Gramilla para cancha de fútbol, aplicación de hidrosiembra y evalúo de los inmuebles son parte de los servicios que prestaron 149 empresas que fueron subcontratadas por la empresa Odebrecht que tenía a su cargo la rehabilitación del tramo carretero de Cocales, Suchitepéquez, a Tecún Umán, San Marcos. La constructora brasileña pagó Q654.3 millones a estas empresas con dinero otorgado al Estado por medio de dos bancas internacionales.

Meses después que el Congreso de la República aprobara de urgencia nacional los dos créditos que suman US$399 millones, Odebrecht desde 2013 contrató diferentes servicios hasta en marzo del año pasado. Dentro de los máximos proveedores destacan Asfaltos y Petróleos S.A. (Aspetro) y Constructora Nacional, S.A. (Conasa) este último mencionado en el caso de cooptación del Estado. El resto de empresas subcontratadas se les canceló como monto inicial en quetzales y dólares.

“Se pagó más dinero del avance físico que se tiene” resumió el titular de la cartera de Comunicaciones, Aldo García, quien ayer fue cuestionado por diputados de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en relación al contrato que el Estado adquirió con Odebrecht. El funcionario insistió que las condiciones cambiaron cuando varios funcionarios de la administración del Partido Patriota (PP) modificaron las condiciones del contrato original.

García reiteró que, desde mayo pasado el pago a la constructora quedó suspendido, además se conoció que quedaron pendientes dos desembolsos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y Banco Interamericano de Desarrollo (BCIE) por US$144.8 millones, los cuales se pedirá la desobligación por parte del Micivi y del Ministerio de Finanzas.

Sin denuncia

Los congresistas criticaron la mala actuación de García, al señalar que hasta la fecha no ha presentado denuncia penal en contra de exfuncionarios de haber modificado el contrato original. El ministro indicó que dentro de los documentos encontrados se determinó que el extitular de la Dirección General de Caminos, Jorge Gálvez, quedó en 2013 como representante del Estado de Guatemala ante la empresa brasileña “ahí hay una responsabilidad directa” destacó.

“El Ministerio de Finanzas no recibió modificaciones del contrato. No se hizo ninguna consulta” indicó Rosa María Ortega, encargada de la Dirección del Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. La funcionaria refirió que habría una “responsabilidad directa” por no haberlo remitido a la cartera, entidad encargada de los desembolsos.

Los diputados pidieron investigar a varios exministros del gobierno del PP.

García y Orlando Blanco, jefe de la UNE, coincidieron que las investigaciones deben de iniciarse con los exministros de Finanzas María Castro y Dorval Carías e incluir en el listado a Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, así como a los viceministros Rubén Mejía y Miguel Ángel Cabrera además de Ekaterina Parrilla quien dirigió la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y los representantes del BCIE y BNDES.

“Todos ellos tuvieron que informar sobre la modificación del contrato” intervino el diputado, Carlos Barreda, la respuesta de Ortega fue que no se sabe si hubo otro tipo de comunicación entre Comunicaciones y Finanzas. El Contralor General de Cuentas (CGC), Carlos Mencos, se limitó a declarar que existen varias aristas sobre el contrato por lo que aún no tenía una propuesta concreta sobre las acciones que se tomarán.

Visitas y destituciones

El ministro de Comunicaciones, Aldo García y dos de sus viceministros acudieron ayer a su primera citación al Congreso. El funcionario fue criticado por la baja ejecución presupuestaria del año pasado – 56.84 por ciento -; en la reunión resaltó que uno de los visitantes asiduos el año pasado en la cartera fue el diputado de la bancada oficialista, Herbert Armando Melgar Padilla. En tanto, a los señalamientos en contra de la viceministra de Infraestructura, Alejandra Ma y del viceministro de Vivienda, Carlos Barillas, García manifestó que no tenía conocimiento y que al momento de una destitución se deberá de consultar con el presidente de la república Jimmy Morales.