El año pasado tres empresas, cuyos representantes legales fueron señalados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de financiamiento electoral ilícito a favor del Partido Patriota (PP), y una compañía más beneficiada con proyectos en esa administración, recibieron Q210.7 millones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por pago de deudas.

Según las cifras de la cartera, en 2016 se pagaron en total Q681.1 millones a 22 contratistas por pagos atrasados. Una de las empresas beneficiadas fue la Constructora Nacional, Sociedad Anónima (Conasa), a la cual se le cancelaron Q103.4 millones por proyectos de rehabilitación en las rutas CA-1 Oriente y CA-1 Occidente. En 2016, el representante de Conasa, Álvaro Mayorga Girón, fue señalado de aportar Q2 millones de manera ilícita al PP.

En agosto pasado, el titular del CIV, Aldo García, indicó que el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, extendió una constancia que indica que la compañía no estaba implicada en corrupción y que podía continuar siendo contratista del Estado. A HW Contractors, S.A. se le pagaron Q68.6 millones; su representante Roberto Burgos Faillace también fue sindicado por el MP y la CICIG de financiar de manera ilegal al partido de Otto Pérez y Roxana Baldetti.

La Consultora y Constructora Bea, S.A., vinculada a Raúl Osoy Penados, recibió Q2.5 millones. Otra compañía beneficiada fue Servicios Calificados de la Construcción Sociedad Anónima (Serdelco), propiedad de la familia Aparicio que recibió varios concursos durante el gobierno del PP, se le cancelaron Q36.7 millones.