La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigan si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que integraron en la presidencia pasada la Cámara de Amparos y Antejuicios,  intentaron proteger al exdiputado Luis Rabbé y a algunos integrantes de su Junta Directiva, de uno de los antejuicios promovidos en contra de ellos, por haber creado plazas fantasma dentro del Congreso de la República durante su administración.

Por ese caso, el MP presentó la solicitud de antejuicio, con número de expediente 400-2016, en contra de Jaime Amílcar González Dávila, magistrado de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, por el delito de falsedad material.

El proceso se generó con la denuncia que presentó la magistrada María Eugenia Morales Aceña, en contra de sus colegas Sergio Amadeo Pineda, Vitalina Orellana, Patricia Valdés y Néster Vásquez Pimentel, quien presidía esa Cámara.

El origen

Morales Aceña en su denuncia aseguró que el 5 de octubre, en reunión ordinaria de pleno de CSJ, conocieron el antejuicio con número de expediente 255-2016, en contra de Rabbé, Arístides Crespo, Christian Boussinott, Manuel Marcelino Chutá, Carlos López Girón y César Fajardo, el cual rechazaron in limine, con tres votos razonados en contra, entre ellos el de Morales.

La magistrada Silvia García se excusó de conocer ese expediente, y en su lugar integró Gustavo Dubón, magistrado de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.

Al finalizar la reunión, y debido a que tenían que modificar el acta porque existieron votos razonados, el magistrado Vásquez Pimentel se comprometió  a llevar el documento a la oficina de cada magistrado para que lo firmaran de nuevo.

Morales, al percatarse el 10 de octubre pasado que en el documento figuraba la firma del magistrado González Dávila –quien no había integrado, conocido, ni votado en ese proceso– y no la de Dubón, se rehusó a firmar y decidió denunciar el hecho.

“Presenté como prueba el acta, porque en una falsedad el mismo documento es fundamental”, dijo la togada y gregó que la denuncia fue en contra de ese grupo de trabajo, debido a que fue el que manipuló el acta.

En la primera reunión de pleno de 2017, la Corte aceptó para su trámite una nueva solicitud de antejuicio promovida en contra de ese grupo de legisladores, nombrando a Gustavo Dubón como juez pesquisidor.

Se intentó obtener la opinión de la presidenta de la CSJ y de los magistrados denunciados pero no respondieron las llamadas de este medio.

Ratifican denuncia

Ayer la Fiscalía Contra Delitos Administrativos del Ministerio Público ratificó la denuncia en contra de Luis Rabbé y el grupo de diputados que dirigieron el Congreso de la República de 2014 a 2015.

La denuncia fue presentada en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, bajo la acusación de que pudieron haber contratado a por lo menos 180 personas de forma ilegal.