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Nacionales

El Estado mafioso de Guatemala y el caso de Mauricio López Bonilla


Este es la versión editada del reportaje realizado por el periodista Steven Dudley, de “InSight Crime”.

 

 

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El exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla –un laureado héroe de guerra y viejo aliado de Estados Unidos–, se encuentra navegando en aguas turbulentas tras una ráfaga de acusaciones sobre corrupción y conexiones con narcotraficantes. López Bonilla no es el sospechoso más conocido en las causas contra exfuncionarios guatemaltecos, pero los múltiples casos a los que está vinculado representan la cima de la espiral que conduciría a Guatemala a ser un Estado mafioso, y de la relación complicada y quizá permanente entre él y la comunidad internacional.

A finales de 2012, López Bonilla, recibió un mensaje de Marllory Chacón Rossell. En ese momento, López Bonilla era el socio más importante del Gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad en Guatemala. Dicho ministerio controla la Policía y el Sistema Penitenciario y maneja un presupuesto más grande incluso que el del Ejército guatemalteco.

Pero el Ministerio también estaba vinculado con algunos negocios dudosos, como el que López Bonilla pronto fraguaría con Chacón –una conocida blanqueadora de dinero y presunta narcotraficante–. El Gobierno de Estados Unidos la había estado investigando durante años, y en enero de 2012 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en su lista de “Narcotraficantes con Designación Especial” (Specially Designated Narcotics Trafficker).

En su comunicado de prensa, el Departamento del Tesoro dijo que ella tenía operaciones en Panamá, Honduras y Guatemala, y se refirió a ella como una de las “traficantes más prolíficas de Centroamérica”. Señalaba además que ella había blanqueado “decenas de millones de dólares americanos mediante ingresos provenientes de las drogas mensualmente”.

La inclusión de Chacón (vea foto abajo) en la mencionada lista del Departamento del Tesoro (más conocida como la “Ley de Capos”, o “Kingpin Act” en inglés) la convirtió en un objetivo no solo del Gobierno de Estados Unidos, sino también de sus enemigos en el hampa y quizá también de importantes políticos que, después de su inclusión en la lista, pensaban que ella los podría entregar a la justicia.

Cuando se conocieron en persona, Chacón confirmó esto último, pues le dijo a López Bonilla que ella estaba trabajando con los “gringos” para tratar de sacar su nombre de dicha lista, puesto que ello la había puesto en peligro. López Bonilla dice que no fue contactado por el Gobierno de Estados Unidos para discutir el caso de Chacón, y que el Gobierno de Guatemala no la estaba usando como un testigo que estaría cooperando y dando información contra otros traficantes.

Sin embargo, López Bonilla decidió adjudicar recursos y personal del gobierno para protegerla –en específico, puso a su disposición un vehículo blindado y dos camperos con seis guardias armados en cada turno para que la acompañaran a dondequiera que ella fuera durante los siguientes meses–.

El motivo real de tanta protección nunca se supo. Chacón diría más tarde que no hubo dinero de por medio, pero afirmó que sí invirtió en una empresa de seguridad privada que López Bonilla le dijo que iba a conformar. Los investigadores guatemaltecos dijeron que López Bonilla recibió dinero de Chacón, pero aún no han presentado ninguna evidencia de ello y no lo han acusado de nada en relación con la seguridad que le fue proporcionada. Por su parte, López Bonilla no atendió las repetidas solicitudes para que respondiera a preguntas relacionadas con esta noticia.

Según la investigación, López Bonilla le proporcionó seguridad con fondos del Estado a Marllori Chacón.

Según la investigación, López Bonilla le proporcionó seguridad con fondos del Estado a Marllori Chacón.

Para algunos investigadores de Estados Unidos y Guatemala, López Bonilla fue el centro de lo que se convertiría en un Estado mafioso en Guatemala, utilizando la corrupción y actividades abiertamente criminales para enriquecerse a sí mismo, a su familia y a sus socios.

Sin embargo, en declaraciones públicas y al sistema de justicia, López Bonilla ha negado la mayoría de estas afirmaciones.  Además, ha sido amigo de la comunidad internacional y desempeñó un papel clave en la renovación del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo respaldado por la ONU y adscrito al Ministerio Público que ha liderado el juzgamiento de numerosos altos funcionarios del gobierno, entre ellos el Presidente, la Vicepresidenta y el mismo López Bonilla. Es más, Estados Unidos aún no lo ha acusado, lo que indica que él todavía puede ser un aliado útil, incluso desde su celda en Guatemala.

