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El año pasado tres empresas, cuyos representantes legales fueron señalados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de financiamiento electoral ilícito a favor del Partido Patriota (PP), y una compañía más beneficiada con proyectos en esa administración, recibieron Q210.7 millones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por pago de deudas. Según las cifras de la cartera, en 2016 se pagaron en total Q681.1 millones a 22 contratistas por pagos atrasados. Una de las empresas beneficiadas fue la Constructora Nacional, Sociedad Anónima (Conasa), a la cual se le cancelaron Q103.4 millones por proyectos de rehabilitación en las rutas CA-1 Oriente y CA-1 Occidente. En 2016, el representante de Conasa, Álvaro Mayorga Girón, fue señalado de aportar Q2 millones de manera ilícita al PP. En agosto pasado, el titular del CIV, Aldo García, indicó que el juez de Mayor Riesgo B, Miguel
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