La solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público (MP) en contra del magistrado presidente de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, Jaime Amílcar González Dávila, señalado del delito de falsedad material por firmar una resolución de Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la cual no había participado, fue rechazada in limine, y se mantuvo en secreto desde el 3 de noviembre del año pasado.

Ayer se conoció que el Pleno en donde se resolvió esa petición judicial, fue integrado por 12 magistrados de Salas de Apelaciones, y presidido por el titular vocal VI de la CSJ, José Antonio Pineda Barales, según lo explicó el togado Sergio Amadeo Pineda Castañeda.

Pineda Castañeda dijo que el resto de magistrados titulares decidió excusarse de conocer ese expediente, debido a la investigación que realizaba el MP y la Supervisión de Tribunales.  El caso se deriva de la denuncia que interpuso el 10 de octubre, María Eugenia Morales Aceña, luego de detectar la firma de un magistrado que no había participado en una reunión donde se rechazó por mayoría de votos una de las cinco solicitudes de antejuicio en contra de Luis Rabbé.

“Derivado de los inconvenientes que hubo con ese expediente, la mayoría de magistrados nos excusamos de conocer y solo lo atendieron los presidentes de Sala de Apelaciones”, dijo el funcionario.

La denuncia de Morales Aceña  incluye solo a los magistrados González Dávila, y a los exintegrantes de la Cámara de Amparo y Antejuicio, Nester Vásquez Pimentel, Silvia Patricia Valdés y Vitalina Orellana.

El caso se desveló tres meses después, luego que Morales Aceña confirmó a elPeriódico sobre la existencia de dicha denuncia.

Mientras tanto, la oficina de comunicación del Organismo Judicial, los mismos magistrados y el MP, prefirieron no  hablar de la existencia de ese proceso que ingresó el  3 de noviembre y fue resuelto el 21 de ese mes.

En ese lapso de tiempo  se resolvieron varios casos,  entre estos  el rechazo de la CSJ al antejuicio promovido por el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, en contra del presidente Jimmy Morales, por emitir el Acuerdo Gubernativo 5-2016, en donde se señalaba que se restringían algunas libertades constitucionales dentro de un Estado de Emergencia.

Continúa la investigación

A pesar que la solicitud de antejuicio en contra de González Dávila fue rechazada sin haberla conocido de fondo, tanto la fiscalía del Ministerio Público como la supervisión de tribunales del Organismo Judicial continúan la investigación para establecer si fue un error administrativo o se trata de un hecho ilícito.

Sanción

> Al oficial que le fue asignada la tarea de llevar el documento para recibir las firmas, y el que supuestamente cometió el error de llevárselo a otro magistrado que no era el correcto, fue sometido a un régimen disciplinario.