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Nacionales

Pacientes con VIH podrían quedar sin atención por negativa a pagar salarios


La Clínica Familiar Luis Ángel García trata a 2 mil 600 pacientes con VIH/sida durante el año. Enfrenta un posible cierre por problemas administrativos.

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Eduardo Arathoon, director médico de la Clínica Familiar Luis Ángel García, señaló que esta semana 11 de los trabajadores de esa unidad médica, que han laborado durante un año sin recibir un salario, fueron informados de que no les serán cancelados los sueldos atrasados. A otros 18, en tanto, les fue notificado que recibirán el pago en 2017.

El especialista explicó que el anterior director del Hospital General San Juan de Dios, Julio Figueroa, dejó sin firmar los contratos de los 28 trabajadores de la clínica, lo cual dificulta al Ministerio de Salud hacer el desembolso de los pagos.

“Nos dijeron, mejor demándennos porque no les vamos a pagar”, afirmó Arathoon y aseguró que autoridades del hospital recomendaron mejor dejar de trabajar hasta la firma de los nuevos contratos. Esto ocasionaría el cierre de la unidad médica que atiende a 2 mil 600 pacientes.

Al año, la clínica atiende 57 mil consultas, muchas son emergencias y hay que practicar pruebas rápidas para detectar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), luego dar acompañamiento a las personas que dan positivo y recomendaciones al resto para evitar contagios.

De acuerdo con Arathoon, como todos los años los trabajadores comenzaron labores en enero y por lo regular los contratos llegaban en marzo para ser firmados, pero esto no ocurrió este año. “El departamento de Recursos Humanos del Ministerio ponía excusas y los expedientes de los trabajadores no eran aceptados”, afirmó el especialista.

La clínica funciona desde 1988 con el apoyo de Médicos Sin Fronteras y luego por una subvención del Fondo Global, que retiró su apoyo de manera paulatina con el propósito de que el Estado asuma la responsabilidad de atender a personas con VIH/sida y absorba el mantenimiento de la Clínica Familiar. Este convenio fue suscrito en 2014 entre el Gobierno y el Fondo Global.

Zulma Calderón, jefa de Supervisión Hospitalaria de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), aseguró que han intentado mediar en el caso pero a pesar que se tiene conocimiento de que existen los fondos y la dirección del hospital está consciente de que el personal de la clínica desempeñó su trabajo, carece de mecanismos administrativos para pagar.

El martes último, representantes de la PDH acompañaron a los afectados a denunciar la situación en el Ministerio de Trabajo, hoy presentarán un recurso de amparo, por lo que el proceso podría extenderse hasta dos años.

Al doctor Eduardo Arathoon le preocupa el futuro de los pacientes con la enfermedad.

Al doctor Eduardo Arathoon le preocupa el futuro de los pacientes con la enfermedad.

En la CIDH

En 2003, 49 pacientes con VIH/sida presentaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una querella en contra del Gobierno de Guatemala por falta de atención médica.

La CIDH concluyó que el Estado desatendió las recomendaciones de reparar a las víctimas sobrevivientes y a familiares de las ocho víctimas denunciantes que fallecieron durante el proceso, por ello, el lunes pasado, la CIDH trasladó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para iniciar el juicio en contra del Estado guatemalteco.

Esta podría ser la causa por las que se quiera afectar a los trabajadores de la clínica, ya que la unidad médica ha dado acompañamiento a las víctimas, sospechó Arathoon.

Sin mecanismos legales

Juan Antonio Villeda, director del Hospital General San Juan de Dios, dijo que la ausencia de contratos imposibilita realizar los pagos a pesar de que lo intentaron por medio de actas administrativas, pero la Contraloría General de Cuentas recomendó evitarlo porque podrían incurrir en delito y ser objeto de denuncias. “La única forma de pagarles es que nos lo ordene un juez, porque el dinero está, pero no contamos con los mecanismos legales para pagarlo”, aseguró.

Desconoce el caso

> Marlitt Valenzuela, vocera del Ministerio de Salud Pública, indicó que la información sobre el tema debe ser tratada con autoridades del Hospital General San Juan de Dios. “Ellos son los encargados y pueden dar más detalles”, mencionó.

 

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