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Nacionales

Se apagaron los ojos que vigilaban cinco municipios del país


El Ministerio de Gobernación adeuda Q340 millones a la empresa proveedora del servicio, argumentando falta de espacio presupuestario durante los años 2015, 2016 y 2017.

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Diversos hechos de criminalidad en la región metropolitana y el sur del país han sido resueltos gracias al funcionamiento del sistema de seguridad instalado en Guatemala, Mixco, Amatitlán, Petapa y Escuintla, cuyas cámaras eran controladas por la Policía Nacional Civil (PNC).

Las 5 mil cámaras que se instalaron en lugares especificados por la PNC se convirtieron en uno de los principales medios auxiliares del Ministerio Público  (MP) para resolver casos que parecían difíciles de solucionar.

En el año 2013, la firma brasileña Falconi fue contratada para realizar el estudio de optimización de la calidad del gasto público como parte del proyecto de Transformación de la Gestión Pública, hacia la Gestión Pública por Resultados. Dicha investigación refleja el costo del servicio que se encuentra dentro del rango normal de referencia cuando se pondera a cinco años.

Según el Artículo 44, numeral 2.1 de la Ley de Contrataciones del Estado y especialmente los contenidos en el Artículo 21 del Reglamento de la referida ley, la empresa Tigo y la Dirección General de la PNC firmaron, con la anuencia del Ministerio de Gobernación, cuatro contratos el 10 de abril de 2014, a los cuales se les asignó la partida presupuestaria 2014-11130005-203-11-00-000-001-000-156-0101-21-0000-0000.

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Las cámaras que eran dañadas por los delincuentes se reparaban o eran sustituídas por el proveedor en distintos puntos.

En la prestación del servicio se encuentran 5 mil cámaras de video que incluyen postes, caja nema, UPS, accesorios, instalación, mantenimiento y electricidad, conectividad y transmisión con red de fibra óptica, solución de almacenamiento junto con un data center y software de analítica, cuya solución de almacenamiento es la más grande de Centroamérica y centros de monitoreo que incluyen la infraestructura, posiciones de monitoreo, video walls y computadoras.

La PNC no ha cancelado el monto estipulado, a pesar de haber emitido dictámenes favorables para los primeros siete meses de los contratos, luego de efectuar las supervisiones respectivas.

A partir del octavo mes, la PNC dejó de realizar las supervisiones establecidas en los contratos que consistían en verificar el buen funcionamiento del equipo. La deuda alcanzó una cifra que supera los Q340 millones. Como resultado de la falta de pago, la empresa contratista suspendió la prestación de servicios de mantenimiento argumentando lo estipulado en los contratos, lo cual trajo como consecuencia una falla total del sistema.

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