El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitó ayer retirarle la inmunidad a Eddy Giovanni Orellana Donis, magistrado presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, por los delitos de cohecho pasivo, aceptación ilícita de regalo, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.

A Orellana Donis se señala de recibir por parte del abogado Sergio Roberto López Villatoro, alias el “Rey del Tenis”, un amplio y lujoso apartamento ubicado en la zona 14 de la ciudad capital, a cambio de favorecer sus intereses en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el proceso de comisiones de postulación del año 2014, en el cual el señor Orellana Donis actuaría como comisionado al resultar electo por el Instituto de Magistrados el 26 de mayo 2014.

La CICIG determinó que el 25 de febrero del año 2015 se inscribieron en el Registro de la Propiedad las escrituras de compraventa de bienes inmuebles adquiridos por el Magistrado conjuntamente con su esposa, Doris Lucrecia Alonso Hidalgo. Ambos son actuales propietarios de un apartamento de 369.88 metros cuadrados y de dos estacionamientos ubicados en el mismo edificio, derivado de un contrato de compraventa celebrado el 16 de diciembre del año 2014 con los anteriores condueños, los hermanos Carlos Augusto, Vicente Rafael, David Edmundo y Daniel Estuardo, de apellidos Escobar Ulloa.

Los investigadores entrevistaron a Daniel Estuardo Escobar Ulloa, quien relató cómo en el año 2013 al poner en venta el apartamento valorado entre Q2.5 millones y Q3 millones, él y sus hermanos fueron delegados por el abogado Gustavo Ortiz Arroyo, quien les presentó a César David Sánchez Pérez, representante legal de la entidad denominada Alta Seguridad en Servicios, S.A., interesada en adquirir el inmueble.

Se celebró contrato de compraventa del mismo el 26 de diciembre del 2013 y se entregaron las llaves del apartamento para que pudieran remodelarlo, sin embargo, los vendedores nunca recibieron el pago pactado ni se perfeccionó el contrato mediante inscripción del testimonio de la escritura pública de compraventa en el Registro de la Propiedad.

Al insistir sobre el pago con el abogado Ortiz Arroyo, quien celebró el contrato de compraventa, les indicó que la persona que había adquirido el apartamento era el “Rey del Tenis” y que de seguir insistiendo les podría pasar algo por ser él una persona muy poderosa. Ante la no cancelación del precio pactado, procedieron a inmovilizar el inmueble como medida cautelar. A pesar de lo anterior, los hermanos Escobar Ulloa se percataron de que en los primeros meses del año 2014, se mudó al apartamento el magistrado Orellana Donis.

Al contactarlo, éste manifestó que no saldría del inmueble ni tenía por qué hablar con ellos pues había arreglado todo con López Villatoro. Los hermanos Escobar Ulloa solicitaron una reunión con este, quien delegó a los abogados Carlos Roberto Mínchez Herrera y Claudia Patricia Abril Hernández, con quienes se reunieron en varias ocasiones en el décimo nivel del edificio Aristos Reforma 7-62 zona 9 de la ciudad de Guatemala. En dichas reuniones, al mencionar que los hermanos tenían la intención de denunciarlos judicialmente por no pagarles el valor total del apartamento, el abogado Minchez Herrera les indicó que dejaran de molestar al Magistrado Orellana Donis y al señor López Villatoro, pues las cortes se alineaban a las órdenes de ellos.

Finalmente, después de sentir que no podían combatir con hombres tan poderosos y de tanta influencia en el ámbito judicial, llegaron a un arreglo de venta: se anuló la primera escritura y se procedió a firmar una nueva el 16 de diciembre de 2014. En esta oportunidad los compradores fueron Eddy Giovanni Orellana Donis y Doris Lucrecia Alonso Hidalgo, personas a las que nunca observaron en las negociaciones de la compraventa del apartamento, simplemente firmaron la escritura y recogieron los cheques que les fueron entregados, por un monto menor a los Q272 mil pactados en el contrato.