Un militar moderno

López Bonilla se considera a sí mismo como un militar moderno, un aliado de Estados Unidos y un amigo de la comunidad internacional. Y Estados Unidos lo percibió de la misma manera durante mucho tiempo. El servicio que le ha prestado a su Gobierno, y su apoyo a los intereses de Estados Unidos, se remontan a su histórica época en el Ejército, cuando Guatemala padeció una guerra civil de casi cuatro décadas.

Aquella guerra fue brutal, e incluso a veces sin cuartel, y López Bonilla la vivió de cerca. En 1981 dirigió un grupo de unos 12 miembros de las fuerzas especiales que se disfrazaron de insurgentes y se infiltraron en un campamento guerrillero. Después de esperar por semanas el momento adecuado, López Bonilla y sus compañeros encubiertos atacaron por sorpresa y dieron muerte a 28 guerrilleros de una de las principales facciones rebeldes de ese momento. Aquel temerario acto hizo que desde entonces López Bonilla, quien asumió el nombre de guerra de Don Damián, fuera conocido por su astucia y malevolencia en una institución conocida por cometer actos despiadados.

López Bonilla dice que a mediados de la década de 1980 enfocó su atención más en cuestiones de paz y democracia. Una vez el gobierno civil regresó a Guatemala en 1985, él se convirtió en el enlace con los grupos de la sociedad civil y el sector privado, cuando el gobierno intentó iniciar las negociaciones con los rebeldes. Uno de sus compañeros era el entonces jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), el coronel Otto Pérez Molina. Ambos continuaron trabajando juntos en la década de los noventa, una vez comenzaron las conversaciones formales de paz. Pérez Molina era la cara pública de los militares para los diálogos, y López Bonilla era el emisario privado del Ejército –incluso llegó a viajar a Cuba para reunirse con los líderes guerrilleros–, asumiendo un papel que más tarde llevaría a algunos de sus excompañeros militares a volverse en su contra.

El reportaje detalla que Jairo Orellana le pagó a López Bonilla para no ser capturado y poder continuar con sus operaciones.

El reportaje detalla que Jairo Orellana le pagó a López Bonilla para no ser capturado y poder continuar con sus operaciones.

La paz se firmó en 1996 y López Bonilla se retiró del Ejército en 1997, cuando el Gobierno de Guatemala redujo su tamaño en dos tercios como parte de los acuerdos. El final de la guerra reconfiguró el crimen organizado en Guatemala. Grupos de oficiales muy cohesionados –a menudo debido a que se habían graduado juntos en la academia militar– comenzaron a formar sofisticados grupos criminales.

Estos grupos utilizaron sus conocimientos jurídicos, sus conexiones en el gobierno y su experiencia en reunir inteligencia para ofrecerles servicios a los grupos criminales; dichos servicios incluían el tráfico de personas, el comercio de armas ilegales, o el tráfico de drogas. Además, sabotearon de una manera activa las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y otros grupos armados durante la guerra. Llegaron incluso a comprar jueces con dineros obtenidos mediante esquemas de corrupción y a organizar escuadrones de la muerte para eliminar a quienes los estaban investigando o acusando de crímenes.

Quizá su acto más infame ocurrió el 26 de abril de 1998, cuando militares retirados y en servicio orquestaron el asesinato del obispo Juan José Gerardi Conedera y el posterior encubrimiento del crimen. Gerardi, un destacado miembro de la Iglesia católica, había liderado los intentos por registrar las violaciones a los derechos humanos durante la guerra. Los resultados, publicados bajo el título Guatemala: Nunca Más, incriminaban al Gobierno, y particularmente a los militares. Y al parecer Gerardi pagó con su vida.

Finalmente, estas redes militares-criminales recibieron un nombre: Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Y fueron gran parte de la razón por la que el Gobierno aprobaría después la conformación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo respaldado por Naciones Unidas, para que le ayudara al Gobierno en sus investigaciones sobre las organizaciones criminales que operan al interior del Estado, lo cual ha hecho desde 2007.

Hacia mediados de la primera década del nuevo siglo, algunos de los CIACS se transformaron, recibiendo una gran variedad de miembros y obteniendo mayor alcance, lo que a menudo incluía a empresarios y partidos políticos. El partido de Pérez Molina, el Partido Patriota (PP), no fue el primero, pero sí el más activo, e inmiscuyó estos intereses en el Estado mafioso que surgió bajo su presidencia.

