El diputado del bloque oficial Frente de Convergencia Naciona (FCN-Nación) Edgar Faustino Ovalle puede salir del país.  La jueza primero “A” de Mayor Riesgo, Claudette Domínguez, decidió ayer levantarle el arraigo que le había sido decretado. En contra del legislador existe una solicitud de antejuicio planteada por el Ministerio Público (MP) por delitos de lesa humanidad.

La juzgadora indica en su resolución que ha transcurrido “más de un mes” sin que el MP haya presentado algún avance en el trámite de retirarle la inmunidad al diputado para someterlo a una investigación.

“Más de un mes sin que el MP haya agilizado dichas diligencias de promover el antejuicio, ni tampoco ha presentado a la juzgadora alguna resolución donde se pueda dar continuidad a la persecución penal, o dar sustento y mantener vigente la medida precautoria de arraigo”, declaró.

Domínguez les increpó a los fiscales del MP, que aunque entiende que Ovalle ha presentado diferentes recursos que han dilatado el trámite de antejuicio, los investigadores no presentaron los informes correspondientes lo que ha atrasado la diligencia.

Resaltó que en el caso de los abogados defensores sí informaron sobre las acciones que han tomado, como la recusación que fue elevada a la Corte Suprema de Justicia el pasado 11 de enero.

Ovalle y su estrategia

Ovalle presentó la semana pasada por medio de sus abogados defensores un nuevo amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), con el cual busca dejar sin efecto la resolución de la CSJ en la que no fue aceptada la excusa presentada por la jueza pesquisidora, Magistrada Benicia Contreras, para seguir conociendo el proceso en contra del parlamentario.

Además, recusó a Contreras para que ella no continúe diligenciando el expediente de solicitud de antejuicio en su contra. La razón de la defensa es porque asegura que la Magistrada mantiene una enemistad con uno de los abogados defensores de Ovalle, y a criterio de los juristas, la Corte no puede obligar a la juzgadora a conocer un proceso que no desea.

La Fiscalía de Derechos Humanos del MP presentó la solicitud de antejuicio el 6 de enero de 2016. Los Magistrados de la CSJ resolvieron rechazar esa petición el 28 de enero de ese mismo año.

Razón por la que el MP presentó un amparo en la CC para dejar sin efecto esa resolución. Es así como el máximo tribunal constitucional le ordenó a la CSJ volver a fundamentar su resolución, en agosto pasado.

Diez días después la Corte Suprema enmendó su fallo y aceptó para su trámite la solicitud, nombrando como juez pesquisidor a la Magistrada Contreras.

Abogada señalada

Edgar Ovalle, señalado de los delitos de desapariciones forzadas y de deberes contra la humanidad mientras ejecutó su cargo de coronel del Ejército, contrató los servicios de la abogada Ligia Anabela Alvarado Batres.

La abogada, hace unos meses atrás, fue señalada de haber autorizado escrituras públicas de compraventa de bienes inmuebles con firmas falsas de sus propietarios.