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Nacionales

Anomalías en contrato de cámaras causan suspensión del servicio


El proveedor reclama adeudo de Q341 millones y el Mingob argumenta que el proyecto nació sin respaldo financiero.

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Hace tres meses, el Ministerio de Gobernación (Mingob) dejó de contar con el sistema de videovigilancia instalado en enero de 2015 por Comunicaciones Celulares, S.A. (Tigo)

Un contrato por Q1 mil 232 millones suscrito entre la empresa y la PNC en abril de 2014 para cobertura en seis municipios: Guatemala, Escuintla, Amatitlán, Mixco, Villa Nueva y San Miguel Petapa.

Además, estipula la construcción de siete centros de monitoreo, la instalación de cinco mil cámaras, la creación e instalación de fibra óptica y la adquisición de un centro de almacenamiento.

Estos bienes se dispusieron como un arrendamiento por cinco años prorrogables. La contratación de la empresa se hizo por invitación individual, sin que se conocieran otras propuestas.

Todo funcionaba de acuerdo a lo establecido en el contrato hasta que hace tres meses el proveedor dejó de darle mantenimiento preventivo y correctivo a las cámaras. Esto porque el proyecto nunca se contempló en el presupuesto anual, por lo que el Gobierno le adeuda  a Tigo Q341 millones.

Las anomalías

De acuerdo con el vocero del Ministerio de Gobernación, Rodolfo Zelada, desde que se contrató a Tigo no hubo un compromiso financiero, ya que no ha existido un espacio presupuestario que avale el proyecto.

La postura de Manuel Sisniega, jefe de Asuntos Corporativos de Tigo es que el Mingob ha incumplido el contrato por lo que se están analizando las acciones legales a tomar, aunque aún no hay un dictamen claro.

La controversia se atiza cuando se muestran las anomalías que existen, desde la contratación sin compromiso financiero hasta la instalación del equipo. Según Zelada, el equipo instalado no cumple con los requisitos mínimos para su uso.

Entre las anomalías se encuentran la distribución errónea de las cámaras, pues en algunos lugares hay menos de las solicitadas y en otros hay más, y al hacer el recuento del total, hacen falta dos, es decir que hay 4 mil 998, no 5 mil. Además, no tienen la definición precisa para visualizar correctamente las matrículas y algunas no están ubicadas a una altura prudente para el reconocimiento de rostros.

Según Sisniega, esas anomalías existen, pero justifica que la empresa solamente cumplió con los requisitos técnicos y de ubicación estipulados por la PNC.

Espera dictamen de la Contraloría

El Ministerio de Gobernación espera el dictamen de la Contraloría General de Cuentas para decidir el futuro del proyecto de videovigilancia. El año pasado, bajo la gestión de Eunice Mendizábal, la cartera solicitó una auditoría al contrato. Al obtener el informe, la entidad evaluará con la Procuraduría General de la Nación los caminos legales a seguir.

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