Desde mucho tiempo antes de llegar a ser presidente, Pérez Molina proyectó la imagen de un militar moderno –un demócrata con la capacidad y voluntad para llevar las riendas del poder–. Además de ayudar a forjar la paz, tenía relaciones cordiales con los grupos de derechos humanos, los empresarios y el Gobierno de Estados Unidos. Solo tres años después de conformar el PP, perdió la segunda vuelta presidencial en 2007, pero se aseguró el apoyo de las elites económicas tradicionales.

En su segunda candidatura presidencial en 2010, Pérez Molina eligió como compañera de campaña a Roxana Baldetti, una exreina de belleza que había llegado a ser congresista y era la presidenta del PP. Buscó además a otro exmilitar guatemalteco moderno, López Bonilla, para que dirigiera su campaña.

Después de la guerra, López Bonilla se había dedicado a ser consultor privado de empresas, gobiernos y fundaciones de la región en asuntos de seguridad, análisis de riesgos y estrategias de comunicación.

También había regresado a la universidad, donde obtuvo un título de posgrado en Ciencias Políticas, así como licencias para certificar operaciones en aeropuertos y puertos marítimos. Sus empresas le permitieron operar máquinas de rayos X en el aeropuerto de Guatemala y supervisar parte del puerto más importante del país, entre otros servicios para el Gobierno de Guatemala y la industria privada del país. “Hay una hoja de vida de estudio y dedicación, no es un perfil criminal”, diría después.

Cuando Pérez Molina buscó a López Bonilla para pedirle ayuda en su candidatura presidencial, él dijo que lo haría con una condición. Fiel a su palabra, el 10 de noviembre de 2011, pocos días después de haber ganado las elecciones presidenciales, Pérez Molina cumplió con la petición de su compañero y anunció su primer miembro del Gabinete: Mauricio López Bonilla.

El preso modelo

Poco después de ser nombrado ministro de Gobierno, López Bonilla recibió un correo electrónico de Byron Lima Oliva (foto), un laureado excapitán del Ejército que en ese momento estaba preso en una cárcel en las afueras de ciudad de Guatemala. López Bonilla es unos años mayor que Lima, pero ambos habían cruzado caminos en el Ejército. Ambos eran kaibiles, es decir, miembros de las fuerzas especiales de Guatemala. López Bonilla conocía al padre de Lima, quien había sido comandante cuando él era soldado raso.

Las esposas de López Bonilla y Lima también se habían encontrado en más de una ocasión, a menudo en el salón de belleza de la esposa de Lima en la Ciudad de Guatemala. Lima dijo que sus mujeres tenían una relación cercana y mostró fotos para probarlo (vea abajo).

La esposa de LIma (Izquierda) propietaria del salón de belleza al cual acudía la esposa de López Bonilla.

La esposa de LIma (Izquierda) propietaria del salón de belleza al cual acudía la esposa de López Bonilla.

Mantenerse alejado de Lima es imprescindible para López Bonilla. Lima y su padre pagaron penas de prisión por el infame asesinato de monseñor Gerardi. Lima padre fue liberado en 2012. Lima hijo, sin embargo, permaneció tras las rejas, donde había estado utilizando su formación, su experiencia en inteligencia y contrainteligencia, su astucia y sus contactos militares para tomar el control de gran parte del sistema penal. Allí desarrolló sus redes de contrabando y estableció negocios dentro y fuera de la prisión, que le permitieron hacerse rico, estableciendo una reputación que se aprecia a través de su página de Facebook, “Byron Lima Presidente”.

Parte de los contactos de Lima pertenecían a la dirigencia del Partido Patriota. Lima había sido un soldado leal a Otto Pérez Molina durante años, trabajando con él en Inteligencia del Ejército y en el EMP. También había ayudado a entrenar al hijo del Presidente. Él utilizó estos contactos para obtener una subvención para promover la rehabilitación dentro del penal antes de las elecciones.

Cuando el PP ganó, Lima esperaba una contraprestación, y es en este contexto que envió el correo electrónico a López Bonilla. Estaba dirigido a “xxx”, la dirección que López Bonilla había utilizado durante la campaña.

Don Damián, comienza el correo, una referencia íntima al pasado compartido de ambos en el Ejército. “Aquí le mando el listado de las personas idóneas para ocupar los puestos más importantes dentro de la Dirección General del Sistema Penitenciario, que son la base de una gestión óptima propia de su futura actividad como Ministro de Gobernación.”