Derivado de lo anterior, se procedió a corroborar la información aportada por el señor Escobar Ulloa, empezando con el inmueble en cuestión, el cual se identifica con el número 2A y se encuentra ubicado en el segundo nivel del Edificio El Torreón, en la décima calle 3-44 de la zona 14 en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.

Iván Velásquez, jefe de la CICIG, Thelma Aldana, fi scal General y RIcardo Guzmán, viceministro de Gobernación (de derecha a Izquierda) Fotografía: Félix Acajabón.

Dudas

Las pesquisas preliminares de investigación realizadas evidenciaron numerosas irregularidades que ponen en tela de juicio la adquisición del inmueble por parte del Magistrado Orellana Donis y su esposa y ratifican que el bien ciertamente fuese entregado a ellos a título gratuito.

Según los registros del Condominio El Torreón, el Magistrado y su esposa se pasaron a vivir en el apartamento en cuestión en el mes de marzo del año 2014, sin que ese acto de posesión fuera conocido o consentido por los propietarios del bien inmueble, es decir, por los hermanos Escobar Ulloa, quienes lo habían entregado en enero anterior para fines de remodelación y a favor de la supuesta entidad compradora, Alta Seguridad en Servicios, S. A. Además, fue hasta el 16 de diciembre del año 2014, es decir más de ocho meses después de que el magistrado y su esposa residieran en el edificio en cuestión, que se celebró el contrato de compraventa entre ellos y los propietarios registrales.

Además, pese al valor real del bien inmueble, los vendedores Escobar Ulloa recibieron un monto menor como pago por la venta del apartamento y los dos estacionamientos derivado de tres cheques de fecha 16 de diciembre del 2014 por un valor de US$19 mil (aproximadamente Q143 mil) cada uno, cheques provenientes de la cuenta número 6445010957 del Banco de Desarrollo Rural S.A. a nombre de la empresa NICO S.A. Además, un cuarto cheque, cheque de gerencia pagado en efectivo por la entidad NICO S.A. por el monto de US$65 mil (aproximadamente Q490 mil) fue emitido a favor del cuarto hermano.

A raíz de un examen a los estados de cuenta de dicha entidad, se evidenció que solo contaba con US$1,274.15 de saldo previo al día 12 de diciembre 2014 cuando emitió los cheques a favor de los vendedores. En ese sentido se halló que cuatro días antes se inyectó a la cuenta de la entidad NICO S.A. la cantidad de US$100 mil provenientes de la cuenta número 004-006083-0 del Banco Industrial a nombre de la entidad AGUIME S.A, que tampoco contaba con los fondos suficientes para realizar esta transacción financiera puesto que su saldo era de US$44 mil 986.30, hasta el 10 de diciembre que se le proveyó de US$99 mil 995 a través de una transferencia internacional.

Las entidades que pagaron el inmueble y los estacionamientos, NICO S.A. y AGUIME S.A, no guardan relación alguna con el magistrado Orellana Donis ni con su esposa la señora Alonso Hidalgo y sí, en cambio, tienen directa relación con Sergio Roberto López Villatoro.

Así, la empresa NICO S.A. tiene por gerente general y representante legal a Marlon Aníbal Rosales, mientras que Claudia Abril Hernández -quien estuvo presente en las reuniones mencionadas por el señor Escobar Ulloa- es firmante de la cuenta de la cual se emitieron los cheques en concepto de pago final de los inmuebles. Ambos son socios fundadores de la entidad LOVI & Asociados, cuyo tercer y último socio es López Villatoro, y ambas entidades reportan la dirección del décimo nivel del Edificio Aristos Reforma 7-62 zona 9, oficina 1003, al igual que la primera entidad compradora del inmueble, Alta Seguridad, S. A.

Por otra parte, la entidad AGUIME S.A. tiene como socios fundadores a Aura Marina Méndez Mere de Aguilar y su hijo Luis Guillermo Aguilar Méndez, cuyos familiares Luis Rodrigo y Luis Alfredo Aguilar Méndez junto a Luis Alfredo Aguilar Aguirre, contrataron en octubre y noviembre 2014, así como enero 2015, los servicios de las notarias Alba Ruth Sandoval Guerra y Wendy Yesenia Gómez Silva, quienes se relacionan con López Villatoro en cuanto éstas celebraron solo en 2014, la constitución de más de nueve empresas domiciliadas a la misma dirección en la que se encuentra el bufete LOVI & Asociados.

