Como parte de los documentos de descargo ante los señalamientos de haber regalado un apartamento a un postulador a cambio de favores en la selección de magistrados, el abogado Roberto López Villatoro presentó un contrato de arrendamiento suscrito entre Giovanni Orellana y Alta Seguridad, una de sus empresas.

Cuando se suscribió el contrato de arrendamiento, con opción a compra, el inmueble aún no estaba inscrito como propiedad de Alta Seguridad ni había sido pagado en su totalidad a los vendedores, los hermanos Escobar Ulloa.

López Villatoro entregó fotocopia del contrato y otros documentos a elPeriódico. El convenio, de fecha 3 de marzo de 2014, está suscrito entre César David Sánchez Pérez –presidente del Consejo de Administración de la sociedad anónima Alta Seguridad en Servicios– y Eddy Giovanni Orellana Donis, ahora magistrado.

En la primera cláusula del contrato, la parte arrendante declara que “es legítima propietaria” del apartamento 2A y los dos parqueos (33 y 34) localizados en el edificio El Torreón, zona 14 capitalina.

En entrevista concedida a este medio, López Villatoro insistió en que a mediados de 2014 no habían podido inscribir el apartamento como propiedad de su consorcio, ya que advirtieron que el inmueble no podía venderse porque estaba inmovilizado por uno de sus cuatro dueños.

El contrato expone que el bien se encuentra pendiente de inscripción, pero no detalla que aún no había sido pagado en su totalidad por la entidad que acredita la legítima propiedad. El pago es una de las condiciones para que se consuma la propiedad, expone el abogado Carlos Ovalle.

El contrato de arrendamiento entre Alta Seguridad y Orellana parece que fue hecho por un mal estudiante de Derecho, en opinión de Ovalle. “Le falta el 80 por ciento de lo que debería tener: no tiene cláusulas de mejoras, ni manejo de servicios, ni hace constar que el inmueble está libre de gravámenes”, como la inmovilización. Este último detalle no debería pasársele por alto a un profesor de Derecho y penalista, como lo es Orellana, agrega.

No es creíble que una entidad que maneja el tema inmobiliario suscriba un contrato que no les da seguridad ni a ellos ni al arrendatario, “eso no aguanta un juicio”. “Es un contrato hecho para salir del paso”, considera Ovalle.

Suma de dudas

Los hechos correlacionados –que no se haya verificado que el apartamento estaba inmovilizado; la denuncia por estafa; que el contrato no establezca las condiciones para la opción a compra; que el bien no fue declarado por el magistrado como parte de su patrimonio; y la circunstancia de las Comisiones de Postulación en medio, entre otros– hacen dudar de que sea un negocio legítimo, expone el abogado Carlos Ovalle.