Aquel fue el comienzo de una serie de extrañas coincidencias en la relación entre los dos hombres mientras López Bonilla fue ministro. Según la revista Contrapoder, que tuvo acceso al correo electrónico, de los 65 nombres en la lista del correo de Lima, 36 llegaron a ser funcionarios de alto nivel en el sistema penal. Entre estas personas se encontraban dos que se convirtieron en subdirectores y varias que ocuparon puestos administrativos importantes.

Mientras López Bonilla fue ministro de Gobierno, Lima salía de la prisión regularmente para visitar a su esposa y a sus hijos (37 veces en 2012, según Contrapoder), y al parecer fue visto en más de una ocasión en clubes nocturnos de la Ciudad de Guatemala, escoltado por guardias de la prisión. Además, amplió su poder sobre los presos y sus vidas al interior de la prisión, proporcionando desde permisos para establecer negocios hasta clases de informática y trabajos. Los presos además supuestamente pagaban altas sumas de dinero, de hasta US$7 mil, para ser transferidos entre cárceles. “¿Alguien necesitaba empleo? El chat de Lima Oliva solucionaba el problema”, se lee en Contrapoder. “¿Alguien necesitaba traslados? El capitán tenía los contactos para ejecutarlos”.

Según Lima, López Bonilla se comunicaba con él por medio de varios servicios de chat y de intermediarios, y Lima daba a entender que el quid pro quo era ser los ojos y oídos del sistema penal y el mundo criminal.

López Bonilla veía a Lima como una influencia potencialmente positiva dentro de la prisión, especialmente en lo relacionado con proyectos de trabajo y con el control de la inestable población de reclusos, que sufren lamentables condiciones de hacinamiento. López Bonilla más tarde se referiría a esta confianza en Lima como “ingenua”.

Extorsionar a los presos, neutralizar a los rivales

El 10 de junio de 2012, las autoridades de Guatemala capturaron a Walter Montejo, alias el Zope, en la provincia noroccidental de Huehuetenango. Esta captura fue considerada una victoria de López Bonilla, pues era uno de los numerosos cabecillas de varias poderosas agrupaciones narcotraficantes de Guatemala que habían sido capturados en meses recientes. Una vez en custodia oficial, sin embargo, estos traficantes se enfrentaron a un nuevo régimen: el sistema penitenciario de López Bonilla, donde Byron Lima tenía amplia influencia.

En cierto momento, los narcotraficantes y sus familias fueron amenazados si no pagaban por lo que de manera educada se denominó una cuota de “protección”. Montejo, quien ahora se encuentra en Estados Unidos pagando una pena por tráfico de drogas, dijo que cuando se negó a pagar lo desnudaron, lo golpearon y torturaron; parte de la tortura consistía en poner heces humanas en una bolsa y ponerla sobre su cabeza. Montejo finalmente pagó unos US$850 mil. (Al parecer, Montejo puso una recompensa de US$800 mil por la cabeza de Lima). Y otros también pagaron.

Montejo contactó a Marllory Chacón (los dos tenían el mismo abogado) para quejarse de cómo Lima lo estaba extorsionando a nombre de López Bonilla. En ese momento, la relación de Chacón con López Bonilla había pasado de ser utilitaria –y posiblemente financiera– a personal. Chacón dijo que ellos habían hablado sobre la conformación de una empresa de seguridad privada en conjunto, que trabajaría directamente con el Gobierno de Guatemala. También sostiene que le dio US$500 mil  para la empresa, el único dinero que intercambiaron, según ella.

Lima confeccionó artículos para la campaña del Partido Patriota.

Lima confeccionó artículos para la campaña del Partido Patriota.

Con respecto al caso de extorsión en la cárcel, Chacón le contó sobre lo que Lima les estaba haciendo a Montejo y a los otros presos, y aquello lo motivó a visitar la cárcel donde se encontraban numerosos traficantes para asegurarles que él no era quien realizaba las extorsiones.

Lima le dijo a InSight Crime que López Bonilla era quien extorsionaba a los narcotraficantes y aseguró que fue su negativa a participar en el esquema de extorsiones lo que llevó a la ruptura entre los dos. Agregó que López Bonilla estaba celoso por su relación con el presidente Pérez Molina.

Sin duda, al interior de la administración de Pérez Molina había cierta tensión. López Bonilla era uno de sus asesores de confianza, y hubo rumores de que el ministro estaba buscando lanzarse para un cargo alto, posiblemente incluso para la Presidencia, pero él todavía no formaba parte del círculo de confianza del Presidente. Y a pesar de sus problemas, Lima parecía tener una conexión con el Presidente, conexión que López Bonilla nunca tuvo.

