La Corte Suprema de Justicia (CSJ) enfrenta una turbulencia histórica. Los indicios de una investigación en curso abonan la sospecha de que cuatro de los 13 magistrados titulares fueron seleccionados con el favor del postulador Eddy Giovanny Orellana Donis, quien habría recibido un apartamento como obsequio de Roberto López Villatoro.

De acuerdo con los antecedentes del proceso de selección celebrado en 2014, Orellana Donis integró la terna número ocho a la que se le asignó la revisión y calificación de los expedientes de los magistrados Vitalina Orellana y Orellana, Silvia Verónica García Molina, José Pineda Barales y la actual presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdés Quezada.

En la última década, López Villatoro ha figurado como uno de los operadores con más incidencia en el proceso de selección y elección de funcionarios judiciales, así como en las votaciones para elegir a la directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Además, la magistrada Blanca Stalling enfrenta un antejuicio, derivado de la denuncia por ejercer presiones contra el juez que integraba el tribunal que debía juzgar a su hijo Otto Fernando. Así, cinco de los 13 titulares son sujetos de cuestionamientos.

Al escándalo reciente que toca a la CSJ, se suma que Douglas Charchal Ramos y Vladimir Aguilar debieron despojarse de la toga en 2016, debido a sindicaciones en casos de corrupción. Charchal también se cuenta entre los seleccionados por Orellana Donis.

Silencio inaceptable

El primer golpe del año del MP y la CICIG pone en entredicho la imagen de la CSJ, de acuerdo con dos analistas consultados por este medio.

Hay señalamientos muy serios que dañan la credibilidad de la CSJ, expone Marco Canteo, experto en procesos de reformas judiciales. “A lo interno de la Corte se tienen que hacer las valoraciones y reflexiones respectivas para que uno de los pilares del sistema de justicia no siga perdiendo legitimidad”, añade.

Sin embargo, la CSJ ha guardado silencio. De hecho, la presidenta evadió a los medios en una actividad pública.

“Es urgente que conozcamos una posición oficial de la CSJ. Es inaceptable –con todo respeto– que la Corte no haya salido en pleno, asumiendo una posición institucional para darle tranquilidad a la ciudadanía respecto a la necesidad de fortalecer la institucionalidad e independencia del poder judicial”, expresó Canteo.

El mutis de la Corte se explica, de acuerdo con Helen Mack, porque ni la presidenta ni otros integrantes tienen la autoridad moral y ética para hablar de honorabilidad. “Todos fuimos testigos de cómo fueron electos los magistrados de la Corte Suprema, en un proceso avalado por la Corte de Constitucionalidad, también por negociaciones oscuras, que dio como consecuencia la debilidad institucional que observamos ahora”, detalló la directora de la Fundación Myrna Mack.

Mack, que siguió activamente la selección de magistrados, recuerda que la presidenta de la CSJ, Silvia Valdés, Vitalina Orellana y Giovanny Orellana eran compañeros en una Sala de Apelaciones antes de la elección de 2014. “¿Si se aplicó el principio de tú me propones, y yo te propongo, cómo van ahora a cuestionarse unos a otros?”, añade.

“La presidenta no puede exigir renuncias porque ella también debería renunciar”, precisó Mack.

Asímismo, las  sospechas deberían obligar a que los cinco titulares se excusen de participar en la decisión de darle o no trámite a los antejuicios que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron contra los magistrados Blanca Stalling y Orellana Donis, declaró la fiscal general, Thelma Aldana, tras la conferencia de prensa en la que se revelaron detalles de ambos casos.

Avanzan antejuicios

El Organismo Judicial (OJ) por medio del Centro de Gestión Penal, designó el expediente de solicitud de antejuicio en contra de la magistrada Stalling, al Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, y el del magistrado de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Civil, Eddy Giovanni Orellana, al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal.

Ambos juzgados deberán inhibirse de conocer el proceso y remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes deberán trasladarlo al Congreso de la República para que se diligencie.

Ruano, el juez que denunció a Blanca Stalling, salió ayer del país por razones de seguridad.

Organizaciones exigen su renuncia

Un grupo de representantes de organizaciones civiles como Justicia Ya, La Batucada del Pueblo y Usac es Pueblo, se presentaron ayer al frontispicio del edifico de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a exigir la renuncia de la magistrada Blanca Aída Stalling. Los manifestantes mostraron en representación del pueblo su apoyo al juez Carlos Ruano, así como a la discusión de las reformas constitucionales al sector justicia.

Pedirán renuncia de juez

Un grupo de defensores de los señalados en el caso IGSS-Pisa prepara un pronunciamiento público en el que demandarán la renuncia del integrante del Tribunal Noveno de Sentencia Carlos Ruano, ya que debió excusarse de conocer el caso inmediatamente después de haber recibido presiones de la magistrada Blanca Stalling.

“Nunca debió iniciar el debate si tenía una causa para excusarse”, indicó David Pineda, defensor de los ejecutivos de Droguería Pisa, S.A.

Los juristas pretendían presentar una denuncia contra Ruano por omisión de denuncia y por no excusarse, como lo manda la Ley del Organismo Judicial, pero consideraron que llevar al tema al campo penal sería la última opción y solo cargaría más al sistema ya colapsado.

Ruano abandonó ayer el país por razones de seguridad, según lo informó en sus redes sociales, pese a que la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) le gestionó medidas de seguridad de parte de la Policía Nacional Civil (PNC), y le proporcionó un vehículo blindado, el juzgador prefirió salir del país para mantenerse alejado del proceso y resguardar su integridad física.