A criterio del abogado constitucionalista, Carlos Molina Mencos, el aporte al Fidemuni que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) asigna, desde 2009, en el Presupuesto General de la Nación es “ilegal e inconstitucional”, debido a que la figura de aporte económico no está legislada y que el Estado hizo algo que no le correspondía al “enajenar” fondos públicos, porque no está regulado en la Constitución Política.

“El Estado solo puede hacer aquello para lo que está expresamente facultado. El Congreso faculta al Estado por medio de una ley para que enajene bienes del Estado a un fideicomiso, pero la Constitución dice que la enajenación de bienes del Estado deberá hacerse con las leyes vigentes, léase la Ley de Contrataciones (…); para mí son actos ilegales del Congreso porque no está facultado para hacerlo. Ahora, allí habría que plantear una inconstitucionalidad… el problema es que a nadie le interesa hacerlo”, señaló Molina Mencos.

De acuerdo con los decretos de los presupuestos aprobados entre 2009 y 2017, en las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro se asignaron Q1 mil 190 millones al Fidemuni, bajo la modalidad de “Transferencias a Empresas Públicas Municipales”. Sin embargo, el artículo 257 de la Carta Magna prohíbe “toda asignación adicional dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para las municipalidades, que no provenga de la distribución de los porcentajes que por ley les corresponda sobre impuestos específicos”. El artículo establece que el Ejecutivo deberá incluir un 10 por ciento del Presupuesto para las comunas.

Malversación

En las auditorías hechas por la Contraloría General de Cuentas (CGC) los integrantes del comité técnico han argumentado que la conformación del fideicomiso se ordenó en la Ley del Fomento al Transporte de la Capital y Áreas de Influencia Urbana (decreto 106-96), modificada por los decretos 10-97 y 75-98. Dicha norma ordena a la cartera de Finanzas y la comuna capitalina, la constitución del Fidemuni para administrar los fondos. Su finalidad es “fomentar la prestación del servicio público de transporte colectivo en la ciudad de Guatemala y sus áreas de influencia urbana”.

Para el abogado constitucionalista, el traslado de fondos a estas figuras económicas podría constituir malversación de fondos, debido a que los aportes se realizan sin una base legal suficiente. Agregó que quienes aprobaron los decretos para autorizar las transferencias al Fidemuni cometieron ilegalidades porque no tomaron en cuenta la prohibición constitucional. Según el Minfin, hasta el 26 de diciembre último se encontraban vigentes 31 fideicomisos, entre estos en las municipalidades de Chinautla, Villa Nueva, Guatemala y Santa Catarina Pinula.

“¿Dónde está la figura aporte económico? yo no la conozco. El único aporte económico que conozco y está legislado es el aporte a la sociedad para constituir o aumentar el capital por parte de los accionistas. Aporte económico es donde yo mantengo la propiedad del dinero, yo aporto a un capital que es proporcionalmente mío en el monto que yo ya he aportado… usan palabritas para disfrazar malversación de fondos, eso es lo que es”, sostuvo Molina Mencos.

Dudas sobre los fondos

En la auditoría practicada por la CGC en 2014, dicha institución cuestionó que el fideicomiso no registraba la ejecución presupuestaria en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), también indagó sobre la prohibición constitucional para trasladar fondos a las municipalidades, diferentes de los que establece la Constitución, por lo que la Contraloría enviará una opinión jurídica a la Procuraduría General de la Nación (PGN) sobre esa modalidad de aporte económico, anunció el contralor Carlos Mencos, pero no detalló en qué consistiría dicha opinión.

Los representantes del comité técnico del Fidemuni respondieron a los auditores de la Contraloría que a dicha institución no le aplica la prohibición constitucional porque los aportes provenientes del Minfin y la Municipalidad capitalina ingresan directamente a las cuentas del fideicomiso y no de la comuna, “por lo tanto el registro de los citados ingresos los realiza el fiduciario, en virtud que los contratos del fideicomiso constituyen patrimonios autónomos ajenos a los del fideicomitente (Minfin y Municipalidad), representados por el fiduciario (Banco CHN) quien, entre otras obligaciones, debe mantener registros contables separados para todas las operaciones que efectúe en el ejercicio de la fiducia”.

Una evaluación financiera de la CGC reveló que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 el Fidemuni erogó Q3.8 millones para el mantenimiento de 28 buses articulados del Transmetro marca Volvo tipo B-340M modelo 2013; pero, las unidades son arrendadas por el Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU), lo cual no le correspondía a la institución. Todas las facturas fueron pagadas a la empresa Técnica Universal, S.A.

En ese mismo año la Municipalidad, a través del Fidemuni, arrendó buses a la compañía Expansión Corporativa Milenium, S.A. por Q921 mil 200, la cual es una de las fundadoras del Transurbano y parte de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU). Además alquiló unidades a las empresas Hinorent, Diferencial Cambiario y Mysatran por Q23.7 millones, Q11.6 millones y Q833 mil, respectivamente.

Más hallazgos

La legalidad de transferencia de fondos del Presupuesto hacia los fideicomisos en instituciones públicas es cuestionada. Solo en 2015 la CGC reportó diez hallazgos en el área financiera del Fidemuni, a cargo de la Municipalidad de Guatemala, en los que evidenció irregularidades en la contratación de empleados, integración de juntas de licitación y discrecionalidad en el uso de fondos.

De acuerdo con la auditoría, en 2015 el Comité Técnico del Fidemuni autorizó la contratación de 16 asesores por un monto de Q1.7 millones; sin embargo, los empleados al mismo tiempo ocupaban plazas 011 en la Comuna capitalina y en la Empresa Municipal de Transporte (EMT) donde cobraron Q3.5 millones. La Contraloría determinó que lo anterior fue una duplicidad de beneficios económicos y ocasionó detrimento a las arcas del Estado.

Entre los empleados con doble plaza están Alessandra Lossau García-Gallont, directora de Movilidad Urbana en la Municipalidad, con un salario de Q20 mil 100 mensuales. A ella también se le autorizó un contrato por Q39 mil 200 como asesora del Fidemuni entre el 1 de junio y el 22 de diciembre de 2015. Por estas irregularidades la CGC emitió sanciones económicas por Q47 mil a la presidenta del Comité, Luisa María Salas; el secretario Friederich García-Gallont Bischof y contra el fideicomitente Dorval Carías.

Los representantes del Fidemuni respondieron a los auditores que, por tratarse de un fideicomiso, el Código de Comercio los amparaba en la “libertad de contratación”. A pesar de eso la Contraloría confirmó el hallazgo. Otra de las contrataciones irregulares fue la de Giovanni Musella Thurm, coordinador del Transmetro, con sueldo de Q32 mil 400 en la EMT y un contrato por Q139 mil 200 como asesor del Fideicomiso de Transporte al mismo tiempo.

Arzú, opaco

En el informe los auditores de la Contraloría indicaron que, al evaluar el Plan de Auditoría Interna de 2015 en el Fidemuni, se constató que en el Acuerdo de Alcaldía AA-36-2014 elaborado por el jefe edil, Álvaro Arzú, se evidencia que únicamente se efectuarán auditorías a las transferencias y traslados que se hicieron al fideicomiso por parte de la Municipalidad y no a los documentos sobre la ejecución de egresos para determinar la transparencia y calidad del gasto público. En 2015 la cartera de Finanzas asignó al Fidemuni, Q150 millones.