El pleno parlamentario ha integrado mediante balotaje esta tarde con cinco diputados la comisión pesquisidora que, por mandato constitucional, investigará y rendirá dictamen sobre si procede o no despojar de su inmunidad a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Aída Stalling, contra quien el Ministerio Público (MP) solicitó antejuicio señalándola de tráfico de influencias hacia el juez del caso penal IGSS/Pisa en el que uno de sus hijos está implicado.

Los congresistas que la conforman gracias al sorteo con ls baotas en una tómbola son Julio Longo, del bloque FCN-Nación, presidente; Germán Velásquez, del Partido Patriota, secretario; Eva Monte, de Alianza Ciudadana; Mario Velásquez, de Compromiso, Renovación y Orden; y Oliverio García Rodas, del Movimiento Reformador, como vocales del grupo que citará y escuchará a las partes involucradas en el caso judicial, para finalmente rendir el dictamen correspondiente a más tardar en dos meses plazo.

Antecedentes

El Vocal del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano Pineda, denunció a la magistrada Blanca Stalling por haber proferido presiones en su contra y pedido información sobre el caso en el que se encuentra acusado el hijo de la magistrada.

En el caso conocido como IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula, Ruano se excusó de continuar conociendo el juicio argumentando respeto a la independencia judicial, la cual se vio violentada cuando la magistrada lo llamó a su despacho e intentó influir en el caso.

Ruano dijo, al iniciar la audiencia, que ayer interpuso una denuncia penal en el Ministerio Público (MP), e informó a los representantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sobre los hechos suscitados con la magistrada.

Activistas protestaron frente al Organismo Judicial, piden la renuncia de la magistrada Blanca Stalling https://t.co/oMHAF83VJ3 pic.twitter.com/NWvQSgKjsr

— elPeriódico (@el_Periodico) 12 de enero de 2017

Según el juez, la madre del acusado Otto Molina Stalling lo citó a su despacho para requerir información sobre el debate oral y público en el que se encontraba Molina.

Asimismo, aseguró que no emitió opinión del caso, lo cual puede probar y ya lo hizo del conocimiento del MP, aduciendo que siempre ha sido transparente en su trabajo y que esa reunión se podría malinterpretar, por lo que cumplió con su deber al excusarse de continuar conociendo el caso y presentar su denuncia en las instituciones correspondientes.

Sandra Aguilar, abogada de Molina, dijo que no aceptaran la excusa del juez ya que sus argumentos no están sustentados legalmente. La ley estipula que debe de existir una enemistad entre los implicados, la cual según Aguilar no existe.

Además, señaló que la magistrada no es parte del proceso por lo que no se debe aceptar la excusa.

Por su parte los querellantes se pronunciaron a favor de aceptar la excusa del juzgador, la que de ser aceptada tendría que reiniciar la etapa en la que se encontraba el caso desde el pasado 24 de octubre y en la cual ya habían efectuado 33 audiencias.

En 2015, la magistrada Stalling gozó de tres permisos para ausentarse de sus labores sin goce de sueldo porque su cuñada (jueza Marta Sierra de Stalling) y su hijo estaban vinculados en los casos conocidos como La Línea e IGSS-Pisa, respectivamente.