Por lo anterior puede afirmarse que el dinero utilizado para la adquisición del apartamento en el Condominio El Torreón y sus respectivos parqueos no guardan relación con el patrimonio de los esposos Orellana Donis y Alonso Hidalgo, y sí con fondos administrados por empresas bajo el control de López Villatoro.

Esto se evidenció cuando López Villatoro enterado acerca de la investigación en curso adelantada por la CICIG y FECI, se apersonó a la sede de la primera el jueves 14 de marzo 2015, con el fin de aportar documentación a título de “pruebas de descargo”, informando que si bien el pago lo realizó la entidad NICO S.A., el magistrado Orellana Donis y su esposa gestionaron con ocasión de esa compra un crédito bancario con garantía hipotecaria otorgado a su favor por el Banco G&T Continental.

No obstante, el crédito en cuestión, identificado con el número 10-0011251, autorizado por la cantidad de Q2 millones con los inmuebles del edificio El Torreón como garantía, fue concedido a partir del 20 de abril del año 2015, es decir más de cuatro meses después de la firma del acuerdo de compraventa de los inmuebles y tras trece meses de residir en dicho apartamento. Adicionalmente, al observar los estados de cuenta de la entidad NICO S.A. y los depósitos que ésta recibió, se puede aseverar que el magistrado Orellana Donis no pagó con este crédito el valor del apartamento ya que no se reporta transferencia alguna de su parte a favor de la empresa que compró el inmueble.

Comisiones de postulación

Aunado a todo ello, existen indicios razonables que evidencian cómo los bienes inmuebles referidos fueron entregados como dádiva a Orellana Donis a cambio de promover los intereses de López Villatoro en el proceso de las Comisiones de Postulación del año 2014 y favorecer la elección de ciertas personas allegadas a él. Ello, debido a que el Magistrado se desempeñaba como integrante de la Comisión de Postulación encargada de evaluar los perfiles y seleccionar los candidatos para el periodo 2014-2019 de esa Corte.

El proceso de elección de magistrados a la CSJ, el cual inició con las actividades oficiales el 11 de julio 2014, y el papel desempeñado por el entonces comisionado Orellana Donis como integrante de la terna número 8 fue el siguiente: Dicha terna, en sesión de fecha 2 de septiembre de 2014, revisó los señalamientos e impedimentos presentados en contra de los candidatos incluidos en la caja número 3, la cual contenía los expedientes números 22 al 32 y entre los cuales se encuentran los actuales Magistrados titulares de la CSJ, Vitalina Orellana Orellana, Silvia Verónica García Molina y José Antonio Pineda Barales, los magistrados suplentes Guillermo Demetrio España Mérida y Mario Estuardo Gordillo Galindo, así como el ex magistrado Douglas René Charchal Ramos. Una vez salvada esta etapa de conocimiento de impedimentos y señalamientos, el proceso de selección continuó con la etapa de revisión y evaluación de los expedientes.

En sesión de fecha 4 de septiembre 2014 se distribuyeron nuevamente las cajas de expedientes entre las ternas conformadas, apreciándose que cada una de las ternas recibió una caja de expedientes diferente a la que evaluó en la etapa anterior, con excepción de la terna número 8, integrada por el magistrado Orellana Donis, la cual continuó evaluando los expedientes contenidos en la caja número 3. Además, en sesión de fecha 11 y 12 de septiembre de 2014 se distribuyeron más expedientes y la terna número 8 recibió los números 144 al 152, en los cuales se encuentran la actual Magistrada de la CSJ Silvia Patricia Valdés Quezada y la magistrada Suplente María Consuelo Porras Argueta. Por lo tanto, deriva de lo anterior que el magistrado Orellana Donis, en su calidad de comisionado para la selección de candidatos a la CSJ, evaluó y calificó a ocho de los 26 magistrados electos.