La Unidad de Supervisión de Hospitales de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) continuó ayer visitas a hospitales nacionales con el propósito de verificar cuánto ha cumplido el Ministerio de Salud, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenara mejorar las condiciones de estos centros asistenciales y la atención a los pacientes.

Ayer, equipos de esta instancia visitaron los hospitales de Coatepeque, Quetzaltenango; Jalapa, y Mazatenango, Suchitepéquez, explicó Zulma Calderón, jefa de la unidad. Hasta ayer se había efectuado un monitoreo en 13 de los 44 hospitales públicos del país, indicó.

De acuerdo con Calderón, la situación es “lamentable”. “Los pacientes tienen que pagar el costo de los tratamientos y en algunos como el de Amatitlán es extremo”, dijo.

El miércoles, cuando el equipo habló con los pacientes de ese hospital, algunos mencionaron que habían gastado hasta Q5 mil 800. “Eso lo documentamos”, aseguró.

En el Hospital Nacional de Chimaltenango, la infraestructura para atender a los pacientes está deteriorada y los servicios sanitarios en mal estado. En algunos casos, pacientes fueron trasladados directamente a la capital, agregó Calderón.

Casi un año

El 25 de febrero de 2016, la CC dictaminó que el Presidente de la República y el Ministerio de Salud estaban obligados a dotar al Sistema Nacional de Salud de personal médico, medicamentos de calidad y suficientes para atender a los pacientes y equipo básico. Para cumplir en alguna medida con la orden de la Corte, la cartera de Salud obtuvo recursos que le permitieron evitar el colapso de la red hospitalaria.

Medidas

> Este año, el Ministerio de Salud prevé mitigar la crisis en los hospitales con la ampliación de contratos abiertos de medicinas y la reprogramación del presupuesto en algunas unidades ejecutoras.