Guatemala cumple este jueves 20 años de la firma del acuerdo que puso fin a 36 años de guerra civil entre el ejército y grupos guerrilleros, y aunque muchas cosas han avanzado en el país desde entonces, aún persisten problemas de inseguridad, pobreza y exclusión que dieron origen al conflicto.

La guerra terminó y la paz no ha sido perfecta, pero las tasas de homicidio han disminuido en los últimos años según datos de la Policía Nacional Civil: aproximadamente 100.000 personas han muerto por violencia en estos 20 años sin guerra, mientras que unas 250.000 murieron o desaparecieron durante el conflicto.

Para Francisco Jiménez, exministro de gobernación y experto en temas de seguridad, otro de los avances es que la violencia ya no es política de Estado y agrega que una muestra clara de que las cosas han cambiado es la aplicación de la justicia transicional, que ha juzgado a militares, exguerrilleros y civiles acusados de delitos de lesa humanidad.

Según Jiménez, de los 12 pactos suscritos, el acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática es el que ha tenido más avance frente a otros, como aquellos que contemplan aspectos socioeconómicos y agrarios para responder a las necesidades económicas de la población.

Para Edgar Gutiérrez, analista político, el panorama es menos favorable y asegura que el problema para cumplir los Acuerdos es la debilidad del Estado y la ausencia de un plan de desarrollo. “Hubo variables que estaban fuera del alcance de los Acuerdos, como la expansión del crimen organizado y particularmente del narco. A esto se unen los programas de ajuste estructural que al inicio de la paz desmantelaron al Estado”, dice.

Aunque en 1999 se trató de crear una reforma constitucional para dar mayor participación a pueblos indígenas, la iniciativa fracasó, plantea Gutiérrez. Actualmente la situación es similar: a finales de 2016 organizaciones indígenas, sociales y de justicia intentaron que el Congreso aprobara una reforma para legitimar la justicia indígena, pero los Congresistas se opusieron y en 2017 tendrá que volver a discutirse.

La inestabilidad actual inició en 2015, cuando los guatemaltecos protestaron y pidieron la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, tras lo cual fueron apresados por acusaciones de corrupción. “No ha habido continuidad. La oportunidad se está cerrando porque no ha sido animada con la participación de jóvenes”, dice Gutiérrez. “Se están creando condiciones para volver a un periodo de inestabilidad política”.

Sin embargo, en Guatemala sí hay algunos jóvenes que se preocupan por la situación política. Andrea Reyes tiene 26 años y aunque no vivió el conflicto armado, salió a las calles en 2015 a pedir el fin de la corrupción y cambios en el sistema de gobierno. “Nos toca exigir cambios sistémicos, la agenda de país debe contemplar los Acuerdos para cambiar las condiciones que dieron origen a la guerra”, dice.

“La paz no se construye en reuniones, ni en actos protocolarios. Se hace todos los días en las calles y nos toca construir a los jóvenes todo lo que pasa en el estado”, concluye.

FUENTE: AP