Lima no era el único problema de López Bonilla en este sentido. La vicepresidenta Roxana Baldetti también le estaba cerrando el camino para el palacio presidencial y fortaleciendo su propia base de poder, controlando los proyectos de obras públicas.

Al principio, el Ministro enfrentó estos problemas por su cuenta, pero fracasó. Cuando las fuerzas de seguridad de López Bonilla interceptaron a Lima a su regreso de una de sus muchas visitas a Ciudad de Guatemala en febrero de 2013 y lo mostraron frente a las cámaras para dejar sus privilegios al descubierto, el enfrentamiento entre ambos se hizo público. A los meses siguientes, el ex Capitán del Ejército habló furiosamente en público, refiriéndose a López Bonilla como Don Damián, llamándolo “comunista” y amenazando con exponer sus planes que, según él, consistían en contratos con el gobierno para reformar las prisiones, los sistemas de video vigilancia y los servicios telefónicos.

Dado que Lima le estaba sacando los trapos al sol, López Bonilla acudió a la CICIG, el organismo del Ministerio Público de Guatemala respaldado por la ONU. La Comisión ya había trabajado en el país durante siete años, pero había tenido resultados diversos. Muchas personas del gobierno, entre ellas el presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Baldetti, parecían dispuestas a deshacerse del cuerpo judicial especial, a pesar de su fuerte respaldo internacional, además porque había indicios de que la CICIG estaba investigando su administración.

Para sobrevivir, la CICIG necesitaba grandes casos y más aliados en el gobierno, y su trabajo con el ministro López Bonilla le proporcionó ambas cosas. Según un exinvestigador de la CICIG, el Ministro le había suministrado a la Comisión valiosa información después de que Lima fue detenido fuera de la cárcel, de modo que pudo comenzar una investigación formal sobre los esquemas ilegales de Lima desde la prisión. Esta información dio pie al primer caso grande que la Comisión tuvo después de varios años, cuando acusó formalmente a Lima, en septiembre de 2014, por recibir más de US$7 mil para organizar los traslados de presos entre cárceles.

Sin embargo, al año siguiente el presidente Pérez Molina seguía dando a entender que no renovaría el mandato de la Comisión. Para protegerse de las consecuencias políticas de deshacerse de la CICIG, el Presidente creó un panel especial para que estudiara el asunto y le hiciera recomendaciones.

Dicho panel estaba compuesto por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General y el ministro López Bonilla, y la mayoría creía que cumplirían los deseos del Presidente para deshacerse de la CICIG. López Bonilla, sin embargo, dice que sorprendió a los demás con su firme respaldo a la Comisión.

La CICIG también dio su propia gran sorpresa en este proceso, cuando, pocos días antes de que el panel presentara su recomendación al Presidente, dio a conocer el caso de un masivo fraude aduanero. Denominado La Línea, el caso involucraba a la oficina de la vicepresidenta Baldetti e hizo que su ayudante principal huyera de la justicia.

“El Pelón”

A principios de 2013, Marllory Chacón y el ministro de Gobierno, Mauricio López Bonilla, tuvieron una reunión en casa de ella. Este tipo de encuentros eran comunes mientras el Ministro se encargó de la seguridad de Chacón con recursos del Estado. Chacón hizo varios negocios en su casa. Ella era una mujer sofisticada y con bastante educación. Cuando la gente iba a su casa a hacer negocios, hacía que sus invitados se sintieran cómodos y bienvenidos, de modo que pudieran hablar libremente.

Lo que estos visitantes no sabían era que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus iniciales en inglés) había instalado cámaras y dispositivos de grabación en su casa y, como parte de su cooperación con el Gobierno de Estados Unidos, le habían pedido a ella que continuara sus negocios como de costumbre.

Por varias razones, López Bonilla también se sentía a gusto en la casa de Chacón, e incluso se echó a reír cuando ella le habló de un soborno de Jairo Orellana, un conocido narcotraficante.

El reportaje

La investigación menciona las declaraciones de Lima Oliva contra el ex Ministro, tras la captura de este último.

El reo purgaba prisión por la muerte de monseñor Juan Gerardi.

El reportaje

>Este es una versión editada del reportaje original publicado ayer.  La versión completa puede verla en  www.elperiodico.com.gt o en la página es.insightcrime.org

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