La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) anunció ayer que accionará legalmente en contra de los funcionarios de la cartera de Economía que firmaron el acuerdo ministerial en el que se aumenta el arancel al pollo de importación. La medida fue avalada por el titular del Ministerio, Rubén Morales, y por el viceministro, Enrique Lacs.

El pasado 20 de diciembre, ambos funcionarios autorizaron que, a partir del 1 de enero del presente año, el pollo de importación tendría un incremento del 12.5 por ciento, lo que equivale a un aumento de aproximadamente Q2 en la libra. “¿Quién dispone aplicar esa tarifa diferenciada, cuando desde hace diez años no se aplicaba?”, cuestionó el jefe de la UNE, Orlando Blanco, ello ante el silencio de Morales.

“¿Quién dio la orden para modificar este oficio? insistió el diputado Carlos Barreda. El Ministro dijo no recordar quién ordenó la modificación, y que la medida no beneficia a nadie, y agregó que la aplicación del nuevo arancel es en cumplimiento a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.  Los legisladores coincidieron en que la decisión de las autoridades es “equivocada”.

Con denuncias

Barreda cuestionó, además, la insistencia de ambos funcionarios en mantenerse por años en el Ministerio de Economía. Preguntó si existía otro tipo de intereses o buscan beneficiar a determinados sectores en la toma de decisiones internas; las respuestas de Morales y Lacs fueron de nuevo no tener ningún interés personal en estar en varios gobiernos bajo el mando del Ministerio.

El tono de la citación subió en el momento en que Barreda le debatía a Lacs sobre por qué modificó el acuerdo que él mismo había creado en 2007, en donde el arancel del pollo llegó a un cero por ciento. El Viceministro manifestó que ese acuerdo ministerial que él firmó solo tenía vigencia un año, y que si había alguna responsabilidad en su contra, era el Ministerio Público (MP) quien debería decidirlo.

Lacs confirmó que tenía una denuncia penal por el delito de abuso de autoridad, esto por una empresa de maquila que inicialmente el Ministerio de Economía en otra administración había detectado que evadía impuestos.

Violación al derecho a la alimentación

> Los funcionarios de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) que asistieron a la citación manifestaron que cualquier aumento al precio al consumidor en algún producto alimenticio es una violación al derecho a la alimentación. Los legisladores solicitaron a la  instancia del PDH y a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) entregar para los próximos días un informe sobre el precio del pollo de importación a nivel nacional.