Propiedades inmuebles, vehículos y cuentas bancarias figuran entre las posesiones bajo escrutinio en la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía contra Lavado de Dinero, para determinar si fueron adquiridos o no con fondos de origen ilícito.

Dicha unidad del Ministerio Público (MP) informó que durante 2016 trasladó 93 bienes a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), entre los que se cuentan las residencias vinculadas con el exbinomio presidencial señalado por diversos hechos de corrupción.

La jefa de la Fiscalía, Sara Sandoval, explicó que las medidas cautelares de embargo o inmovilización se solicitan para prevenir que los bienes sean trasladados a terceros –personas o sociedades– o puedan ser adquiridos por compradores de buena fe.

Sin embargo, para iniciar una acción judicial de extinción de dominio se requiere de un proceso de investigación exhaustivo, para demostrar que los bienes fueron adquiridos con fondos de origen ilícito o que no corresponden a la capacidad económica de sus dueños, añadió Sandoval.

La complejidad de dichas pesquisas supone, por ejemplo, elaborar el perfil económico de las personas que figuran como propietarias de los bienes, para lo que se deben girar no menos de 300 oficios en los que se requiere información para después analizarla.

Mientras se desarrollan esos procesos, los bienes quedan bajo resguardo y administración de la Senabed, que invierte miles de quetzales para cumplir con dicho propósito. El encargado de comunicación de la Secretaría, José Aguja, explica que se deben efectuar todas las tareas de mantenimiento para que los bienes se conserven en las mismas condiciones en las que fueron recibidos.

Costos de administración

La conservación de inmuebles es de las que más recursos demanda, explica Aguja: Por ejemplo, en la finca en Zaragoza, Chimaltenango, propiedad de Otto Pérez Molina, se han invertido Q127 mil. El gasto más fuerte corresponde a Q87 mil en fertilizantes para la producción de aguacates.

Las residencias que tienen piscina también representan un alto costo. Este es el caso de de la casa de playa en Marina del Sur, que pertenecía a la ex vicemandataria Roxana Baldetti. En total, se han erogado Q82 mil en trabajos de jardinería, pintura y mantenimiento preventivo de bombas, entre otros.

Todos los gastos se financian con el 15 por ciento del dinero extinguido a grupos del crimen organizado. En 2016, totalizaron los US$9 millones y Q2.5 millones, según el MP.

Seis agencias

Iniciar acciones judiciales de los bienes bajo resguardo de la Senabed es el objetivo del MP, pero se requiere tiempo, indicó Sandoval. En total, son seis agencias las que están a cargo de las pesquisas.