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Nacionales

Diputado López Girón facilitó la sustracción de fondos públicos, dictamina juez pesquisidor


Recomienda a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia levantar el derecho de antejuicio al quinto secretario de la directiva del Legislativo del periodo 2015-2016.

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Por haber encontrado “indicio racional” para permitir “considerar que el denunciado haya podido participar en la comisión u omisión de una actividad ilícita”, el juez pesquisidor Roaldo Isaías Chávez Pérez dictaminó que a su criterio “es procedente declarar ha lugar la formación de causa” –de antejuicio– contra el diputado Carlos Enrique López Girón por haber facilitado “la sustracción de fondos públicos en perjuicio del patrimonio de este organismo del Estado”.

Así rindió su informe a la Cámara de Amparos y Antejuicios el también magistrado Vocal 1 de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, luego de haber practicado el análisis de la denuncia presentada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), y de las pesquisas y diligencias practicadas en relación al quinto secretario de la directiva legislativa del periodo 2015-2016 y sus actuaciones en la contratación de personal.

El dictamen del pesquisidor subrayó que para esos efectos se detectó dos modalidades: la primera surgió al solicitar el congresista “el nombramiento de personas a cargo del renglón 022, quienes no reúnen los requisitos para cumplir con el perfil del puesto, con toma de posesión retroactiva del cargo y sin justificar una estricta necesidad para nombrar este personal, sin observar la capacidad presupuestaria…”

La segunda modalidad, resaltó el magistrado Chávez, fue que el parlamentario –desde su cargo directivo– “permitió y consintió que servidores públicos del Congreso de la República no asistieran a sus oficinas de trabajo a desempeñar sus funciones estipuladas” en el contrato, “recibiendo a pesar de ello el pago de sus respectivos salarios”. Expone, además, cuáles fueron algunas de las respuestas del antejuiciado al evacuar su audiencia:

< Que solicitó nombrar personal para la quinta secretaría a su cargo, pero que la simple petición no constituye un acto ilegal y que, en esa oportunidad, no existían requisitos a llenar por la gente contratada.

< Que como lo estatuye la Ley de Servicio Civil del Congreso, la toma de posesión tiene carácter retroactivo, pero que en un empleado 022 no existe tal acto, por lo cual la norma no le es aplicable.

< Que la firma de contratos 022 no tiene ningún impacto en las finanzas del Legislativo.

< Que él no tenía porqué justificar la necesidad de contratar personal, ya que tampoco es un requisito establecido por ley alguna.

< Que acordó salarios diferenciados con quienes no llenaban los requisitos para desempeñar la plaza, ya que no estaba así regulado.

“Por lo anterior, es parecer de quien realiza el presente informe, que los hechos que fundan la denuncia planteada, se encuentran soportados por los indicios aportados…”, concreta el documento, por lo cual concluye que todas las diligencias realizadas “informan que existe indicio racional” para dictaminar la posibilidad de que el diputado Carlos Enrique López Girón haya incurrido en ilícitos.

Lea aquí parte del informe rendido por el magistrado Roaldo Isaías Chávez Pérez a la Cámara de Amparos y Antejuicios:

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