En la presentación de los 22 avances de Gobierno Abierto el Secretario General, Carlos Martínez y el Ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada indicaron que a las únicas empresas que no se exoneraron de multas y recargos por incumplimiento en el pago de impuestos, fueron las que tienen procesos judiciales pendientes.

“El único criterio que se está utilizando es no estar judicializado, de ahí únicamente la facultad es simple memorial”, dijo el Secretario General para explicar cómo había sido la selección de empresas beneficiadas con exoneración de multas.

“Se les dio a todos, menos a los que tienen procesos judiciales”, aseguró el Ministro de Finanzas Públicas, para indicar que no hubo discrecionalidad al determinar qué empresas serían beneficiadas con el perdón presidencial.

En sus declaraciones, emitidas el pasado 16 de diciembre, los funcionarios omitieron que se benefició al menos a una empresa con problemas judiciales, tal como se reporta en la publicación “Beneficiados con exoneraciones tienen contratos con el Estado”.

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Mediante una solicitud de acceso a la información pública, elPeriódico obtuvo los datos de los contribuyentes beneficiados con el perdón presidencial, la lista incluye a Construcciones Jireh que se encuentra inhabilitada desde enero de 2016, por un proceso económico coactivo y en 2012 la Contraloría General de Cuentas señaló reparos por un contrato en el Fondo Nacional para la Vivienda por la construcción de unidades habitacionales en Chimaltenango con la Asociación Nuevo Camino.

Al ser consultado sobre esta situación, Estrada dijo que en esa ocasión omitió decir que no beneficiaron a empresas o personas que tuvieran “procesos judiciales fiscales” y que las verificaciones las hicieron en conjunto con la SAT. “La Secretaría General no tiene un equipo que investigue, si las personas o entes que piden que se les retiré las multas, tienen problemas con la Contraloría”, agregó el Ministro de Finanzas.