubo ningún hogar que los recibiera, ellos ya estaban en el bus pero las autoridades (SBS) indicaron que no había lugar a dónde llevarlos. La Secretaría dispuso que iban a hacer un espacio en la casa Elisa Martínez, según informaron al juez”, dijo Dávila.

Además, recordó que el 12 de diciembre del año pasado, la Jueza Sexto de la Niñez y Adolescencia, Silvia Lorena Vásquez Calderón, ordenó el cierre inmediato de esa casa de albergue por denuncias de malos tratos, violaciones a derechos y hacinamiento, pero la única respuesta de la Secretaría fue destituir a la directora del lugar.

La magistrada María Eugenia Morales, junto a Dávila y el presidente de esa Corte, Nery Medina, brindaron ayer una conferencia de prensa.

Morales declaró que con esas resoluciones se evidencia que hubo advertencia en cuanto a los riesgos que corrían los menores.

“Existen resoluciones judiciales que ordenan el actuar, pero los jueces no pueden ir más allá, el ente que tiene la administración de esos lugares son los responsables por velar por un modelo que sea el adecuado y que las condiciones sean las propicias para los menores. Nosotros como CSJ hacemos lo que la Constitución nos permite, pero cada institución le corresponde lo que tiene como obligación”, subrayó.

Investigarán a juez

El secretario de la SBS dijo que el martes en la noche mientras los jóvenes se amotinaban, solicitaron la presencia de un juez de turno para el traslado y el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) pidió una exhibición personal.

Para cumplir con esa última acción, se presentó esa noche al lugar la jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Murillo, quien no ingresó a la casa porque aseguró que las autoridades de la casa no se lo permitieron, por lo que no se pudo realizar la evaluación de las condiciones de los menores.

Por esa actitud, la jueza Murillo está siendo investigada por parte de la Supervisión de Tribunales del OJ y del Ministerio Público (MP), refirió el presidente de la CSJ. “La juez que llegó no tuvo el suficiente carácter, ella como juez constitucional tenía todo el poder para entrar, ella tendrá que informar qué fue lo que pasó”, dijo.

Desde el miércoles, luego del incendio, el Juez Metropolitano de la Niñez y Adolescencia, Orlando Calderón, empezó la entrega de los niños sobrevivientes a sus familias, y se ordenó que en ocho días se inicien las audiencias para solventar la situación jurídica de los menores.

Sin  actuar

Los integrantes de cinco comisiones de trabajo del Congreso cuestionaron ayer al titular de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Antonio Rodas, en relación al incendio ocurrido el miércoles de esta semana en el hogar. El funcionario reiteró que, al momento de retirarse ese día, entre las 20:30 a 21:30 horas “todo estaba tranquilo” y que lo último que conoció es que la Policía Nacional Civil (PNC) formó dos filas con más de 40 adolescentes, sacaron los escritorios del salón de clases y del mismo en donde se produjo el incendio.

En la madrugada del miércoles las monitoras entregaron a las menores varias colchonetas y cerraron la puerta, fue lo último que dijo conocer Rodas. Agregó que quien se quedó a cargo del hogar fue Santos Torres, quien ya fue destituido por el presidente Jimmy Morales; el Secretario refirió, además, que desconocía si la puerta fue cerrada con llave y por qué no se abrió cuando comenzó el siniestro. De acuerdo a varios diputados que visitaron ayer el hogar, manifestaron que según las versiones de algunas monitoras el salón donde se produjo el incendio estaba resguardado por agentes mujeres de la PNC. En tanto el oficial de la Comisaría 13 de la PNC, Wilson López, dijo en otra citación que llamó a las 22:00 horas al mandatario Morales para informarle de lo que ocurría en el lugar.

SBS apeló orden de juez

>En diciembre de 2016, el Juzgado Sexto de la Niñez condenó al Estado por las violaciones a los derechos humanos de los niños bajo protección del Hogar Seguro. La sentencia dio respuesta a una denuncia presentada en septiembre por la PGN, luego de la evasión de 40 menores.

Sin embargo, dicha resolución fue apelada por la Secretaría de Bienestar Social.

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