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Tres empresas verificarían el trabajo de la constructora Odebrecht, S.A., que tenía a su cargo la rehabilitación y ampliación de 140 kilómetros.
En octubre de 2012, de urgencia nacional, los diputados del Congreso aprobaron el contrato de préstamo por US$399.4 millones para la ampliación de la carretera CA-2 Occidente Cocales – El Zarco – Coatepeque – Tecún Umán. El decreto contempló dos créditos: uno con el Banco de Desarrollo de Desenvolvimiento Económico e Social (BNDES) y otro con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el cual sería ejecutado específicamente por la constructora brasileña Odebrecht, según se lee en los documentos. Al año siguiente el contrato original fue modificado. Jorge Rogelio Gálvez Cruz, exdirector general de Caminos fue quien quedó con la representación del Estado ante cualquier “negociación” con la empresa que ejecutaría la obra; su nuevo cargo fue respaldado por los entonces viceministros de la cartera de Comunicaciones, Miguel Ángel Cabrera y Rubén Mejía, además por Carlos Eduardo Marques Rosa, de la empresa Norberto Odebrecht, S.A. en Guatemala. Los exfuncionarios y
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