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Nacionales

Ejecutivo insiste para que se apruebe concesión a TCQ


Hasta la fecha, el Ejecutivo asegura no tener ninguna otra opción diferente a una concesión directa, para “rescatar” la terminal portuaria.

 

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En los últimos días, el presidente Jimmy Morales ha insistido en que es necesario aprobar una concesión directa a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) con lo que se beneficiaría a la empresa APM Terminals. Se argumenta que entre las principales preocupaciones del Ejecutivo se encuentra un eventual arbitraje internacional que el Estado de Guatemala podría enfrentar si no se aprueba la iniciativa de ley para dar en uso, por 21 años, los terrenos ubicados en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

El 29 de diciembre vence el plazo, acordado en un memorándum de entendimiento, para que el Congreso apruebe la concesión; pero si eso no ocurre, la demanda de nulidad promovida por la Procuraduría General de la Nación (PGN), debido a las supuestas coimas que pagaron los anteriores propietarios de TCQ a funcionarios del gobierno del Partido Patriota (PP), continuará y los nuevos accionistas de la terminal podrían accionar legalmente.

Durante una reunión en la que participó el mandatario y diputados el pasado 16 de noviembre en Casa Presidencial, la procuradora general Anabella Morfín expuso que de no aprobarse el proyecto de ley, también los bancos que dieron créditos para la construcción de la primera fase de la Terminal iniciarían acciones legales para recuperar su dinero; además, la empresa APM Terminals tendría la potestad de acudir ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

De acuerdo con el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, el Ejecutivo no ha pensado en otra solución si no se llega a aprobar la concesión directa. Aseguró que si eso no ocurre, se prevén múltiples litigios en los que se vería involucrado el Estado, un eventual arbitraje en el CIADI tardaría unos cuatro años y podría costar US$15 millones si se pierde.

 “Si no se logra un acuerdo, lo más probable es que enfrentemos un proceso litigioso complicado. Se continuaría el juicio de nulidad y los demás procesos podrían tardar varios años. Hasta la fecha no tenemos otra opción para salvar esto, si alguien tiene una mejor idea, que la diga”, indicó Estrada.

El Estado no tiene recursos  para darle mantenimiento a la terminal marítima, según se dio a conocer en una reunión celebrada en noviembre pasado.

El Estado no tiene recursos para darle mantenimiento a la terminal marítima, según se dio a conocer en una reunión celebrada en noviembre pasado.

Después de los 40 días

En la exposición que Morfín realizó a diputados de diferentes bancadas, indicó que cuando se terminen los 40 días del plazo acordado, se liberarían los compromisos adquiridos por las partes sobre no iniciar demandas y que los bancos que dieron créditos para la construcción de la primera de tres fases de TCQ, iniciarían los procedimientos de cobros.

Según el abogado constitucionalista, Alejandro Balsells, el vencimiento de este plazo no repercute en el trabajo del Congreso porque los 40 días fueron acordados entre las partes involucradas, pero la última decisión sobre la propuesta del Ejecutivo, la tiene el Congreso. “No veo que haya algún arbitraje, porque el proceso contencioso administrativo aún se discute en una sala”, indicó.

Mientras tanto en el Congreso, bancadas como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Encuentro por Guatemala (EG) han expresado su rechazo a otorgar la concesión debido a que cuestionaron que la propuesta únicamente fue negociada por la PGN para beneficiar a APM Terminals.

La procuradora Anabella Morfín, aseguró que el “riesgo” que corre actualmente TCQ es que no se tienen recursos para darle mantenimiento a las instalaciones y que en diciembre se deben realizar amortizaciones a capital sobre los préstamos que se obtuvieron para la adquisición de las grúas instaladas, y que la inactividad pondría en peligro la terminal.

El mismo discurso del Presidente

En un comunicado enviado por APM Terminals esa empresa argumentó que de no aprobarse la concesión directa, la terminal portuaria entraría en “crisis” que podría provocar una situación similar a la vivida tras la instalación, en 1981, de una planta de pasta de papel y celulosa por la empresa Celulosas de Guatemala, S. A. (Celgusa) la cual nunca funcionó y el Estado de Guatemala debió cancelar una multa millonaria, el mismo argumento ha sido utilizado por el presidente Jimmy Morales.

 

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